“Estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante”. Este podría ser el resumen de los últimos acontecimientos protagonizados por el gobierno municipal de Cieza
Manuel Martínez Martínez. 02.08.2024.- A las 12:00 del mediodía del pasado viernes 26 de julio, tras una convocatoria que llegó a los medios de comunicación a las 0:54 horas, cerca de la una de la madrugada de ese mismo día, por segunda vez en el mes, el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, volvía a protagonizar en solitario una rueda de prensa para tratar “asuntos municipales”. Amén de otras cuestiones de relativo interés para una convocatoria tan precipitada y que no es descabellado pensar que eran de relleno, el tema central tratado por el primer edil de la localidad fue la controvertida Resolución nº 3744, de 19/07/2024, dictada por María Ángeles Ruiz Aniorte, concejala Delegada de Recursos Humanos, reconociéndole a Tomás Rubio el derecho al cobro de diez trienios del grupo A1 (510,07 euros al mes), con carácter retroactivo del uno de septiembre de 2023. “Una nueva paga para el alcalde”, en palabras del concejal socialista, Antonio Ignacio Martínez-Real.
Este nuevo capítulo del embrollo que viene protagonizando el gobierno municipal de Cieza suscita al menos cuatro vías posibles para interpretar lo que está sucediendo: la legal, la ética, la estética y la política.
Por lo que se refiere a la legalidad acerca del cobro a cargo de las arcas municipales de los trienios que en su anterior dedicación percibía Tomás Rubio y que él mismo reconoció que no era legal, conviene señalar que la situación administrativa que tiene reconocida el Concejal o Alcalde en estos casos viene regulada por el artículo 87 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), reconociéndose únicamente para aquellos funcionarios que pasan a la situación de servicios especiales. Así, en el apartado 2 del citado artículo se precisa que “quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento”. Asimismo, el art. 4.h) del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado establece que los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales cuando desempeñen cargos electos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales.
Sin embargo, esa situación de servicios especiales a la que pueden acogerse los funcionarios públicos al adquirir la condición de cargo electo, no es aplicable a Tomás Rubio ya que él no era funcionario público en el momento de comenzar a percibir una dedicación exclusiva en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Cieza, ni lo ha sido nunca; Tomás Rubio era profesor de religión católica. Es el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, el que regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: “empleados públicos, cuya contratación laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores”. Por tanto, no es cierto que se trate de “unos trienios que al parecer me correspondían por el hecho de ser personal laboral fijo de la Consejería”, como dijo el primer edil ciezano en su comparecencia ante la prensa, ya que esos trienios solo los pueden cobrar aquellos que tienen la condición de funcionarios.
Si nos adentramos en los planos ético y estético del embrollo, y aceptando que la ética comprende las virtudes morales más importantes de los hombres que se expresan en los comportamientos, mientras que la estética se manifiesta por las maneras, el estilo y las formas de actuar, tampoco parece que el asunto de los trienios de Tomás Rubio se sostenga, haya sido él quien los solicitara tras rebajarle el Pleno un 18% el sueldo, en la creencia de que le correspondían (desconocimiento de la ley) y como forma de compensar su nueva situación económica, extremo que el alcalde negó en la comparecencia; haya sido idea de su Concejala de Recursos Humanos (que es quien firma la Resolución) o de los funcionarios Director de Recursos Humanos e Interventor como el primer edil sostiene, funcionarios a los que, tras hacer públicos los informes que ambos han debido de emitir en los que le comunicaban acerca de su derecho a cobrar los referidos trienios (cosa que hasta la fecha no ha sucedido), tendría que haberles abierto un expediente informativo por inducirle, siempre según él, a la comprometida situación en la que se ha visto envuelto.
Empero, lo que más debe interesar es la vertiente política, ya que Tomás Rubio, tras ganar su acta de concejal y ser elegido alcalde con el apoyo de VOX, asumió una tarea política y, por ella, especialmente, hay que juzgarle. Veamos si la sucesión de hechos plasmados en las comparecencias de los portavoces de la oposición y de él mismo arrojan luz en el plano político.
