Desde el ámbito educativo la problemática de salud mental se viene tratando de manera casi voluntaria por la falta de recursos, sobre todo personales, y mínimamente preparados, para una problemática tan específica, que se aleja claramente de las ya sobrecargadas atribuciones docentes.

José M. Lorenzo / Redacción.- Hace escasos días aparecía en la prensa regional unas declaraciones de la Sra. Consejera de Educación, María Isabel Campuzano, en las que públicamente reconocía un importante repunte de casos de salud mental en las aulas de la Región de Murcia. Explicaba que, ante este importante incremento de casos a raíz de la pandemia, se está elaborando en colaboración con  la Consejería de Salud una Guía enfocada a los docentes, para enfrentarse a esas situaciones. Precisaba, además, que estamos ante un problema de salud que tiene que afrontar Sanidad, y Educación colaborar para comunicar los casos que se puedan detectar en los centros escolares.

Por su parte, los Directores de los Institutos de Educación Secundaria, ya han reclamado en varias ocasiones, desde el inicio de curso,  recursos y formación para atender los problemas de salud mental que se vienen planteado en las aulas y encaminar así los casos, ya que el margen de actuación con el que cuentan es muy limitado. Se reduce básicamente a activar el protocolo correspondiente establecido por la Consejería de Educación bien ante riesgo de autolisis, o ante otras situaciones, como  posible acoso escolar, situaciones de maltrato, etc.

En esta línea también se ha pronunciado la psiquiatra coordinadora del Proyecto Prevención Suicida Murcia, Loreto Medina. Informa en esta misma noticia de prensa que se está trabajando en ofrecer recursos a los institutos, ante este problema sanitario. Considera de vital importancia que el profesorado sea formado para saber cómo actuar cuando se presenten casos. Incidiendo en que cree que es posible una mayor coordinación entre los servicios de salud y de educación.

Hasta aquí la síntesis de la noticia, que no está nada mal como declaración de intenciones, si contribuyese a una mayor sensibilización y prevención sobre el problema de la salud mental,   tanto  desde la Administración, que es la que debe poner los recursos,  como también  de cara a la opinión pública.

Vaya por delante, en nuestra opinión, que efectivamente hablamos esencialmente de un problema de salud pública que, como tal, debe ser abordado por las autoridades sanitarias. Por tanto, no es un problema escolar, aunque tenga importantes repercusiones en el ámbito educativo  que haya que abordar. Pero no se puede pretender formar “pseudo especialistas escolares”, o al menos eso parece, para atender conductas que rayan o ya han pasado a ser trastornos patológicos de  salud mental.

Desde el ámbito educativo la problemática de salud mental se viene tratando de manera casi voluntaria por la falta de recursos, sobre todo personales, y mínimamente preparados, para una problemática tan específica, que se aleja claramente de las ya sobrecargadas atribuciones docentes.

Obvio decir que efectivamente es una evidencia la constatación  de un significativo aumento de casos que están afectando a la salud mental en los centros educativos. Ya desde la Consejería de Educación, justo es apuntarlo, en el tercer trimestre del fatídico curso 2019-2020, puso en marcha en los centros educativos regionales el llamado Plan de Apoyo Socioemocional “Volvamos+Cercanos”,  un plan ambicioso en sus objetivos, técnicamente bien elaborado por profesionales de los Equipos Específicos de Orientación Educativa. Su objetivo ha sido, y sigue siendo, paliar el impacto socioemocional y en la salud en general  que ha producido  la COVID 19.

Este Plan ofrece de una manera organizada y estructurada, procedimientos, materiales y actividades para una intervención preventiva en los centros educativos.

A nivel teórico nada que objetar, sin embargo la cuestión esencial es la carencia de recursos específicos para su desarrollo. Efectivamente la Consejería ha hecho recaer todo su desarrollo en el conjunto del profesorado ya existente, y apoyado por los Equipos directivos de los centros. El Plan tiene calidad técnica, pero no los recursos, ni la especialización necesaria para un óptimo desarrollo, que básicamente se ha afrontado con las plantillas ordinarias  con  los que cuenta  los centros educativos, aunque se sumaran coyunturalmente algun@s profesor@s, que no fueron renovados por la Consejería al finalizar el citado curso 2019-2020.

