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Oligarquía o democracia Featured

Pepe Haro

Con arreglo a nuestra Constitución, este país es una economía social de mercado regulada por el Estado de Derecho y la separación de poderes. Es más: en la Carta Magna se afirma que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Consiguientemente, estaríamos ante una democracia en la que el mercado estaría constreñido por lo público, en cuanto que expresión de un proyecto colectivo. Hasta ahí lo que ponen los papeles. La realidad discurre por derroteros muy distintos, que nos remiten a la palabra oligarquía, entendida como sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas, pertenecientes a la élite económica.

Lo primero que hace esta pequeña capa privilegiada es distorsionar los mecanismos de mercado, subordinándolos a sus propios negocios, hasta el punto de que aquél resulta irreconocible. El primero que sufre de sus rigores es el mercado de trabajo. Efectivamente, en España el precio de la fuerza de trabajo se sitúa por debajo de su nivel normal, el que correspondería a nuestra renta per cápita y nivel de desarrollo. El gran capital, desde la transición, ha apostado por la desindustrialización del país a través de la búsqueda de beneficios a corto plazo mediante negocios de escasa inversión y menor riesgo. Posteriormente, mediante las reformas laborales aplicadas por el bipartidismo a su servicio, ha buscado competir vía salarios bajos en el marco de la integración europea. El resultado ha sido una estructura salarial raquítica y un paro estructural que, incluso en épocas de absoluta bonanza, nunca ha bajado del 10%.

El segundo ataque al mercado se ha llevado a cabo distorsionando los precios a través de la constitución de oligopolios en sectores económicos básicos y de servicios, mediante la privatización de los mismos y la anulación de la competencia. No existe mercado en sectores tan relevantes para la vida como el agua, la energía o las finanzas: sus precios y reglamentaciones son impuestos por un reducido grupo de grandes corporaciones en manos de los oligarcas.

El último aspecto que convierte en una broma aquello de la economía social de mercado es el que se refiere al capítulo de contrataciones de obras y servicios con las Administraciones, donde se horada el pozo negro de la corrupción. Efectivamente, las grandes empresas y, por imitación, las no tan grandes, sepultan el principio de la libre concurrencia asegurándose las concesiones a través de la financiación de los partidos que soportan el régimen oligárquico: son los corruptores, que pasan por el escenario de puntillas, mientras la opinión pública lincha a los políticos corrompidos que han dilapidado las arcas públicas, mediante el sobrecoste fraudulento de las adjudicaciones, para enriquecer a las empresas adjudicatarias y a sí mismos.

No sólo quebrantando el mercado la oligarquía esquilma a la sociedad. Su naturaleza extractiva se pone muy de manifiesto en la cuestión de la fiscalidad. España es el país de la eurozona donde mayor evasión fiscal se produce. El grueso de ella se concentra en las grandes fortunas y empresas. En Hacienda faltan todos los años entre 75 mil y 100.000 millones de euros que los ricos no tributan (tomando como referencia la fiscalidad media europea), provocando una insuficiencia financiera del Estado que la gente paga sufriendo  recortes.

Esta actividad expoliadora sobre la sociedad y el Estado va lógicamente acompañada de una institucionalidad política que asegura su reproducción. El bipartidismo, cooptado por la oligarquía a través de las puertas giratorias y la corrupción, juega un papel determinante en el mantenimiento del sistema, donde la separación de poderes sencillamente no existe: los tres poderes, además de parte del mediático, emanan de las cúpulas de los partidos que hasta ahora se han turnado en la gestión del régimen del 78.

Así pues, a estas alturas, sigue siendo una tarea de los demócratas conseguir una democracia con economía social de mercado y división de poderes, en la que sea verdad eso de que toda la riqueza está subordinada al interés general.

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