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Molina advierte en Cieza del vacío que existe para aplicar la Ley de Transparencia en los ayuntamientos Featured

El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, ofreció este miércoles por la mañana una conferencia a alumnos del IES Los Albares para trasladarse posteriormente al Ayuntamiento, donde se reunió en el Salón Azul con los gerentes de las empresas municipales y los concejales.

El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, pidió que se modifique la ley regional de 2014 que la regula porque no recoge el buen y activo gobierno de la administración autonómica y deja un vacío legal al no contemplar la actuación de ayuntamientos.

Consideró que la transparencia es un "poliedro de cinco caras", de las que la legislación autonómica solo ha recogido tres: la publicidad activa, el derecho al acceso a la participación y el derecho a la participación ciudadana.

Por ello, pidió que se reforme la ley para que haya un "tratamiento integral" de esta materia, que además debe contemplar la retroactividad para amparar las solicitudes de los ciudadanos previas a 2014, al tiempo que ha abogado por que el Gobierno elabore un plan estratégico de cinco años para "saber qué transparencia queremos".

A su juicio, debería cubrirse además "el vacío legislativo" sobre la transparencia en los ayuntamientos, puesto que la legislación nacional de 2013 regula que debe ser la norma autonómica la que lo haga, pero la murciana no lo hizo por "prudencia", algo que pidió solucionar para que "nadie quede desamparado".

Sobre la publicación de los datos de los funcionarios y personal de la administración autonómica, recordó que el acceso a todas las funciones y retribuciones de los trabajadores públicos en la web de la transparencia creada por el Gobierno regional es un "derecho reconocido por la ley", aunque sin dar los datos personales.

Según sus palabras, la publicidad activa debe contemplar los salarios, los complementos e incentivos de cada puesto, de forma individual en los de nivel 26 o superior en la relación de empleos, entre los que incluyó a los cargos de libre designación, alta dirección en las administraciones regional y locales y entes públicos, personal de confianza, eventual y de gabinete.

 

De esta forma, Molina se mostró convencido de que se "impedirá la discriminación en las retribuciones" entre puestos del mismo nivel y función.

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