Es comúnmente admitido que sólo en España, de entre los países de nuestro entorno, un presidente de Gobierno que presta respaldo explícito a un corrupto («Luis, sé fuerte») permanece en su cargo. Sólo en España, un partido (el PP) infectado por la corrupción hasta el tuétano se permite esquivar su disolución y refundación. Sólo en España un juez se atreve a amenazar a un medio periodístico para que éste no publique la evasión fiscal de multimillonarios futbolistas. Sólo en España un sindicalista (Bódalo) permanece en la cárcel a pesar de informes exculpatorios de la Guardia Civil respecto de la presunta agresión que se le imputa. Sólo en España una agresión a funcionario público en el contexto de una reyerta de bar (Alsasua), se convierte en acto terrorista. Sólo en España, un ministro del Interior (el anterior) al que se pilla in fraganti fabricando pruebas contra sus rivales políticos, se mantiene en su puesto. Sólo en esta Región y en España, un presidente autonómico (PAS) acusado por una juez de cuatro delitos, no dimite y mantiene una actitud altanera. Sólo en esta Región y en España los responsables de un delito ambiental de enorme magnitud (Mar Menor) actúan como si con ellos no fuera el asunto y además prosiguen con las actuaciones que han ocasionado tamaño desafuero. Sólo en esta Región y en España, un disparate del calibre de la desaladora de Escombreras permanece impune, sin consecuencias jurídicas ni políticas.

Sólo en España, ante la realidad de un territorio (Cataluña) que plantea una profunda desafección hacia el modelo territorial emanado de la Constitución del 78, el Régimen y los partidos que lo sustentan responden con los tribunales y la represión, ante la estupefacción de otros países occidentales (Canadá, Reino Unido), que ante un problema similar han respondido con la negociación y la adecuación del marco jurídico a las nuevas realidades políticas. Sólo en España se da un nivel de precariedad laboral y salarial que guarde tan escasa correspondencia con su renta por habitante y nivel de desarrollo. Sólo en España, los ricos y poderosos pagan tan poco a la Hacienda Pública, provocando una descapitalización del Estado incompatible con unos estándares mínimamente aceptables del Estado del Bienestar.

Pinceladas, las anteriores, que retratan con relativa precisión las características que definen el sistema político español, sin duda conformado por bastantes más aspectos de los descritos y que perfilan una democracia de una calidad muy inferior a la del grupo de países en el que nos insertamos. Democracia restringida cuyo inicio formal, de la mano de la Constitución que la engendra, se celebró el pasado martes 6 de Diciembre.

Y es que una Constitución no es sólo, ni principalmente, el articulado que la compone, en buena parte aséptico en cuanto a la formulación de principios genéricos que casi nadie discute. Una Constitución es ello y, sobre todo, las circunstancias en las que se inscribe, esa letra pequeña que se detecta leyendo entre líneas y que constituye su alma, reflejo de la correlación de fuerzas entre las clases y sectores sociales en el momento en que se redacta.

Y la Constitución del 78 es el resultado de la imposición política de una transición en la que los sectores reaccionarios que mandaron en el franquismo seguían detentando cuotas de poder determinantes (la propia Monarquía), que compartieron, mediante un sistema de cooptación, con las nuevas élites políticas de los partidos de oposición, los cuales aceptaron, en lo sustancial, ese predominio apabullante de las fuerzas conservadoras en el nuevo escenario, a cambio de su participación en las ventajas de todo tipo que les ofrecía la fusión entre oligarquía y partitocracia, señal identitaria del nuevo Régimen.

Las inercias tóxicas (corrupción y desigualdad) de un sistema de estas características, a lo que se ha unido la política de austeridad, han precipitado la crisis de este Régimen y de la Constitución que lo soporta. Lo malo es que algunos hacen como si no pasara nada y se limitan a fumarse un puro y esperar a que amaine.