El pasado miércoles 25 de julio, el portavoz de VOX en Cieza y hasta hace poco primer teniente de alcalde y segundo de abordo del gobierno de la coalición derechista PP-Vox, emitía un vídeo en la cuenta de Facebook de su partido, en el que en un ataque directo a Tomás Rubio, comenzaba diciendo “el alcalde de Cieza se ha subido el sueldo y lo ha hecho de forma unilateral”. Al mismo tiempo reconocía que, tras asumir una controvertida “liberación”, su concejal “Pascual Egea preguntó en el mes de abril si era posible esa subida de sueldo por antigüedad porque él es funcionario de la Consejería de Educación y se le contestó desde el Departamento de Recursos Humanos (del Ayuntamiento de Cieza) que no, que no era posible…”. Así, Jesús Castaño reconocía implícitamente que también VOX estaba detrás de los trienios, en beneficio de su concejal “liberado”.
El jueves 26 de julio era el turno para el concejal del PSOE, Antonio Ignacio Martínez Real, quien en otra comparecencia y tras destacar la paralización y falta de proyecto del actual gobierno municipal, decía “…esta semana hemos conocido por fin un proyecto del nuevo gobierno… crear una nueva paga (en referencia a los trienios) para el alcalde que va a tener un coste para el Ayuntamiento de 10.000 euros, una nueva paga con efectos retroactivos desde el mes de septiembre…y se justifica en base a la antigüedad, a los trienios que tiene en otro centro de trabajo distinto dependiente de otra administración”.
Al día siguiente, como se ha referido en el comienzo de este artículo, Tomás Rubio comparecía en solitario, sin el soporte de apoyo explícito de los funcionarios a los que implicaba en este “enredo”, ni de la concejala que dictó la ilegal resolución (que desconocemos si ha anulado mediante una nueva), ni de ningún otro miembro de su gobierno para “defender mi honor” y asegurar que el pago de los trienios no lo solicitó él: “no me he subido el sueldo de forma encubierta,… no solicité yo el cobro de los trienios,… fue a instancia de los funcionarios del Ayuntamiento que me dijo que me correspondía, ahora dice que no me corresponden”. Sin embargo, Tomás Rubio aseguró que estaban trabajando con el tema desde que tomó posesión, desde el uno de septiembre del año pasado. Concluyendo con “los que me conocéis bien sabéis de mi integridad y de mi moralidad”. Cabe la duda razonable de si Tomás Rubio habría comparecido en esa rueda de prensa si los grupos de la oposición no hubieran destapado previamente el asunto o, por el contrario, estaría cobrando esos 510 euros mensuales en concepto de trienios, ya que él mismo aseguró ante la prensa que el interventor le había advertido de la ilegalidad el jueves al mediodía, tras las denuncias de VOX y el PSOE.
Llegados a este punto, en el que Tomás Rubio descarga la responsabilidad sobre los funcionarios municipales, solo cabe la publicación de los informes técnicos que emitieron los citados funcionarios sobre el derecho del alcalde a cobrar los trienios, en caso de haberse emitido por escrito; o la presencia pública de estos funcionarios confirmando lo dicho por el alcalde, si la información hubiera sido emitida de forma oral.
Lo cierto es que este nuevo episodio, que se suma a una serie de desafortunados hechos sucedidos en el tiempo desde que Tomás Rubio decidiera unilateralmente romper el pacto de gobierno con VOX, quedando en una extremada situación de debilidad política, sume al alcalde popular en una comprometida situación, mientras sus concejales mantienen un “sospechoso” silencio. Lo indubitable es que este nuevo hecho se suma en el imaginario popular a la paralización en la que se encuentra el consistorio ante la falta de iniciativa política de Tomás Rubio. Por ello, llegados a este punto, solo le quedan dos salidas al primer edil, amén de aclarar en todos sus extremos la responsabilidad del asunto de los trienios: tejer una nueva mayoría que dé estabilidad a la gobernanza municipal o “hacerse a un lado” dando paso a otro concejal o concejala que pueda lograrlo. La situación política del Ayuntamiento de Cieza, si ya era muy complicada, ha tocado fondo con el asunto de los trienios del alcalde. “Estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante”.
Manuel Martínez Martínez fue concejal-portavoz de Izquierda Unida en las corporaciones 1991-1995 y 1995-1999.
