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Más red pública 0 - 3 años Featured

 José Luis Álvarez-Castellanos

Todas las políticas del Gobierno regional para impulsar la educación infantil en la etapa 0-3 años han fracasado estrepitosamente visto su resultado: un 18% de escolarización en dicha etapa, la más baja del conjunto de las Comunidades autónomas y la mitad de la media del país.

La CARM renunció a la ampliación de la red de Escuelas Infantiles anclada en las catorce existentes desde hace más de treinta años y el ineficaz sistema de becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, después de tres convocatorias (2019-2021) a razón de 500.000 euros de presupuesto por año, solo ha ejecutado 9.786 euros en ayudas. Por otra parte, las deducciones en la declaración del IRPF (202 euros de media en 2019) tampoco han solucionado nada.

Y, sin embargo, la escolarización en la etapa 0-3 debería ser un objetivo esencial dentro de la política educativa, porque «neutraliza las diferencias sociales que tienden a reproducirse a lo largo de la vida escolar, siendo la etapa de mayor poder igualador de dichas diferencias» (Save the Childeren 2016). Además, los resultados de los informes PISA así lo ratifican: «Los alumnos de quince años que asistieron a educación infantil tienen mejores resultados en el estudio PISA que aquellos que no lo hicieron, incluso teniendo en cuenta su contexto socioeconómico».

Por ello, el Gobierno central ha destinado 666,5 millones de euros entre 2021-2023 a la creación de 65.000 plazas públicas en esta etapa educativa, 4.000 de ellas en nuestra región con una inversión de cuarenta millones. Sin embargo, López Miras, en lugar de reforzar esta estrategia con presupuestos propios, continúa con su política de ocurrencias decantándose por la propuesta de Vox de implantar en el próximo curso escolar el ‘Cheque Guardería’ (el nombre ya es significativo) con una ayuda máxima de 1.200 euros (actualmente mil) destinada a las familias para los gastos de escolarización; lo cual no deja de ser una continuación de las fracasadas políticas desarrolladas hasta ahora, precisamente por la escasez de plazas existente, porque no hay una homologación en los servicios y costes y porque las familias han de adelantar íntegramente los gastos, todo lo cual excluye a un gran número de ellas, principalmente a las de menor renta.

Además, la cuestión no es el derecho a elegir de las familias, sino el derecho a la educación del niño/a y quien mejor lo garantiza, para todas/os, es el Estado.

 

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