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Mientras Manuel Egea permanece “mudo” ante el archivo por parte del fiscal de su falsa denuncia, desde el PP aseguran que continuarán “con acciones legales” Featured

Los derechistas ciezanos pretenden desviar la atención del varapalo recibido, “olvidando” que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,  José Luis Díaz Manzanera, en el Decreto por el que archiva la denuncia presentada, concluye diciendo “Notifíquese la presente resolución al denunciante, informándole que contra la misma no cabe recurso”.

Manu Parra.- El demoledor correctivo recibido por el “jefe de filas” del PP ciezano, Manuel Egea, al archivar la fiscalía la denuncia presentada por este contra el alcalde de Cieza, Pascual Lucas, y el segundo teniente de alcalde, Francisco Saorín, a los que acusaba de los demostrados falsos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, no parece haber servido para que este reflexione sobre lo sucedido y por coherencia y dignidad renuncie a su acta de concejal y se retire de la vida política. Por el contrario, mudo, se oculta tras una disparatada nota de prensa en nombre del PP que titula "Continuaremos con acciones legales que aclaren la publicidad electoral de IU con dinero público", como si el fiscal, la única autoridad judicial competente, no lo hubiera clarificado suficientemente. 

La derecha extrema ciezana indica en una nota de prensa que "la pasada semana nos encontrábamos con la noticia de que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (no existe tal fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, si del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que es quien ha resuelto el asunto) procedía al archivo de las diligencias de investigación abiertas a causa de la denuncia presentada por el Partido Popular de la Región de Murcia por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, ante el pago con dinero público de una factura al Grupo Municipal de Izquierda Unida con el objetivo de financiar su campaña electoral". Así, esta derecha parece dar a entender que la resolución del fiscal jefe del TSJ de Murcia se la encontraron por casualidad, cuando esta, como es preceptivo en todos los casos, fue comunicada oportunamente al denunciante. Además, ocultan que el Decreto del Ministerio Fiscal deja claro que el abono de 943,80 euros de una valla publicitaria de IU-Verdes de Cieza es “un gasto que facilita el funcionamiento del grupo político en su actividad municipal” y que “resulta acreditado que el pago de la referida factura se efectuó con cargo…a la asignación para gastos de funcionamiento del grupo municipal Izquierda Unida en virtud de lo establecido en el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 15 de junio de 2015…sin que pueda sustentarse la existencia del ilícito penal”.

Continúa el escrito de los derechistas diciendo que, "desconociendo las alegaciones presentadas por Pascual Lucas y por Francisco Saorín, de las que la Fiscalía todavía no nos ha dado traslado, desde el Partido Popular mantenemos no sólo la veracidad de lo manifestado en la denuncia, sino también nuestra intención de esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias". Una vez más, ocultan que la fiscalía no da traslado a los denunciantes de las alegaciones que presentan los denunciados cuando esta es archivada. Además, se erigen por encima de la resolución del fiscal jefe, porque no les ha gustado, y se reafirman en su falsa denuncia.

Los derechistas, en su desvarío continúan diciendo "Desde nuestro respeto más absoluto a las decisiones judiciales, y desde luego sin entrar a valorarlas, la intención del Partido Popular es continuar ejerciendo las acciones legales necesarias para aclarar el pago de una factura que financia publicidad electoral con dinero público", nuevamente “olvidando” que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,  José Luis Díaz Manzanera, en el Decreto por el que archiva la denuncia presentada, aclara perfectamente los hechos, otra cosa es que no lo quieranescuchar y concluye diciendo “Notifíquese la presente resolución al denunciante, informándole que contra la misma no cabe recurso”.

En definitiva, un despropósito que Manuel Egea “fabricó” para ocultar que su protegida, la concejala María Turpín, estuvo cobrando indebidamente durante quince meses de las arcas municipales como “edil liberada” con dedicación exclusiva, mientras seguía ejerciendo como procuradora de los tribunales y que ahora trata de tapar con otro desatino al no asumir las consecuencias política y éticas derivadas de la decisión del fiscal de “darle carpetazo” a su falsa denuncia, precisamente por eso, por ser falsa.

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