Los afectados por la planta de residuos descargan su desesperación, mientras las obras siguen adelante.

Cieza. 21.10.2022.- “Unas cuarenta personas se concentraron este miércoles en El Elipe para atender a los medios de comunicación y proceder a la constitución de una asociación de vecinos. Fue otra de las acciones impulsadas por la Plataforma Salvemos Nuestra Tierra integrada por ecologistas, afectados y ciudadanos en general, que se presenta como un frente beligerante contra la planta de compostaje de biomasa, lodos de depuración y subproductos de la industria alimentaria. Concretamente, las instalaciones en fase de construcción están ubicadas en el paraje El Mingrano, junto a la rambla del Judío. Con ello han querido sensibilizar a las Administraciones y a la opinión pública sobre el fatídico final que se cierne sobre el municipio si no se toman medidas contra esta actividad industrial”, informa en su cuenta de Facebook el periodista ciezano Pascual Gómez Yuste.

El cronista destaca que “pese a tener casi todo en contra, la plataforma ciudadana volvió a hacerse oír para intentar que la sensatez se impusiera. Su portavoz Alberto García puso de manifiesto ante los medios de comunicación que, ‘tras la zona residencial de Ascoy, este paraje es de los más poblados del término municipal. A los vecinos no se nos han tenido en cuenta. Obviamente, cuando traigan esos residuos a la planta se van a generar, por mucho que digan lo contrario, malos olores y la proliferación de moscas y roedores’. Hay otros motivos de protesta como los impactos ambientales, sociales y económicos. Así, por ejemplo, clama al cielo, entre otras cosas, su ubicación junto a una rambla, que ‘conlleva riesgo de lixiviados’, y dentro de una zona de especial interés para la conservación de la alondra ricotí”.

Asimismo, recoge que por parte de ‘los afectados’, “se adoptaran todas las acciones legales contra el promotor de la planta de residuos para paralizar las obras y se aclare esta situación”.

Por su parte, según el articulista, María Cano, de Ecologistas en Acción, pretendía que se tomase en consideración un aspecto clave en todo este asunto. “Cuando este proyecto se tramitó inicialmente en 2018 con el fin de obtener la declaración de interés público, el promotor omitió algo muy relevante: el listado de residuos admisible en la planta. Del mismo modo obvió que esta planta iba a tener una zona de almacenaje temporal de residuos no compostables como neumáticos, pinturas, aceites, grasas, etcétera, hasta un volumen de cien toneladas. El promotor consiguió la declaración de interés público presentando el proyecto de una planta que iba a almacenar y tratar única y exclusivamente restos de biomasa forestal y podas vegetales. En ningún caso hablaba de otro tipo de residuos”. En su intervención dejó entrever un poso de engaño.

En este sentido, explicó que, “cuando tramita las autorizaciones ambientales sectoriales en la Comunidad Autónoma, el promotor presenta un proyecto con un título diferente y con un listado de residuos que en ningún caso aparecía en la memoria justificativa del expediente inicial. Por tanto, entendemos que esta maniobra fue para sortear el rechazo social de este tipo de plantas genera en la población. Desde Ecologistas en Acción entendemos que es una forma de evitar que, en la fase de exposición pública, la ciudadanía presentara alegaciones en contra. Si este proyecto en su trámite inicial se hubiera llamado con la denominación que debe tener, y con ese listado de todos los residuos admisibles, seguramente el interés público no lo hubiera conseguido o al menos hubiera tenido muchas dificultades para conseguirlo”.

Pero, al margen de esta “maniobra”, Cano afirmó que la tramitación administrativa ha sido “impecable”. En su opinión, “es algo que no cuestionamos como tampoco cuestionamos la licencia de obras porque sabemos que es una licencia reglada, pero insistimos: el nudo está el interés público. Era el mayor obstáculo que tenía el promotor a batir: conseguir el uso excepcional de este suelo no urbanizable a través de la declaración de interés público. Una maniobra que es una deslealtad a la población, pero es evidente que no tiene licencia ‘social’. Por ello vamos a pelear con todas las herramientas legales y adoptaremos todas las acciones jurídicas, civiles o penales, que estimemos oportunas para que se paralicen las obras y se aclare esta situación”. Que no le quepa la menor duda a nadie de que los vecinos seguirán presentando batalla, concluye el comentarista.