Francisco Saorín, coordinador de la formación rojiverde en Cieza, destaca que la norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización y elimina la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, entre otras medidas.
La pasada semana, el Congreso de los Diputados, por una amplia mayoría de 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones daba luz verde a la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la primera norma en el ámbito estatal que protege a los menores frente a las distintas formas de violencia.
Mediante un comunicado de prensa, IU-Verdes de Cieza ha mostrado su satisfacción por la aprobación de lo que será, tras su paso por el Senado y entrada en vigor, la primera ley de protección a la infancia frente a la violencia.
Francisco Saorín, coordinador de la formación rojiverde en Cieza, ha destacado que la iniciativa legislativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, "se ha enriquecido" durante su tramitación en la Cámara Baja con la incorporación de más de 200 enmiendas, de las cuales más de 70 han sido transaccionadas.
Asimismo, ha explicado que la norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización y elimina la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, entre otras medidas.
También ha incidido en que el texto de la nueva Ley prohíbe la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría acientífica que se utiliza en procesos de separación para retirar la custodia de los hijos a las madres; elimina la posibilidad de la guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género; e incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.
De otra parte, el dirigente de IU-Verdes ha recordado que en el año 2019, el 46,2% de las víctimas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron menores de edad (7.250 víctimas identificadas), según fuentes del Ministerio de Interior, mientras que en 2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia contra menores en el ámbito familiar, aunque las alertas por sospechas superaron las 16.700 notificaciones.
Saorín ha concluido sus declaraciones diciendo que "pronto esta ley esencial va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental: el de los niños y niñas que viven en nuestro país a tener una vida segura, libre de violencias, una vida que les permita ser felices".
