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Mar Menor, moratoria urbanística y PP Featured

 José Luis Álvarez-Castellanos

En plena moratoria urbanística establecida por la ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, el gobierno local de San Javier, presidido por el secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, sigue impulsando proyectos urbanísticos en su municipio; que sepamos, 416 apartamentos turísticos y viviendas en La Manga y un Parque Acuático con Zoológico, amén de un hotel de diez plantas en el solar del antiguo Hospital de Los Arcos que se vendió como proyecto estrella en la campaña electoral de 2019.

La moratoria establece que «en tanto no se apruebe definitivamente el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POT), y en todo caso durante el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, se establece un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos que no hayan sido aprobados antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley. Se exceptúa de esta exclusión los ensanches de los suelos urbanos consolidados».

No obstante, con el fin de precisar el alcance de la misma y de sus excepciones, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, a consulta del ayuntamiento de Cartagena, dictaminó (D.14/2022) que, si bien «la ley permite que se lleve a cabo el planeamiento urbanístico del suelo incluido en el Área de Exclusión ya referida, ya sea general o de desarrollo, no se autoriza, sin embargo, que se realicen actos de ejecución de dicho planeamiento, esto es, de gestión urbanística, ya revistan carácter jurídico o material».

Esta conclusión del Consejo no es baladí. Primero porque sus dictámenes, aun no siendo vinculantes, «no pueden ser sometidos a dictamen ulterior de ningún otro órgano o institución de la Región de Murcia», por lo que establecen un criterio jurídico más que fundado y, en segundo lugar, porque, como el mismo Consejo advierte, «en el caso de que los desarrollos urbanísticos resultasen incompatibles con las previsiones del Plan de Ordenación Territorial, su rectificación posterior, resultaría muy probablemente dificultosa».

Por ello, el Gobierno regional debería tener muy presente este dictamen del Consejo Jurídico, además de prorrogar la moratoria, antes de las próximas elecciones, hasta hacerla coincidir con la aprobación definitiva del POT, dado que habrá, como mínimo, un desfase entre ambos de un año. La cuestión es si el Gobierno regional, por una vez, acatará su propia normativa para favorecer la recuperación del Mar Menor.

 

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