Vergara demanda que las empresas que pujen por contratos públicos certifiquen que cumplen el principio “a igual trabajo, igual salario” que inspira nuestra Constitución.
Acabar con la discriminación salarial de género y acortar radicalmente la brecha salarial entre hombres y mujeres será llevada a pleno por Ciudadanos Centristas Ciezanos exigiendo que las empresas que se presenten a contratos públicos certifiquen que cumplen con el principio de “a igual trabajo, igual salario” recogido en la declaración universal de Derechos Humanos, al que se remite nuestra Constitución en el art. 10.2 de los deberes y derechos fundamentales de los españoles.
“Realmente causa perplejidad que los poderes públicos, que deben ser garantes de la igualdad entre hombres y mujeres toleren, por inacción u omisión, el sistemático incumplimiento de este principio informador de los derechos humanos”, argumenta el portavoz municipal de CCCi, José Luis Vergara, para quien “ya es hora de pasar a la acción emprendiendo medidas activas y positivas para que se cumpla la legalidad más básica y esencial en el mundo laboral y creemos que los contratos públicos pueden ser una eficaz herramienta para luchar desde las administraciones, de verdad, por la igualdad salarial entre hombres y mujeres”.
La desigualdad salarial de género para el mismo puesto de trabajo que se cifra en nuestra región en torno a un 19,3% y una brecha salarial superior al 25% entre hombres y mujeres “debe ser combatida inmediatamente y con radicalidad”, afirman desde la formación ciezana, que pretende llevar a la realidad la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2011 para la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres.
Según CCCi las empresas deberían acoger las recomendaciones de la consejería de Igualdad sobre autodiagnóstico de brecha salarial, como la universalidad del sistema retributivo para todos los miembros de la organización y su publicación y transparencia, eliminando las interpretaciones particulares y reduciendo la arbitrariedad, controlando así las diferencias salariales, sobre todo las que inciden en complementos, variables y diferentes tipos de contrato amparadas en una opacidad empresarial indeseable “y desde luego debe ser exigible, para quien quiera contratar con nuestro ayuntamiento, una deontología laboral encaminada a la igualdad salarial” .
La propuesta que defenderá en el pleno Vergara Giménez afectará este año a las empresas con una desigualdad salarial superior al 10% (al 5% para 2018) poniendo la fecha límite de 2019 para la certificación de la igualdad real de salario. “O bien se introducen cláusulas de exclusión para los incumplidores, que es lo que verdaderamente pretendemos o bien se recogen bonificaciones para aquellas empresas que demuestren una menor brecha salarial, por eso hemos solicitado un informe jurídico que, en su caso, debe respaldar el objetivo que nos hemos propuesto, porque lograr una mínima rebaja en los contratos municipales a costa de permitir la discriminación salarial es un mal negocio, un ahorro vergonzoso y vergonzante que debemos desterrar de los contratos del sector público y, de lograrlo, por el contrario, podemos lograr un efecto multiplicador estableciendo ese criterio básico”.
