José María Rodríguez, portavoz de IU-Verdes de Cieza, destaca que la norma será insuficiente para blindar la función social que desempeña la vivienda y eso supone perder una oportunidad histórica para garantizar, de forma permanente y estructural, el derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y asequible. Incluso con las limitaciones, ha contado con la oposición del Consejo General del Poder Judicial.
IU-Verdes de Cieza ha valorado el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda supone un “primer paso para avanzar en el camino blindar su función social”. Su portavoz, José María Rodríguez, ha destacado que la norma da herramientas para actuar ante la escalada de precios de la vivienda, pero no garantiza el derecho a la misma. Tampoco impide los desahucios, no tiene capacidad real para regular los precios de alquiler si las comunidades autónomas se oponen, no amplía el parque de viviendas en alquiler, inexistente en las ciudades, y no obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquileres accesibles para dejar atrás el tsunami de desahucios.
Sobre la regulación de los precios del alquiler y a quién afectará esta ley, el portavoz de IU-Verdes de Cieza ha precisado que “la normativa indica que se podrá limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas en función de un índice oficial. Esa regulación afectará a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior”. En este sentido, ha incidido en que la declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.
Respecto a las posibles limitaciones en la aplicación de la ley, Rodríguez ha advertido que las comunidades autónomas del PP han manifestado que no la aplicarán y eso limitará los efectos positivos que pudiera tener la normativa. Además, que se distinga entre arrendadores que son personas físicas y jurídicas no ha gustado a las organizaciones sociales impulsoras de la ley, que se han movilizado en varias ocasiones para pedir esa y otras modificaciones.
También se ha referido a otras medidas que se incluyen en la Ley para incentivar el alquiler y que no haya viviendas vacías. Así, ha destacado que la normativa permitirá el aumento del recargo de la cuota del IBI al 150% para las viviendas desocupadas. Para que una vivienda se considere desocupada, tendrá que estar así más de dos años y el propietario deberá poseer un mínimo de cuatro viviendas. También, ha incidido en que el 30% de la vivienda de protección oficial que se construya se destinará al parque público del alquiler, y de ese 30% la mitad será para el alquiler social. Y, finalmente, en que se pondrá en marcha como mecanismo de contención de rentas que los nuevos contratos tendrán una desgravación general del 50% en el IRPF, modulable en función de diversos criterios hasta el 90% de bonificación máxima para los caseros que rebajen un 5% el precio de sus alquileres.
Rodríguez ha concluido diciendo que “el texto es el resultado de la correlación de fuerzas existente dentro del Gobierno, donde el PSOE es la fuerza mayoritaria, y somos conscientes de que en el trámite parlamentario no se podrán lograr mayorías suficientes para mejoras sensibles”.
