Ésta conclusión, extraída del informe del relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos, nombrado en 2015, que no duda en hablar de “prácticas fraudulentas “ en la educación privada, fue el colofón de la conferencia organizada por IU-Verdes de Cieza, ofrecida este martes por la profesora Ana Valencia en la Biblioteca Municipal.

Ya el título, “La Lomce, el negocio de la educación”, presagiaba que la conferencia que este martes ofreció la profesora Ana Valencia en la Biblioteca Municipal de Cieza, ante una sala completamente llena de asistentes a pesar de ser el festivo “martes de reventón”, iba a transcurrir por unos derroteros alejados de las discusiones pedagógicas sobre la ley, como así fue.

La presentación de la conferenciante corrió a cargo del joven activista de la asociación juvenil ‘La Empedrá, Jesús Enrique Lengua, que hizo una clara referencia a la necesidad de apoyar la huelga del 9M, por la mercantilización que está sufriendo la educación, por lo que apuntó que “hay que luchar contra este sistema que nos está quitando todas las asignaturas que nos hacen pensar”.

La ponente, Ana Valencia, comenzó su intervención, que fue acompañada en todo momento por numerosa documentación que se proyectó en power point sobre la pantalla, diciendo que “el sector más engañado por una ley que se define como mejora de la calidad de la educación, son los padres”, para a partir de aquí incidir en que el punto de partida de su exposición tenía que arrancar de una reflexión sobre la “propaganda intensa” que se viene haciendo acerca de la baja calidad del sistema educativo, la sustentación de la Lomce sobre “estudios no fiables”, la “proliferación de generalidades” en su defensa, y en la ausencia de transparencia en la “cifra de negocios que existe alrededor de la educación”.

Tras un repaso a numerosos artículos de prensa, todos ellos defensores de la ley, referidos a fallos en el sistema educativo, a los informes PISA y de la OCEDE, entre otros, se preguntó ¿cómo se puede hablar de fracaso de nuestro sistema educativo si enviamos tantos titulados al extranjero?, respondiendo que la clave está en que el diagnóstico de que el sistema educativo que sostienen que éste está en crisis encierra la apetencia de fondos públicos por parte de centros privados concertados, fundaciones y evaluaciones externas.

Respecto a al desvío de dinero a los centros privados concertados, señaló que la Lomce en su artículo 16 recoge explícitamente que los nuevos centros privados concertados se podrán hacer sobre suelo público, señalando irónicamente el caso del exconsejero autonómico de Madrid, Granados, hoy en la cárcel, que por cada nuevo centro se llevaba 900.000 euros; y en el 116.7 se concreta que “el concierto para las enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular”, lo que equivale a que lo que antes estaba sujeto a baremo ahora es discrecccional.

En cuanto a las fundaciones, Ana Valencia, sostuvo que hay más de 13.000 registradas y que suponen la parte más opaca por su ligazón entre ellas y empresas ajenas al sistema educativo.

El informe PISA, fue el tercer elemento que la ponente empleó para demostrar cómo se está privatizando a marchas forzadas la educación; un informe en que se han basado los redactores de la Lomce para justificar su implantación “ante el fracaso del sistema educativo anterior” . Así, lo cuestionó porque se trata de “un examen realizado por una empresa privada encargado por una entidad privada dedicada a la economía”, resaltando que el último habla de mejoría de los parámetros evaluados en España “pese a que no había entrado en vigor la Lomce”.

La ponente, afirmó que PISA, contratada por la empresa Pearson, que nada tiene que ver con la educación, no es más que un examen que solo incluye algunos contenidos, que no tiene en cuenta parámetros locales y que está convirtiendo a la educación en un “entrenamiento para superar exámenes”.

Finalmente, Ana Valencia, tras criticar la proliferación de las evaluaciones externas “que sirven para poco y suponen un importante gasto mientras se ha perdido el 16% de inversiones”, concluyó su exposición desvelando que la ONU mandó en 2015 un relator de Derechos Humanos para realizar un informe sobre la comercialización que se está haciendo con la educación y que éste, en su informe, “mostró una preocupación generalizada sobre los efectos de la privatización de la educación”, con “prácticas fraudulentas”, por lo que animó a rebelarse contra esta ley y los interés económicos e ideológicos que hay detrás de ella.