El coordinador de los ecosocialistas ciezanos, Francisco Saorín, subraya que las comunidades gestionarán el fondo, pero el Estado establecerá los requisitos para recibir la ayuda, que podrá destinarse a pagar deudas con proveedores.

El pasado viernes 12 de marzo, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el decreto de ayudas a pymes y autónomos dotado con 11.000 millones de euros, tal como anunció hace unas semanas el presidente Pedro Sánchez. De esa cantidad, 7.000 millones serán para ayudas directas a pymes y autónomos.

En un comunicado de prensa, el coordinador de IU-Verdes de Cieza, Francisco Saorín ha celebrado que el plan de 11.000 millones de euros para apoyar a los sectores y empresas más golpeados por la pandemia de coronavirus incluirá 7.000 millones de ayudas directas; unas  ayudas que irán destinadas a las empresas, pymes y autónomos de sectores especialmente afectados por la crisis, como el turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.

Junto a las ayudas directas, el plan incluye una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para aumentar los plazos de los avales y su importe. También se permitirá convertir los créditos en préstamos participativos y, como último recurso, dar transferencias directas a pymes y autónomos que permitan reducir el capital principal.

La tercera pata del programa será el fondo de recapitalización de 1.000 millones, que será gestionado por Cofides y que complementa al fondo SEPI de 10.000 millones para grandes empresas. El de Cofides se destinará a reforzar el balance de empresas más pequeñas.

En cuanto al plazo en el que tanto empresas como autónomos podrán empezar a cobrar a este paquete de ayudas, el compromiso pasa por que las comunidades autónomas reciban la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de “un mes y diez días”, habiendo firmado previamente el correspondiente convenio, lo que aplaza la esperada fecha como mínimo al mes de mayo.

Por otra parte, el coordinador de IU-Verdes de Cieza ha informado de que las ayudas podrán oscilar entre 3.000 y 200.000 euros y podrán destinarse para pagar a proveedores, pagar salarios y alquileres o pagar deudas financieras y no financieras.

Asimismo, no podrán acceder a estas ayudas aquellas empresas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción o tengan su domicilio en paraísos fiscales.

Acogerse a estas ayudas implicará mantener la actividad hasta junio 2022 y no repartir dividendos ni subir el sueldo de sus directivos durante dos años.

Serán las comunidades las que lo gestionen

A diferencia de lo ocurrido con la distribución de los 11.000 millones, serán finalmente las comunidades autónomas las responsables de su gestión, aunque la administración central controlará que s cumplen los requisitos.

Los requisitos para obtener las ayudas serán los mismos en todo el territorio, es decir, que las comunidades no podrán establecer condiciones diferentes. Para acceder a las ayudas, las empresas deben demostrar haber perdido una parte importante de su facturación el año pasado -posiblemente un 30% o más, aunque el porcentaje exacto no está cerrado-.

Finalmente, Saorín ha dicho que las ayudas no podrán utilizarse discrecionalmente, sino que estarán destinadas únicamente a cubrir los gastos fijos de la empresa, entre los que se cuentan el alquiler del local, los suministros de agua o electricidad o el pago de deudas a proveedores. Por el contrario, no podrán utilizarse estas ayudas a gastos indirectos como el personal, para los que ya hay diseñados instrumentos como los ERTE.