El coordinador de los ecosocialistas ciezanos, Francisco Saorín, recuerda que “esta ley, que ha sido aprobada con el único rechazo de PP y Vox, arrancó su andadura en 1988 cuando Izquierda Unida llevó por primera vez el debate de la muerte digna al Congreso”.

El pasado jueves, la Cámara Baja aprobaba de forma definitiva la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia. Con este acuerdo, y tras varios intentos, por fin esta ley elaborada colectivamente desde Unidas Podemos añade un nuevo derecho que nos dignifica como personas.

En un comunicado de prensa, el coordinador de IU-Verdes de Cieza, Francisco Saorín, ha declarado que “gracias al trabajo de activistas y profesionales de la sanidad pública durante años, la Ley de Eutanasia es ya una realidad y nos convierte en un país más humano”.

Asimismo, ha incidido en que España se convierte así en el sexto país del mundo que ha legalizado esta práctica, aunque algunos Estados más permiten el suicidio asistido y otros están en proceso. La ley española facilita ambas cosas, tanto que el paciente se autoadministre el medicamento que provoca la muerte con supervisión médica (suicidio asistido) como la eutanasia: la administración por parte del médico de la sustancia al enfermo terminal.

Saorín ha subrayado que la ley formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y podrá ser solicitada por las personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

Objeción de conciencia

La ley, que especifica que el paciente tiene que confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso -lo que será controlado por una comisión de garantías y la persona que lo solicite podrá echarse atrás en cualquier momento-, incluye la posibilidad de objeción de conciencia del médico. En el supuesto de querer hacerla valer, deberá comunicarlo por escrito y por anticipado. En todo caso, esta facultad del facultativo no podrá bloquear el derecho del paciente para que sea otro especialista el que se encargue de su caso.

El enfermo deberá solicitar oficialmente dos veces la muerte asistida. La norma impone un espacio de 15 días entre ambas solicitudes. A raíz de esas peticiones, la ley prevé la apertura de “un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre los posibles cuidados paliativos”.

Finalmente, el coordinador de los ecosocialistas ciezanos ha valorado de “gran avance” que 28 años después de que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia en España, el Congreso de los Diputados viviera el pasado jueves un “día histórico”, lamentando, aunque no extrañado, de los únicos votos en contra de PP y Vox de esta ley que entrará en vigor dentro de tres meses.