El alcalde de Cieza, Pascual Lucas, propone desestimar el recurso de reposición formulado por la edil contra el acuerdo de Pleno de fecha 6 de abril de 2021, por el que se declaró incompatible el desempeño del cargo de coordinadora del grupo municipal popular, que venía ostentando la concejala María Turpín, en régimen de dedicación exclusiva y el ejercicio profesional como Procuradora de los Tribunales.

Manu Parra/Redacción.- El martes 6 de julio se celebrará el pleno ordinario del Ayuntamiento de Cieza correspondiente al mes de julio. Entre los dieciocho puntos de que consta el orden del día figura uno, el décimo, “Expediente tramitado en relación con el reconocimiento de compatibilidad del desempeño del cargo de coordinador del grupo municipal Popular”, que sin lugar a dudas centrará todas las miradas por el interés personal y económico de la edila María Turpín, que con su recurso potestativo de reposición pretende seguir cobrando 27.000 euros anuales mientras ejerce su profesión habitual, lo que un detallado y demoledor informe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Consistorio rechaza. Si, como es previsible, el pleno rechaza el recurso de la edila, se cerrará definitivamente la vía administrativa a las pretensiones de la misma, quedándole solo la vía del recurso ante los tribunales de justicia.

Entre las curiosidades del recurso formulado por María Turpín, por medio del abogado José Antonio Izquierdo Martínez, cabe señalar el “argumento” cuarto esgrimido por la recurrente de que el desempeño del cargo de coordinador del grupo municipal popular no constituye el desempeño de un cargo municipal y que por tanto no puede estar afectado por el régimen de incompatibilidad aplicable a dichos cargos, ya que se obvia por su parte que el desempeño de dicho cargo solo es posible, precisamente, por su condición del miembro de la Corporación, independientemente de que, como no puede ser de otra manera, la designación de dicho coordinador se realice por el grupo político municipal del partido Popular.

Una larga historia de intereses personales

El 7 de junio de 2019 (recuerden esta fecha), ocho días antes de su toma de posesión como concejala, María Turpín, edil electa del PP, presenta en la secretaría del Ayuntamiento de Cieza la preceptiva declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades. En la misma, en el apartado 3. “Actividades que me proporcionan o pueden proporcionar ingresos económicos”, hace constar “Ejercicio profesional como procuradora de los tribunales”.  Un mes más tarde, el 18 de julio de 2019, el pleno del Ayuntamiento de Cieza, en el punto primero del orden del día,  acuerda “Fijar como cargos de la Corporación a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial” constando el de coordinador del grupo municipal popular con dedicación “exclusiva (100%); y en el segundo, “Fijar las retribuciones a percibir por los cargos de la Corporación a desempeñar con dedicación exclusiva o parcial”, en el que consta el de coordinador del grupo municipal popular con un sueldo de 27.000 euros. La comunicación a la alcaldía de que María Turpín sería la “agraciada” del cargo y sueldo, se realiza por parte del portavoz del Grupo Popular, Manuel Egea, el lunes 20 de julio, momento a partir del cual, la mencionada edil estaba obligada a renunciar a su actividad como procuradora de los tribunales (lo que estaba obligada a comunicar al pleno) o pedir la compatibilidad de ambas actividades para que el pleno, como órgano competente, decidiera. María Turpín no hizo ni lo uno ni lo otro.

Lo que era un rumor entre los procuradores de los tribunales que ejercen en Cieza, que María Turpín seguía ejerciendo como procuradora de los tribunales al tiempo que tenía una dedicación exclusiva (100%) en el Ayuntamiento, se puso en conocimiento el 3 de octubre, por parte de un histórico militante del partido, al portavoz del Grupo Popular, Manuel Egea, advirtiéndole de que si esta concejala no dimitía y saldaba su irregular e ilegal situación con el Ayuntamiento el tema saldría al día siguiente en la prensa. Manuel Egea, que conocía desde el mes de enero de 2020 la situación, plegado a las presiones de María Turpín y con el apoyo de los otros dos ediles, el integrista Francisco Martínez e Ignacio Erquicia, contestó que iban a tirar hacia adelante “pasara lo que pasara”.

