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Un informe incluye a Cieza entre los casos de corrupción urbanística por el 'Caso Benís' Featured

Elaborado por el Instituto Francés de Geopolítica sitúa a la Región de Murcia como líder de la corrupción urbanística en España, afirmando que es la única comunidad autónoma de nuestro país con más de un 50 por ciento de los municipios ‘tocados’ por las corruptelas inmobiliarias en ayuntamientos.

El Instituto Francés de Geopolítica (IFG) ha realizado un informe pormenorizado por comunidades autónomas sobre la corrupción urbanística en España, en el que Murcia tiene el infausto honor de aparecer como la región española con un mayor porcentaje de municipios afectados por casos de corrupción urbanística (casi un 60 por ciento). Entre estos municipios se sitúa Cieza.

Hay que recordar que, el pasado mes de octubre,  la Audiencia Provincial de Murcia confirmaba la imputación del exalcalde de Cieza Antonio Tamayo y de otras tres personas que se encuentran inmersas en el conocido por "caso Benís", que investiga un presunto caso de corrupción en la recalificación de terrenos ubicados en este paraje que presuntamente beneficiaba a la hermana de la exconcejal de urbanismo y nuera del alcalde.

Así se recoge en varios autos dictados por este tribunal, que desestima el recurso presentados por Tamayo y, también, por el secretario municipal, Bartolomé Buendía, y el promotor del convenio urbanístico que dio origen a estas actuaciones, Renán Teresa.

En la resolución judicial que desestima el recurso del exalcalde, se indica que en el auto del Juzgado de Cieza por el que se acordó transformar las diligencias en procedimiento abreviado sí contenía "fundamentación suficiente sobre la atribución de hechos presumiblemente delictivos".

Así, recuerda que el auto recurrido señalaba que de las actuaciones llevadas a cabo por el juez "se desprende que el alcalde Antonio Tamayo firmó un plano que se entiende falso, en el que aparecía una inexistente delimitación del sector Benís".

Y añade que "lo que se discute en el presente pleito es si la aprobación por la Corporación municipal en el pleno de 24 de noviembre de 2004 del convenio urbanístico a suscribir con la empresa "Dignitas" llevaba incorporado un plano de delimitación del territorio o, por el contrario, no existía y el único válido fue el que fue presentado en rueda de prensa en enero de 2006.

Ese documento, añade el auto, lleva la firma del apelante, al ser entonces el alcalde de esta población murciana.

Según la denuncia presentada en su día por Izquierda Unida (IU), que dio origen a estas actuaciones, se pudo producir un cambio de planos al estallar el escándalo de que una hermana de la entonces concejala de Urbanismo resultaba beneficiada con la recalificación urbanística y como un medio de ocultar esa circunstancia.

"No hay duda -dice la sala- de que las tierras que se sacaron del proyecto son propiedad de la hermana de la concejal, y tampoco hay duda de que el plano finalmente aprobado solo aparece firmado por el alcalde y el secretario del ayuntamiento, sin la mínima formalidad necesaria o posible a tener en cuenta en un proyecto urbanístico de las dimensiones de este".

El proyecto, que finalmente no se llevó a cabo, recogía la clasificación como suelo urbano residencial de 270 hectáreas, y en el mismo se preveía la construcción de 5.200 vivienda, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel de lujo.

Según ha podido saber Latalaya, en estos momentos el proceso se encuentra pendiente de que tanto el fiscal anticorrupción, como la acusación popular que ejerce IU-Verdes formulen los escritos de acusación, paso previo a la apertura de juicio oral.

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