Los documentos apuntan a que los gobiernos autonómicos cerraron la puerta de los hospitales a una parte de los ancianos afectan de momento a Madrid, Castilla y León, Galicia y Cataluña.

Fernando Varela/Infolibre.- El PP redobló este miércoles su ofensiva contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para tratar de culparle de las muertes las residencias de mayores durante la pandemia y desviar así la atención de la responsabilidad de sus Gobierno autonómicos, especialmente el que preside Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Iglesias, cuya departamento en el Gobierno de coalición se ocupa precisamente de los servicios sociales —una materia transferida a las comunidades autónomas, igual que la sanidad—, es de momento el único miembro del Ejecutivo que está señalando la gravedad de lo ocurrido en las residencias de mayores, especialmente en las de la capital de España. La estrategia conservadora no es casual: responde una orden directa de su presidente, Pablo Casado.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que dirige el expresidente José Maria Aznar, se sumó este miércoles a las acusaciones al decir que Iglesias trata de “dar la vuelta a la realidad” con el mando único al culpar a comunidades autónomas de la gestión en residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus.

Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre atribuyen la estrategia del PP al “enorme problema” judicial y político que se le viene encima a los Gobiernos autonómicos que restringieron los servicios hospitalarios a los usuarios de las residencias de mayores. Tienen el Gobierno de Madrid “partido en dos” y al mismo tiempo no saben cómo hacer frente a la presión de una ultraderecha que les está “comiendo la tostada”.

Las informaciones publicadas por infoLibre sobre este asunto —corroboradas después por las declaraciones del consejero de Servicios Sociales de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos)— demuestran que durante lo peor de la pandemia el Gobierno madrileño privó a miles de ancianos de la atención médica a la que tenían derecho, condenándoles a morir en las residencias.

Iglesias ha denunciado en los últimos días la gravedad de lo ocurrido, calificándolo de “escándalo deleznable”, y, citando al consejero de Ayuso, ha subrayado también la inmoralidad y posiblemente la ilegalidad de las actuaciones del Gobierno madrileño. En defensa de Ayuso, el PP trató de poner en él el foco y acusarle de esas muertes con el argumento de que la Vicepresidencia Segunda asumió el 19 de marzo tareas de coordinación en la relación con las residencias.

Nada más lejos de la verdad. La orden con la que el Gobierno asumió el mando único al amparo del estado de alarma es pública y puede consultarse. Las comunidades autónomas nunca perdieron sus competencias. En su articulado facultó literalmente a “la autoridad competente de cada comunidad autónoma” a intervenir los centros residenciales que considerara oportuno y sometió además los centros sociales “a la inspección de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas” además autorizar a “las autoridades competentes de cada comunidad autónoma” a dictar las disposiciones necesarias para garantizar la eficacia de esta orden. Lo que hizo el Gobierno de España, ha repetido el vicepresidente segundo en los últimos dias, “fue aumentar las competencias de las comunidades, darles 300 millones para contratar personal para las residencias” y otorgarles la facultad de repartir equipos de protección personal en la residencias al mismo nivel que en los hospitales.

Protocolos e instrucciones

El protocolo de la Comunidad de Madrid que punlicó infoLibre lo confirma, si bien todo indica que no fue el Gobierno de Ayuso el único que actuó de esta manera. La Junta de Castilla y León ordenó a finales del mes de marzo que los ancianos de las residencias enfermos de covid-19 no fuesen trasladados a los hospitales y no cambió de criterio hasta el 16 de abril, cuando el peor pico de la pandemia había pasado. Así lo demuestran documentos firmados por las gerencias de Salud y Servicios Sociales hechos públicos por eldiario.es. Y en Galicia la Xunta decidió excluir a los residentes con dependencia severa o gran dependencia del traslado a las residencias medicalizadas de Porta do Camiño, en Santiago y Baños de Molgas en Ourense, según un protocolo al que tuvo acceso la cadena SER.

El Govern de la Generalitat de Catalunya también parece estar bajo sospecha. La Consellería de Salut y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) recomendaron a los profesionales sanitarios no ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a pacientes de más de 80 años en el marco de la pandemia de coronavirus, según un comunicado interno divulgado por Europa Press.

A pesar de estas evidencias y de las denuncias que están presentando los familiares de los ancianos fallecidos, el número dos del PP, Teodoro García Egea, se desentendió este miércoles en el Congreso de la pregunta que había presentado al vicepresidente Iglesias y se lanzó de frente a acusarle de esas muertes. “Usted asumió el mando único de las residencias de mayores” y “es usted del único que manda en este tema”. “Los que de verdad han salvado vidas en esta pandemia son los presidentes autonómicos del Partido Popular”, proclamó García Egea antes de cerrar su intervención insinuando que el origen de los contagio en España fue la manifestación del 8M en Madrid.

Iglesias no rehuyó el debate. “Que ustedes mientan no es una novedad. Pero que lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo cuando se trata de vidas de ancianos en este país es algo deleznable incluso para ustedes”, condenó. “Ustedes tuvieron la indecencia de negar la existencia de la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital. ¡Qué poca vergüenza señoría!”, concluyó el vicepresidente en medio de gritos y abucheos de los diputados del PP.

La réplica del vicepresidente se suma a sus intervenciones de los últimos días en medios de comunicación, en Moncloa y en sede parlamentaria. “La ciudadanía no va a consentir que el PP trate de mentir sobre algo que ha causado tanto dolor y tantos fallecidos como lo sucedido en las residencias de mayores durante esta pandemia”, aseguró. “La derecha se dedica a la crispación porque sabe que la mayoría social en España nunca más va aceptar recortes y privatizaciones en la sanidad pública, nunca más va aceptar que se ataquen los derechos laborales de trabajadores que se han demostrado esenciales, nunca más va a aceptar las amnistías fiscales a los defraudadores, nunca más va a aceptar que se usen los recursos de todos para rescatar solo a una minoría de privilegiados y nunca más va a aceptar la corrupción”.

Mientras el PP trata de poner a Iglesias en la diana y rehúye hablar de la responsabilidad de sus gobiernos autonómicos, las investigaciones de carácter penal abiertas por la Fiscalía por posibles delitos en residencias de ancianos durante la pandemia por covid-19 ya sumanl 186, según la última actualización de la Fiscalía, que incluye la existencia de 21 procedimientos ya en insntrucción en diferentes juzgados penales españoles, la apertura de 11 nuevas diligencias de investigación fiscal y el archivo de dos de las ya iniciados respecto de la semana anterior.

Madrid sigue encabezando los posibles casos de conducta criminal en estos centros, con un total de 87 expedientes en trámite y seis asuntos que ya se instruyen en los juzgados.

También según la última estadística facilitada por la Fiscalía General de Estado sólo hay cinco comunidades que continúan sin tener ningún asunto abierto por la gestión de sus residencias de ancianos: Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco.