Solo alguien muy cínico o torpe puede reducir al ámbito penal su respuesta a un conflicto político y escandalizarse después porque las calles se llenen de gente indignada, dispuesta a protestar y dificultar la operación. La legalidad se puede defender de muchas maneras. No hace falta citar a más de 700 alcaldes, avisar a 55.000 ciudadanos de que pueden cometer un delito si acuden a una mesa electoral o poner una denuncia por sedición contra todo aquel que haya protestado públicamente la actuación policial.

No hay Estado de derecho que soporte meter en la cárcel o imputar a miles de personas por intentar ejercer sus derechos políticos. La Fiscalía empieza a sumar unos números insostenibles; puede que haya tomado el control de los Mossos, pero está perdiendo el control de la situación.

Convertir al Estado de derecho en un Estado de derecho penal es una decisión política, no la inevitable respuesta de un Estado democrático. Dentro de la vigente legalidad existían y existen maneras de gestionar las legítimas demandas de Catalunya. Responder no a todo fue una decisión exclusiva del Partido Popular, cuyos costes transfiere ahora al Estado y al conjunto de la sociedad española. Hay muchas maneras de defender el imperio de la ley. Poner a la Guardia Civil a perseguir urnas y papeletas es solo una y ni siquiera la mejor. La operación Anubis le permite al Ejecutivo dar por desmontada la logística del referéndum, pero también ha revelado síntomas de fatiga en la eficacia de su estrategia.

La batalla internacional

El desgaste institucional sufrido por partes vitales del Estado convertidas en parapetos resulta hoy incalculable. La movilización de efecto instantáneo desbordando las calles ha suministrado a la causa del referéndum la épica que empezaba a faltarle. Le guste o no, el presidente está perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Sus colegas europeos contemplan con mayor preocupación su incapacidad para dar una respuesta política. Los europeos no son como el PSOE o Ciudadanos. No van a aceptar que Rajoy les obligue a sufragar solidariamente los destrozos causados por sus tácticas basadas en el partidismo puro y duro.

La estrategia de Carles Puigdemont y el Govern lleva semanas extenuada. Desde el monumental error de la sesión parlamentaria, donde se aprobaron las leyes de Referéndum y Transitoriedad en las peores condiciones posibles, el soberanismo se ha embarrado en una batalla jurídica y logística que no podía ganar. La disolución de la sindicatura electoral lo prueba. Le ha dado aire la torpeza de un gobierno central que, a su receta penal, apenas ha añadido una oferta de diálogo formulada en términos tan genéricos como ofensivos: depongan su actitud y hablaremos de dinero.

Quien crea que esto es un combate y va ganando, se equivoca. Solo crecen la fatiga que carcome unas instituciones forzadas al limite y una ciudadanía que espera soluciones, no culpables. En política, como en la vida, la realidad siempre se acaba abriendo paso.