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¿Alfombra roja para Abascal? Featured

 Diego Jiménez

Casado y García Egea calcularon mal sus fuerzas: se enfrentaron a un triunvirato muy peligroso, el formado por Juanma Moreno, Díaz Ayuso y Núñez Feijóo. En la crisis desatada confluyeron, como en una pelea de gallos, las ansias de la presidenta madrileña por adelantar el congreso provincial para ostentar la dirección vacante en esa Comunidad y el deseo de Casado de frenar el creciente protagonismo de aquélla. Pero, según se reconocía en un artículo reciente publicado en LA OPINIÓN, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso dejó que tanto Casado como su número dos manejaran datos erróneos sobre el contrato que la dirección nacional había puesto en el disparadero para forzar a la dirigente autonómica a no presentarse al congreso del PP. Los condujo a una ratonera y no fueron conscientes de nada.

Mucho se ha escrito y hablado ya del tema, por lo que me ahorro ahondar en detalles, pero, al respecto, sí quiero exponer unas reflexiones.

En primer lugar, sorprende cómo el aparato del PP pasó por alto el régimen estatutario del partido, reuniendo a las baronías y no a los órganos de dirección para solventar la crisis.

Por lo demás, resulta decepcionante, para medir el grado de la calidad democrática del país, que la extrema debilidad que ha acompañado al presidente del PP hasta precipitar su caída haya tenido como detonante no la ausencia de una alternativa clara o proyecto de país y su actitud de erosión constante de la acción del Gobierno, no el fiasco de la convocatoria de elecciones en Castilla y León, no el bloqueo a la necesaria renovación del CGPJ, no el ‘error’ de uno de sus diputados al votar favorablemente la reforma laboral, sino la ruptura por el presidente y su lugarteniente murciano de una regla no escrita, la ‘omertà’, encubridora de tantos y tantos casos de corrupción.

Porque la corrupción, una de las señas de identidad del PP, está sin duda en el origen de esta crisis. Corrupción que es estructural desde los tiempos de la Restauración, incrustada institucionalmente en el franquismo y mantenida desde la Transición, según la autorizada opinión del magistrado Joaquim Bosch, que el jueves pasado presentó en Murcia su libro La patria en la cartera.

La percepción ciudadana, de los partidos de la oposición y la de muchos analistas es que, tras el caso de las mascarillas y las ‘mordidas’ del hermano de la presidenta Ayuso, hay mucho más de lo que ha aflorado hasta ahora, cosa que deberá dilucidar la Justicia.

La solución Núñez Feijóo, más próximo a las tesis de Díaz Ayuso de lo que se cree, posiblemente pueda solventar la crisis abierta, pero puede ser de corto recorrido: si los tribunales, cosa más que probable, absolvieran de toda responsabilidad a aquélla, nada nos impide sospechar que en un futuro próximo la presidenta madrileña reactualice la ‘guerra’ por ostentar la presidencia del partido y acceder a La Moncloa.

En todo caso, y como nos recordaba hace unos días Ángel Montiel en su artículo «Hermanos, maridos, esposas y puertas giratorias» en este periódico, los mismos motivos que han precipitado la crisis en Madrid se han dado en la Región de Murcia. Y aquí no ha pasado nada. Denunciaba que una filial del grupo empresarial Secuoya, de la que es director general Antonio Peñarrubia, había ganado el concurso para la renovación del contrato de la televisión autonómica murciana. Y da la casualidad de que la esposa de este empresario no es otra que Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia, con rango de consejera del Gobierno regional, la entidad contratante.

Hechas estas consideraciones, uno puede sospechar que tras este vodevil mediático hay más motivos de fondo. No hay que ser demasiado avezado en sociología marxista para saber que la pretendida autonomía de las formaciones políticas no es tal. Los partidos son la expresión de las distintas clases existentes en el seno de una formación social determinada. Y en el caso de los partidos de derechas, no son sino portavoces de los intereses de la clase dominante. Admitido lo cual, podemos preguntarnos: ¿Ha habido presiones del gran capital español, de las empresas del Ibex, para hacer estallar la crisis y reordenar las fuerzas de la derecha? ¿Está dispuesto el gran capital a tolerar una ‘coexistencia pacífica’ PP-Vox? O más aún, en contra de la situación que se da allende nuestras fronteras (en Alemania, la CDU ha dispuesto un ‘cordón sanitario’ contra Alernativa para Alemania), ¿admitiría la presencia de la extrema derecha en el Gobierno, situación que podría darse dentro de unas fechas, como ‘ensayo’, en Castilla y León?

Esta situación es más que probable, habida cuenta de que, sin entrar en los Gobiernos, está claro que, con sus diputados o sus tránsfugas, esta formación de extrema derecha ya está contribuyendo al sostenimiento de los Gobiernos del PP en Madrid y Murcia y lo ha venido haciendo en Andalucía, hasta la ruptura reciente a partir de la discusión de los presupuestos en esa Comunidad.

Además del caso de Castilla y León arriba citado, si hay un territorio que en breves fechas (las autonómicas de 2023 y las generales de ese año) pudiera contemplar, cosa para nada deseable, la irrupción de Vox en el Gobierno, ése es el de la Región de Murcia.

Para demostrar el peligro real de que tal supuesto pudiera darse, basta con recordar algunos datos. En las elecciones generales de 2016 en la Región, Vox recogió 2.594 votos, el 0,36% de los sufragios, frente a los 332.437 y el 46,47% del PP. Pero las tornas cambiaron en las elecciones generales del 10N de 2019, en las que Vox, con 199.440 votos, que supusieron el 27,99%, se impuso al PP, superándolo en casi 11.000 sufragios más y en un punto y medio porcentual.

Este partido ultraderechista obtuvo mayoría, recordemos, en municipios como Torre Pacheco, Cartagena, San Javier, Lorca… es decir, allí donde la inmigración tiene fuerte presencia. Las preguntas que debemos hacernos son: si fracasa la coalición PP-Vox en Castilla y León, porque Mañueco decide convocar nuevas elecciones, ¿podría constituirse Murcia, en un futuro próximo, en un ‘laboratorio’ donde ‘normalizar’ la presencia de la extrema derecha en los Gobiernos? ¿Sería refractario el gran capital español a ese supuesto o, por el contrario, sotto voce, estaría ya si no alentando sí al menos admitiendo dicha posibilidad?

Creo que poderosas instancias económicas, políticas y mediáticas podrían estar dispuestas a extender una alfombra roja a Santiago Abascal, para permitirle gobernar en solitario o acompañando a un PP más próximo a sus planteamientos ultraconservadores. Y si eso fuera así, hemos de hacer un gran esfuerzo colectivo para evitarlo.

 

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