Un día después, latalaya.org publicaba en portada un artículo en el que bajo el titular “María Turpín, concejala del PP, cobra del Ayuntamiento como ‘liberada’ al 100% mientras ejerce como Procuradora de los Tribunales“, se explicaba pormenorizadamente el asunto, concluyendo: “Esta situación de flagrante ilegalidad solo tiene una salida: la dimisión inmediata de la  concejala del PP María Turpín por haber ocultado al pleno del Ayuntamiento de Cieza su ilegal situación durante 15 meses” y, asimismo, en un acto de honestidad, “devolver a las arcas municipales la cuantía percibida de forma irregular”.

Dos días más tarde, en el pleno ordinario de octubre, la pretensión de “blanquear” la situación de María Turpín mediante una petición realizada por ella misma de rebajarse el sueldo al 80%, decaía, ya que el segundo teniente de alcalde y portavoz de IU-Verdes, Francisco Saorín,  lejos de “quitar hierro” a la situación de la concejala, posicionándose en defensa de los intereses de los vecinos, argumentó que el “affaire” lo deberían de haber resuelto en el interior del PP con su dimisión y pidió que se iniciara un expediente administrativo para determinar si la edila había incurrido en incompatibilidad, si había cobrado indebidamente de las arcas municipales y si tenía que devolver lo percibido, para lo que solicitó que el tema quedara sobre la mesa a la espera de los informes preceptivos. Petición a la que accedió el pleno.

El 20 de octubre, latalaya.org volvía a sacar como primicia que tras el preceptivo informe del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cieza y trascurrido el plazo de alegaciones dado a la interesada, el alcalde de Cieza había resuelto el cese de la retribución que venía cobrando María Turpín y dar traslado del expediente a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento por si procediera iniciar un expediente de reintegro de las cantidades percibidas con motivo de dicha incompatibilidad.

El 28 de octubre, latalaya.org anticipaba que el portavoz del grupo popular, Manuel Egea, plegándose a las exigencias de María Turpín, volvía a pedir al pleno que la edila siguiera “liberada”, rebajándose los 27.000 euros/año que había venido cobrando ilegalmente en un 20%. Una operación que conllevaba dos objetivos: el primero de ellos, que la edila siguiera cobrando del Ayuntamiento, aunque al 80% del salario anterior; el segundo, el más importante y maquiavélico, abrir una vía para que la devolución que tenía que hacer María Turpín a las arcas municipales, estimada en 32.785 euros (a los que probablemente habrá que sumar más de 10.000 euros en concepto de cuotas que el Ayuntamiento ha pagado a la seguridad social) se quedara en un 20%, ya que podrían argüir que el pleno, al aceptar la rebaja del 20% del sueldo de la coordinadora del grupo popular y, por tanto, darle la posibilidad de ejercer como procuradora de los tribunales, le daba la razón. Un escenario que, aunque fuera rechazada por los técnicos municipales, le abría la posibilidad a María Turpín de pleitear en un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. Una “jugada” que fue rechazada por 14 de los 20 concejales presentes en la sesión y que solo fue secundada por los cuatro concejales del PP y los dos de Ciudadanos, su entonces socio de gobierno en la Comunidad Autónoma, los únicos que accedieron a la petición de la ínclita concejala. Es precisamente la “jugada fallida” del PP la que hace que el PSOE, que hasta unas horas antes estaba situado en la abstención con lo que hubieran triunfado las pretensiones del PP por un 6-4 y que María Turpín, en una nota de prensa publicada poco después, lo enmarca en un pacto PP-PSOE con la siguiente y literal frase: "tras las conversaciones mantenidas con el alcalde y el concejal de Hacienda, y siguiendo sus indicaciones, se solicita la rebaja de la liberación, lo que ahora se nos niega", que el PSOE desmiente en otra nota de prensa, cambie de opinión y decida votar en contra al darse cuenta de la “jugada”. La petición del portavoz de los socialistas al portavoz del PP de que se comprometieran a aceptar la resolución de incompatibilidad de María Turpín y a devolver las cantidades cobradas indebidamente y el silencio de Manuel Egea, confirmó definitivamente las sospechas que rondaban entre las filas del PSOE.

El mismo día en que se celebraba el pleno, la interventora municipal, a petición del alcalde, emitía un informe en el que concluía “debe procederse al reintegro de las cantidades percibidas por dicho concejal” e “iniciarse expediente de reintegro”.

Con la negativa de la mayoría del pleno a asumir las pretensiones de María Turpín y de Manuel Egea quedaba claro, como expresó el portavoz de IU-Verdes, Francisco Saorín, en su intervención, que el pleno está para resolver la situación de los que no forman parte de él, los vecinos, no la de una concejala que “ha querido comerse todos el pastel y ha terminado empachada”.