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Reforma laboral, geometría variable y auge neofascista Featured

 Pepe Haro

La cara de Gabriel Rufián durante esos segundos que transcurrieron entre el anuncio, por parte de la presidenta del Congreso, de que quedaba derogada la reforma laboral y la corrección posterior en el sentido de su convalidación, representaba la descodificación del enmarañado mensaje que ese día de febrero emitía un Congreso de los Diputados que vivía una tarde entre circense y mafiosa. Efectivamente, el diputado de ERC sintió pavor, y se le notó mucho, ante la perspectiva de que el acuerdo sustanciado entre patronal y sindicatos decayera, a pesar de que acababa de emitir, junto a las derechas, un voto negativo a la propuesta que presentaba Yolanda Díaz. Y se asustó tanto porque sabía perfectamente que a esa derrota gubernamental no sucedería una recomposición de la alianza de las fuerzas de la investidura para redactar una norma más ambiciosa, sino una crisis de Gobierno que presumiblemente hubiera conducido a un adelanto electoral.

Y eso es así porque el dirigente de la izquierda catalana (como los del PNV o Bildu) era consciente de que el PSOE, bajo los auspicios de Nadia Calviño y la CEOE, nunca iba a propiciar una legislación laboral más avanzada de la que en esos momentos se ponía sobre la mesa. En definitiva, era perfectamente sabedor de que la correlación de fuerzas no permitía la plasmación del programa máximo, en lo que al mundo del trabajo concierne, que la izquierda transformadora defiende. Pero Rufián también tenía muy claro que lo finalmente aprobado, gracias al diputado Casero, suponía un avance significativo en el terreno de los derechos de la gente trabajadora, sobre todo de la más precaria. De hecho, la casi única objeción que al final planteaba se limitaba al mantenimiento de la indemnización por despido que recogía la ley del PP.

Poca cosa, considerando las prioridades de un mercado laboral precario y temporal y la implementación de alternativas al despido (ERTES), como para poner en peligro tanto lo que mucha gente disfruta desde el 1 de enero como la estabilidad de un gobierno cuya alternativa es bastante siniestra.

Es decir, una parte de la izquierda soberanista antepuso consideraciones electorales y territoriales para decir no a la más importante recuperación de derechos para la gente trabajadora desde los años 80. Cierto que esta actitud se ha vi

sto abonada desde hace tiempo por el giro que el PSOE dio, en vísperas de la traumática maniobra que llevó a la conformación en Murcia de un Gobierno de tránsfugas y ultraderechistas, buscando una geometría variable en sus alianzas, en un intento baldío de ‘centrar’ al partido, toda vez que ese espacio estaría libre por abandono del PP. Así, desde el sector socialista del Gobierno se torpedearon los intentos de la ministra de Trabajo por recabar el apoyo de las izquierdas vasca y catalana, también del PNV, a quienes ofreció, como complemento a un texto que debía aprobarse tal cual salió del diálogo social, un reforzamiento de los efectivos y atribuciones de la Inspección de Trabajo y un desarrollo legislativo colateral en el ámbito laboral.

Esta búsqueda de apoyos políticos y parlamentarios, por parte socialista, entre fuerzas de derecha como Ciudadanos y UPN, ha conducido, hasta ahora, al desastre de San Esteban, al triunfo de Ayuso, a sacar adelante (por una carambola estrafalaria del destino) la reforma laboral in extremis y al inquietante resultado de las elecciones castellano leonesas.

Todos estos procesos han ido debilitando al Gobierno y fortaleciendo a una oposición desbocada, que por unos segundos llegó a acariciar, aquella tarde de infarto en el Congreso de los Diputados, la posibilidad de derribar, compra de diputados mediante, al primer Ejecutivo progresista de coalición de la historia reciente de este país.

La cosa empezó a torcerse desde el momento en que la crisis sanitaria y económica comenzó a abordarse en España con más tibieza y racanería que en el resto de Europa. Aquí hemos invertido en gasto público, durante este período, unos dos puntos del PIB (unos 25.000 millones de euros) menos que la media de los países de nuestro entorno. El PSOE se ha ido arrastrando en temas como el salario mínimo, la reforma laboral, la subida de la luz o el Ingreso Mínimo Vital, y sigue haciéndolo en lo tocante a la vivienda, las pensiones y la reforma fiscal. Esta última alcanza una relevancia más que significativa por cuanto debiera proveer de los recursos que se necesitan para mejorar la vida de la gente y reforzar el Estado del Bienestar.

Con todo ello quiero decir que el Gobierno progresista sólo tiene una vía para neutralizar el discurso de la ignorancia y el odio y frenar el auge neofascista: poner en pie el Estado Social, que está a medio construir en este país. Es la única vacuna contra el virus trumpista que empieza a copar las instituciones, desplazando a la derecha tradicional, cuya implosión actual tiene como causa y consecuencia el fortalecimiento de la ultraderecha dentro del bloque reaccionario, sin obviar que los detonantes del espectáculo que está dando el PP han sido la corrupción estructural que infesta ese partido y la lucha fratricida en su seno.

Y el sistema sanitario que tiene que proveer de ese remedio no es otro que la coalición de investidura, ampliada y reforzada con un bloque cívico que reedite, actualizándolo, aquel espíritu del 45 que impulsó la Europa que resurgía del apocalipsis provocado por la extrema derecha de los años 30.

 

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