No ha pasado un mes desde que Rajoy fuera investido y ya empieza a hacer aguas el eslogan con que el PP acudió a la investidura. En poco menos de quince días hemos pasado del omnipresente “Diálogo, diálogo, diálogo” a “se hace lo que yo digo o llamo a mi primo de Zumosol”, que en política es el Tribunal Constitucional, y cuya celeridad a la hora de pronunciarse es bien conocida. Acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta, a placer y a discreción, al PP se le empieza a atragantar su nuevo estado de gobierno en minoría.

El primer encontronazo ha sido a cuenta de la LOMCE, y no será el último. Después de que el pasado jueves la Cámara Baja votara por amplia mayoría a favor de la suspensión de la ley de Educación, el gobierno saltó como un resorte y amenazó con acudir al Constitucional. Es su manera más instintiva de mostrarle los dientes a la oposición y evitar que el Congreso cumpla con su tarea, que si no me equivoco es la de legislar en función de las mayorías parlamentarias que se puedan articular. Su plan B se queda de momento sólo en amenaza. La convocatoria de nuevos comicios es una arma poderosa ciertamente, pero que, visto lo visto últimamente, es mejor no utilizar a la ligera no vaya a ser que la cargue el diablo.

¿Y cómo argumenta el gobierno su desobediencia al parlamento? Pues amparándose en un supuesto derecho de veto de toda proposición de ley que suponga un aumento del gasto o una disminución de ingresos. Lo mismo que ha hecho el Gobierno regional a cuenta de los presupuestos de este año. Aunque en este caso, no recurriendo a los tribunales sino simplemente no ejecutando las partidas que no eran de su agrado. Así las cosas, el conflicto gobierno-parlamento está servido.

Que nadie se llame a engaño. El PP se saldrá con la suya o terminará habiendo nuevas elecciones. El chantaje que se quería evitar volverá con más fuerza tras el cheque en blanco que PSOE y Ciudadanos dieron a Rajoy, a cuenta del desbloqueo. Lo que parecía, está siendo. Por sus hechos lo conocemos, y lo que conocemos del partido que dirige Rajoy, sus intrigas, sus recolocaciones de ministros reprobados, sus tramas de corrupción, no invita al optimismo.

Como tampoco invita al optimismo, ya lo decíamos la semana pasada, la elección de Trump. Sus primeros pasos como presidente electo empiezan a poner los pelos de punta. Según se van haciendo público los nombres de los futuros miembros de su gobierno se van confirmando los peores augurios. Racistas, xenófobos, miembros del Tea Party son la marca de la casa. Nada que no estuviera en el guión pero que algunos creyeron que se dulcificaría tras su victoria. Pero no, también aquí lo que parecía está siendo.

Y si nos circunscribimos a nuestra región, a la que, en palabras de Revilla, es tan difícil llegar desde Cantabria, (aislamiento, por cierto, que no ha impedido que padezcamos los peores males de España), también se intuye que se terminará confirmando lo que parecía. Esto es, que pronto podríamos tener a un gobierno regional descabezado si Pedro Antonio Sánchez termina inculpado en el caso Auditorio. Sobre todo, después de que el fiscal haya dejado claro que «no estamos ante un simple ilícito administrativo», como se dice desde el entorno de Pedro Antonio Sánchez, sino ante «varios posibles delitos penales», ratificados a su juicio por el informe del Interventor General del Estado en Murcia.

He aquí tres gobiernos inciertos, imprevisibles -el del país más poderoso del mundo, el de España y el de nuestra región-, cada uno de ellos con un panorama preocupante ante sí, aunque por razones distintas.

Hay motivos para pensar que el PP, aun estando en minoría, no va a dejar de ser ese partido de corte autoritario, complaciente con los ricos e implacable con los más desfavorecidos, que ha sido. Motivos para intuir que Trump será el energúmeno que no has prometido ser; o sospechar que Pedro Antonio se enrocará como pueda tras su más que probable imputación. Porque también en estos casos, no sólo lo que parece es, sino que como sentencia la ley de Murphy es susceptible de empeorar.