El Plan atribuye una serie de competencias a los docentes tales como la observación, la escucha activa y la formación en inteligencia emocional a la que se invita desde el Plan. Sugiere la creación de un Grupo de Trabajo de apoyo al Plan, cuyos componentes no tienen formación específica para ello, además de la no reducción de horas para la realización de estas tareas. Desde la Consejería se pide heroísmo a los profesionales educativos, aunque  dudamos mucho que en estas condiciones se haya podido implementar de manera adecuada este Plan en la mayoría de centros.

Por otra parte, en esta misma línea de austeridad y sacrificio, se les pide a tutores-as, orientadores-as y  profesores-as técnicos de servicios a la comunidad (PTSC), valoración de los problemas derivados de la pandemia, orientación y seguimiento  de alumnos con mayores dificultades adaptativas y derivación a otros servicios especializados.

Al mismo tiempo, y no menos importante, hay que denunciar públicamente que los recursos más especializados de los que disponen los centros educativos, como son los departamentos de orientación, cuenta con una ratio media en los centros españoles de un orientador-a  escolar  por cada 800 alumnos, frente a la recomendación de la UNESCO de uno por cada 250 alumnos, ratio real que queda desfasada ampliamente, datos reconocidos por el propio Ministerio de Educación. 

Concretamente en nuestra propia localidad, Cieza, la ratio llega a más de 1000 alumn@s por orientador-a en los centros públicos de secundaria. Ello supone una sobrecarga de trabajo tanto para orientadores-as, como profesores-as técnicos de servicios a la comunidad, integrados también en estos departamentos, que impide trabajar en profundidad no solo en el ámbito académico, sino también en otros temas tan relevantes como la prevención de la violencia de género, acoso escolar, hábitos de vida saludables, atención individual y familiar, y un largo etcétera. Se trata de intervenciones superficiales que no abordan la raíz del problema.

A todo ello habría que añadir la sobrecarga de tareas al profesorado, tanto estrictamente docentes, como burocráticas, de atención a las familias, etc., junto con la  pérdida de derechos de los docentes desde hace años, en la que l@s profesor@s deben asumir 21 lectivas semanales, frente a las 18 horas de la mayoría de Comunidades Autónomas, la no reducción de la ratio de alumnos por aula, el no reconocimiento como accidente laboral de las enfermedades de carácter psicosocial, (depresión, ansiedad…), de las que escasamente se habla.

En definitiva, desde el ámbito educativo sería necesario, para colaborar con la reducción de casos  y mejora de la salud mental:

- Ampliación de recursos humanos con una mayor especialización que puedan atender los casos que puedan producirse en el ámbito educativo. En este sentido, sería muy deseable un equipo estable de profesionales (psicólog@s clínic@s, enfermer@s) bien por cada centro, bien distintos equipos que cubran las necesidades regionales.

- Campañas oficiales masivas de concienciación y prevención de la salud mental, realizadas por expertos, en el ámbito de la acción Tutorial.

- Y tal vez lo más importante, regulación por ley de la coordinación y colaboración entre los servicios de salud mental y los servicios educativos. Hasta ahora se viene haciendo de manera voluntarista, cuando se puede, o de manera puntual cuando surgen casos graves que están siendo tratados por los servicios de salud mental.

Finalmente, retomando el inicio de esta reflexión, el verdadero problema se sitúa en la escasez de recursos de profesionales en los centros de salud mental.  No  encontramos voluntad política para resolver este problema, porque se necesita la inversión de recursos económicos, cuya prioridad no parece ser  la mejora de la salud mental, aunque los medios de comunicación estén llenos, cara a la galería, de  declaraciones de buenas intenciones por parte de las autoridades sanitarias. Si estas necesidades estuvieran adecuadamente  cubiertas desde Sanidad, el impacto escolar sería mucho menor. Basta ya de descargar en los centros educativos problemas de salud pública, que no les corresponde abordar, por  la falta de competencias para ello y, por tanto,  fuera de sus ya amplias tareas y  múltiples encargos sociales que se le hacen a la escuela. Curiosamente encargos provenientes desde un sistema social que camina justo en dirección contraria a los valores que trata de transmitir el sistema educativo.