Don Pascual, permítame este tratamiento a pesar de que la amistad y el compañerismo me pudiese otorgar la licencia para otro más cercano, pero al pretender hacer públicas estas letras, creo que es lo más correcto cuando van dirigidas al máximo responsable de nuestra administración local, de la que yo como funcionario también formo parte desde hace ya cuatro décadas.
Es cierto que ocho lustros es un periodo demasiado largo en una trayectoria laboral para que no se hayan dado circunstancias dignas de quedar sepultadas en lo más hondo de la memoria, en donde nada ni nadie pueda rescatar para no destapar las vergüenzas que esta encierra, pero no es menos cierto que condenar al ostracismo hechos y circunstancias como la que vengo a hacer públicas tan solo ayudan a perpetuar prácticas injustas contra las que he luchado desde que tengo uso de razón.
Se trata pues tan solo de una cuestión de ética personal y profesional la que me empuja a sacar a la luz la denuncia interpuesta hace ya dos años ante la Fiscalía por las irregularidades detectadas en la administración de la empresa mixta “Aguas de Cieza”, de la que fui nombrado por la Junta de Gobierno Municipal que Ud. preside “Responsable del Contrato de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes” el 1 de octubre de 2017.
Sería iluso por mi parte pensar que pudiese hacerle cosquillas a una empresa avalada por un entramado empresarial que supera los cien mil trabajadores, muchos de los cuales se dedican única y exclusivamente a las cuestiones jurídicas, otros tantos a las administrativas y políticas y el resto, a prestar los servicios a la ciudadanía.
Sin ánimo de extenderme, considero que la ciudadanía tiene el derecho de saber que Aguas de Cieza se subrogó en 1999 en el contrato que “”SercoCieza firmó con el Ayuntamiento en 1991 y que en él se fijaba una duración de 50 años.
Que esta práctica de externalización de servicios públicos ha sido una dinámica propiciada por las administraciones públicas de todo signo desde los años noventa de la que no se libró nuestro Ayuntamiento. Desde entonces, la empresa, con la colaboración necesaria del Ayuntamiento, ha ido engordando el contrato de forma injustificada a mi juicio, tal y como he hecho constar en los informes que he ido realizando de forma reiterada durante el tiempo que estuve como responsable de los contratos de limpieza y jardines.
Lejos de corregir tales irregularidades y después incluso de haber retenido los pagos por entender que no se ajustaban a las obligaciones contraídas, me vi obligado después de dos años de inútiles intentos a denunciar ante la Fiscalía las irregularidades que a mi juicio se estaban produciendo por parte del Ayuntamiento y de la empresa, entendiendo que el perjuicio económico que estaba suponiendo para los ciezanos y ciezanas superaba el medio millón de euros anuales. A pesar de no tener una fe ciega en la justicia, era mi obligación como funcionario encargado de velar por el contrato y los intereses de la ciudadanía, dado que mis informes no llegaban ni tan siquiera al Consejo de Administración de la empresa encargada de velar por la correcta administración de los dineros públicos. Después de dos años, he recibido de la Fiscalía comunicación del archivo de las diligencias de investigación abiertas al no detectar irregularidades. Sobra decir que no encontraron porque no las buscaron, pues la denuncia era por pagos irregulares, los que no dejan rastro en la contabilidad oficial, precisando por tanto un interés especial para sacarlas a la luz.
Se abría pues la puerta a la denuncia por la vía civil a la que yo no estaba dispuesto, dado que esto suponía unos gastos con los que tendría que asumir personalmente y mi humilde economía queda a años luz de los recursos de la empresa y del Ayuntamiento.
¿Por qué hago pública entonces esta denuncia? Por el mismo motivo por el que la interpuse, que no es otro que por obligación personal y profesional; por otra parte, porque el Ayuntamiento por transparencia, a pesar de haber archivado el caso, lo debería de haber hecho motu proprio; también por dar a conocer a la ciudadanía algunos de los procedimientos de que dispone la Administración para sortear la legalidad en beneficio de otros; y por último, para advertir a nuestros gobernantes y funcionarios que tienen la obligación de velar por los intereses de los administrados.
Aguas de Cieza, al igual que otras empresas mixtas, dispone de un Consejo de Administración en el que están representados nuestros políticos, pues estas irregularidades denunciadas no se circunscriben a un gobierno municipal, sino que han sido gobiernos de otro signo político los que también las han propiciado y es igualmente obligación de los grupos de la oposición presentes en dicho órgano el control necesario para evitar ciertas prácticas fraudulentas.
Cabe decir que las irregularidades denunciadas tan solo se refieren al pago a mi juicio irregular que el Ayuntamiento ha ido realizando desde hace muchos años, que los trabajadores de la empresa cumplen con sus obligaciones y que para resolver de alguna manera el conflicto, la Junta de Gobierno Municipal me destituyó como responsable del contrato y el Sr. Alcalde relegó de su cargo al concejal de Izquierda Unida, Francisco Saorín, puesto que estábamos obstaculizando las buenas relaciones entre la empresa y el Ayuntamiento. Y como premio a este difícil impasse, el Ayuntamiento ha revisado por enésima vez al alza el precio del contrato.
Por último, quiero añadir que he vuelto a requerir al Ayuntamiento las últimas modificaciones del contrato vigente con Aguas de Cieza con el fin de hacerlo público a la ciudadanía, tal y como exige la ley, para que sea esta quien pueda valorar y velar por sus intereses, dado que las circunstancias no son propicias para dejar esta tarea en manos de quien la ley le obliga a ello, habiendo obtenido nuevamente el silencio por respuesta.
Fdo: José Martínez Saorín
