Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley, el mayor de la historia para crear ese escudo económico y social.
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley que contiene un ambicioso paquete de medidas con la finalizad de movilizar 200.000 millones de euros para crear un escudo económico y social “para que nadie se quede atrás” por la pandemia-crisis del CoVid-19.
El Real Decreto ley, el mayor de la historia, tiene como finalidad frenar la caída de la producción y el empleo, doblegar esa curva de caída y recuperar la economía en cuanto la situación sanitaria mejore.
Para ello, se contempla movilizar hasta 200.000 millones de euros - cerca de un 20% del PIB -, 117.000 millones públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Esto supone un esfuerzo enorme que responde a la magnitud del desafío social y económico y al compromiso del Gobierno.
Con esta medida, el Gobierno quiere dejar claro que no va a dejar a nadie atrás, apoyando a las familias vulnerables, a todos los trabajadores, a las empresas y autónomos, y a la investigación científica y médica
600 millones de euros se destinarán a prestaciones básicas servicios sociales de CCAA y ayuntamientos. También, se contempla la asistencia sanitaria de las personas mayores, personas dependientes, así como que la protección alcance la mayor cobertura posible, y la ampliación de la protección a los suministros de agua y electricidad y las telecomunicaciones.
Con el RD se garantiza el derecho a vivienda para lo que se pone en marcha una moratoria de las hipotecas para personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que nadie sea desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil.
Se trata de un potente conjunto de medidas para proteger el empleo y evitar que una crisis temporal tenga un impacto permanente. Entre ellas, cabe destacar, para los asalariados que puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo incluso al 100% para conciliar; establecer el teletrabajo como medida principal y promover ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los ERTEs. Los ERTEs causados por la crisis serán considerados fuerza mayor y los trabajadores tendrán acceso a las prestaciones por desempleo. Una medida que no penaliza al paro acumulado.
En cuanto a los autónomos, se flexibiliza el acceso a la prestación con cese de actividad, se da una exención de pagos, cuotas y ERTEs. Los autónomos que vean reducidos sus ingresos puedan percibir la prestación por cese de actividad.
Por otra parte, se priorizará la suspensión de contratos y reducción de jornadas frente al despido de trabajadores, quedando las empresas exoneradas de pago cuotas a la Seguridad Social en caso de ERTES
El Estado va a proporcionar toda la liquidez necesaria al tejido empresarial. Las empresas necesitan liquidez y el Gobierno se la va a dar. Para ello, ha aprobado una línea de avales de ayudas públicas por 100.000 millones de euros, siendo el Estado el garante de las operaciones.
En el paquete, también se incluye, avales a empresas exportadoras de 2.000 millones de euros, medidas para facilitar reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas por la sequía, digitalización e i+d para facilitar teletrabajo , así como impedir que empresas exteriores de la UE se puedan hacer con empresas españolas aprovechando la caída del valor de sus acciones.
Asimismo, se da un compromiso con el refuerzo de la Investigación científica, para lo que se dedica 30 millones de euros a esta investigación, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Instituto Salud Carlos III.
En cuanto a la movilidad, se limita la libertad de circulación no solo a las vías de uso público, sino también a las playas. Las actividades deben realizarse de manera individual, salvo personas mayores, menores o discapacidad y se permite que abran al público: centros sanitarios, veterinarios, peluquería a domicilio. Habilitándose al Ministerio de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades permitidas.
