El objetivo último de estas actuaciones, según recoge una nota enviada a las inspecciones provinciales, es "garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en el desarrollo de esta campaña agrícola, así como salvaguardar la dignidad de los mismos frente a posibles agresiones"

Raúl Bocanegra/Público.- El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz (Unidas Podemos), se había puesto serio antes de la emergencia sanitaria con los abusos laborales en el campo y había ordenado a la Inspección, en la misma línea que ya se hacía en años anteriores, que investigase en esta campaña agraria, entre los meses de mayo y junio, los excesos de todo tenor, desde infracciones administrativas hasta delitos. Incluso delitos de trata de seres humanos y situaciones de posible "esclavitud".

La campaña de Trabajo –cuyas directrices quedaron plasmadas en un documento que publicó el periodista Antonio Salvador en El Independiente el pasado 12 de mayo– recogía que el objeto último de estas actuaciones, según una nota enviada a las inspecciones provinciales, es "garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en el desarrollo de esta campaña agrícola, así como salvaguardar la dignidad de los mismos frente a posibles agresiones y abusos".

En la nota, Trabajo recoge, en virtud de convenios ya existentes, la participación de la Guardia Civil y, en su caso de la Policía Nacional o Autonómica para "investigar en profundidad" todos los hechos o conductas "presuntamente delictivas".

Esa nota llevaba un cuestionario anexo, "una herramienta a disposición" de inspectores y agentes, quienes valorarán "la conveniencia de que las actuaciones, en especial, la entrevista con los trabajadores sea más o menos exhaustiva, […] pudiendo no ser necesario profundizar en algunos aspectos".

El objetivo del cuestionario es, según se lee en la propia nota, "la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre".

Esta redacción está extraída en parte del artículo 177 bis letra a del Código Penal que establece condenas de entre 5 y 8 años de cárcel para quien sea declarado culpable de un delito de trata de seres humanos y sigue la terminología de otros textos relevantes en esta materia, como "el trabajo forzoso y la trata de personas. Manual para los inspectores de trabajo", de la OIT, según Trabajo.

El cuestionario abarca diversos temas, desde la prevención de riesgos laborales, los alojamientos, las medidas para evitar el acoso sexual y laboral, el alta en la Seguridad Social, revisión de los contratos de trabajo, y también preguntas como estas y otras similares "¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras?; ¿muestra el trabajador signos de ansiedad?; ¿notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia?"

Los excesos y abusos que se han producido en el campo están perfectamente documentados en reportajes, en denuncias de los trabajadores y también en distintos informes de asociaciones y de ONG. Las organizaciones agrarias siempre han asegurado que no son generalizados y han llegado incluso a negarlos en algunas ocasiones.

Los organismos internacionales también se han interesado por la situación de la mano de obra en las fincas españolas. El relator de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston, el pasado mes de febrero, tras unas dos semanas en España, se confesó "pasmado" ante las cosas que llegó a ver en alguna finca fresera de Huelva.

"Las condiciones que vi en los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados. Me encontré con trabajadores en un asentamiento para migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que yo he visto en ninguna parte del mundo. Están a kilómetros del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado", dijo Alston.

El relator criticó además que mientras hay migrantes que viven en condiciones laborales "inhumanas", algunas grandes compañías se enriquecen. En concreto, señala que en la temporada 2018-2019, la cosecha de fresa en Huelva tuvo un valor de 533 millones de euros, y llegó a nombrar a una de las mayores empresa del sector, Driscoll's.

Enfado en la patronal

El uso de la expresión "esclavitud" y el cuestionario ha causado indignación en la patronal agraria Asaja, que ha pedido al presidente Pedro Sánchez el cese de la ministra Díaz por este asunto. Las protestas de los patronos han encontrado eco en la derecha andaluza, interesada siempre en desgastar al Gobierno andaluz: hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha decidido entrar en el asunto.

Asaja calificó la campaña de Trabajo de "sorprendente" y agregó que era "inaceptable" que se pusiera en "duda" al sector. En un durísimo comunicado, Asaja señaló que esa "duda" que, en opinión de la patronal, proyecta la campaña de Trabajo sobre el sector, "no tiene nada que ver con la realidad actual del campo español" y añadió que mensajes sobre la posible existencia de trabajadores en situación de "esclavitud no ayudan a la convivencia pacífica".

Sobre las preguntas, Asaja manifestó que "son inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra".

Fuentes del ministerio, consultadas por Público, manifestaron al respecto: "El Ministerio de Trabajo debe tener protocolos específicos para todos los supuestos y en todos los sectores. También en este caso".

Moreno se alineó con la patronal agraria y acusó al Gobierno de "criminalizar" al sector agroalimentario. "En los peores momentos de la crisis han estado ahí, trabajando para que los productos frescos llegaran a nuestras mesas todos los días", dijo el presidente de la Junta.

"Hay que tratar bien a los sectores que son productivos no haciendo afirmaciones desde el ministerio en las que parece que los empresarios agrícolas quieren esclavizar a los trabajadores. No hay que criminalizar a un sector que está perfectamente reglado, ordenado y funciona de manera esencial", agregó Moreno.

El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, replicó al presidente en su cuenta de Twitter: "Defender al campo andaluz es defender a sus agricultores y a los empresarios que juegan limpio, no ponerse del lado de los piratas. El Gobierno andaluz y sus socios de Vox dejan claro con quiénes están cuando se indignan por pedir que se investiguen prácticas esclavistas".

El contexto

En la nota, Trabajo afirma a modo de contexto lo siguiente: "Como se ha ido viendo en años anteriores y teniendo en cuenta la información con la que pueden contar tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Fiscalía de Extranjería, los abusos que se pueden producir en el campo no se circunscriben únicamente a cuestiones en materia de Seguridad Social o, en el caso de trabajadores extranjeros, de faltas de autorización para trabajar; sino que se extienden a cuestiones laborales relativas a tiempo de trabajo, salarios, así como supuestos de prestaciones de servicios a través de la intermediación empresas o personas físicas que actúan de forma ilegal en el mercado laboral; y también cuestiones relativas al ámbito de la prevención de riesgos laborales".

Agrega además la nota enviada a las inspecciones provinciales: "Por parte de distintos tipos de asociaciones, medios de comunicación, o incluso de la Administración, ya se ha alertado sobre el posible incremento de casos de explotación laboral y de trata de seres humanos en el sector agrícola dada la excepcional situación que se está viviendo actualmente. Situaciones a las que podría contribuir además la posible percepción de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, habida [cuenta] de las restricciones y dificultades de movilidad, no van a llevar a cabo durante estos meses las campañas agrícolas".