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Estado profundo y democracia Featured

 Pepe Haro

“¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes de un país que está invadiendo Ucrania?”. Estas palabras las pronunció la Ministra de Defensa de un gobierno democrático, el español, presuntamente el más progresista en los últimos 80 años, y hacía referencia al espionaje sufrido por unas 66 personas relacionadas con los soberanismos catalán y vasco. Lo curioso del caso es que esta justificación en toda regla de tan escandalosa actuación la formuló después de asegurar que quienes la denunciaban carecían de prueba alguna sobre su existencia. Evidencia que ella misma aportó mediante el aval prestado a un comportamiento de los servicios de inteligencia o policiales de más que dudosa legalidad y, en todo caso, incompatible con el sistema democrático. Vamos a desmenuzar aquella expresión que utilizara Margarita Robles en sede parlamentaria el pasado miércoles 27 de Abril, fecha que no pasará a la historia, sin duda, por su simbolismo democrático.

En primer lugar, afirma la ministra de Sánchez que los dispositivos móviles habrían sido intervenidos porque sus propietarios estarían preparando la declaración unilateral de independencia. Pero es que resulta que quienes habrían perpetrado tal delito(que, por otra parte, no puede ser calificado, en los términos en que se desenvolvió, de golpe de Estado salvo que ofendamos el sentido común) ya habían sido juzgados, y condenados, antes de una buena parte de las escuchas. Y por las fechas de éstas nadie en el mundo independentista hablaba de unilateralismo, sino de diálogo con el gobierno central y de estrategias jurídicas en Europa para hacer frente a las sentencias del procés. Por otra parte, ¿qué pintan los soberanistas vascos en declaraciones unilaterales que nunca se han planteado en su territorio?

Menciona Robles los desórdenes acaecidos tras conocerse las fuertes penas impuestas por el Supremo a Junqueras y sus compañeros. Los espiados, a lo sumo, convocaron protestas frente a la sentencia, lo cual es legal y legítimo en un sistema de libertades. No se sabe muy bien qué tendrían que ver con esos disturbios que se produjeron en diversas ciudades catalanas los abogados de los encausados, o sus familiares, o periodistas cercanos al soberanismo, o diputados, o el presidente de la Generalitat. Finalmente, está lo de Putin. Un motivo de criminalización, en estos tiempos de guerra y militarismo, es haber tenido contactos con el mandatario ruso. A pesar de que una buena parte de las derechas y extremas derechas de Occidente han exhibido, a lo largo de los últimos años, una buena sintonía con el inquilino del Kremlin, con el que han tenido no pocos encuentros.  

Sin embargo, Robles no ha respaldado la agresión de Pegasus que ella misma y Sánchez(y quizás otros ministros) han sufrido: en las operaciones que van contra derechos fundamentales no caben dos varas de medir, en función de la identidad política de las víctimas.

En definitiva, que invadir la privacidad, de manera indiscriminada y con el denominador común de la ideología de los afectados, no de indicios de delitos concretos que pudieran estar cometiéndose, es un hecho gravísimo que atenta contra las mismas esencias de la democracia liberal y se adentra de lleno en el Código Penal, de aplicación a quienes espiaron o les dieron soporte. Y de reprobación política y moral a quienes lo excusan. Porque capítulo aparte merece la reacción política a las palabras de Robles. En un primer momento, tras ser éstas pronunciadas en el Congreso, sólo ese exabrupto amenazante que es la persona de Macarena Olona expresó su acuerdo absoluto con la ministra(incluso explicitando que los afectados debían haber sido ‘más espiados’). Pero conforme pasaban las horas y  se superaban las inhibiciones acomplejadas que las derechas, políticas y mediáticas, muestran en todo lo concerniente a restringir derechos y libertades básicas, una cascada de apoyos a Robles inundó redacciones y foros políticos: sin ningún rubor, periodistas y cargos públicos pedían a la ministra ‘resistir’ frente a las presiones de sus socios de gobierno e independentistas y consideraban de lo más normal en una democracia que las fuerzas de seguridad, aun sin mandato judicial(al parecer sólo en 18 de los 66 espiados se ha acreditado tal autorización)violaran las comunicaciones y la intimidad de quienes tienen un pensamiento disidente respecto del oficial. Y que esa violación se extienda a familias, amigos y todo tipo de contactos de los vigilados.

Todo lo cual pone de manifiesto el grave problema que arrastra nuestra democracia desde sus mismos orígenes: en lo más oscuro del Estado se ha ido asentando una ideología antidemocrática, cuya raíz no se extirpó cuando acabó el franquismo, que ha eclosionado en estos tiempos de crisis de representación política. Los aparatos estatales, bajo la cobertura de una ley de la dictadura (1968) de secretos oficiales, han irrumpido en el sistema político a través de una ultraderecha que ha cooptado a la derecha de siempre y acobardado al PSOE(sus miembros también han terminado respaldando a Robles y rechazando la comisión de investigación sobre Pegasus). En ningún otro país europeo de nuestro entorno se observa a colectivos enteros de policías involucrarse en actuaciones ilegales para tapar la corrupción del partido gobernante y fabricar pruebas falsas contra los rivales políticos de aquél. O a sindicatos policiales mayoritarios plantear un desafío explícito al gobierno legítimo. O a jueces trabajar denodadamente para sepultar políticamente a la izquierda incómoda. O a militares pidiendo el fusilamiento de 26 millones de compatriotas. Hay peligro de que se conforme un sistema en nuestro país en el que no cabría excluir la ilegalización de partidos y una supresión de derechos hasta ahora consolidados. El Estado profundo irrumpe en la sociedad y en las instituciones; y la democracia no tiene otro modo de defenderse que procediendo a una limpieza profunda de sus cloacas, caiga quien caiga. Porque si no, las ratas se comerán el Estado de Derecho.

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