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Adiós Gürtel, hola 3% Featured

El argumentario independentista incorpora la corrupción del PP como una de las razones para la creación de un estado catalán

Jordi Mercader/El Plural.- La base de la reivindicación independentista ha sido, tradicionalmente, el soberanismo: si Cataluña es una nación, un sujeto político con capacidad de decidir, puede apostar por la formación de su propio estado. Y aunque no todos los soberanista son independentistas -algunos creen en la viabilidad de una España plurinacional siempre que esta España reconozca el derecho a decidir de los catalanes-, todos los independentistas son soberanistas. O lo eran.

En los últimos años, la aspiración independentista ha ido incorporando diversos argumentos ad hoc para asentar la base social de la reclamación. El último ha sido la corrupción del PP. El diputado de ERC, Joan Tardà se lo dijo a Mariano Rajoy en el pleno extraordinario sobre la corrupción: “¿Porqué creen que nos queremos ir, que queremos fundar una república? Porque estamos hartos de la corrupción. ¿Creen que somos imbéciles? Queremos sociedades libres y por eso la fundaremos”

El independentismo ha crecido muy significativamente hasta alcanzar la mayoría en el Parlament a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto refrendado por los catalanes. El primer impulso se lo regaló el TC, luego se impuso el mantra Espanya ens roba, a partir del permanente déficit fiscal de Cataluña. Tras una salida muy potente a nivel popular, la idea fue decayendo por el riesgo de asociación a los preceptos insolidarios de la Lega Norte; por la confusión creada por la discusión teórica entre déficit calculado sobre flujo monetario (unos 14.000 millones según las últimas cifras) y déficit según el método de carga-beneficio (unos 10.000 millones); y por la prudencia aconsejada por la crisis económica y la aparición del FLA, que otorgó a la Generalitat la liquidez imprescindible para pagar las facturas más apremiantes.

Callaron prudentemente cuando la CUP forzó la retirada de Artur Mas

El siguiente argumento fue el de la escasa calidad democrática del Estado español. La oposición a autorizar el referéndum, la actuación judicial y la inhabilitación de los promotores del 9-N, la apertura de causas contra los componentes de la Mesa por permitir la discusión y aprobación de la declaración soberanista, se tradujo en el eslogan votar es democracia y, por consiguiente, quienes se oponen a ello no son demócratas. Sin embargo, el perfeccionamiento democrático a través de la desobediencia al estado de derecho para crear un nuevo estado de derecho presenta algunas dificultades jurídicas, aunque se justifique en la pertinaz negativa del gobierno del PP a presentar ninguna propuesta que no sea la aplicación de la legislación vigente.

La incorporación de la corrupción del PP como razón complementaria para separarse de una España estructuralmente corrupta y así poder crear una república feliz y libre de corruptos, presenta alguna contradicción, dada la realidad catalana en este tema. De hecho, ERC vive desde hace algunos años instalada en el alambre político por esta causa: para poder alcanzar sus propósitos ha apoyado primero al gobierno de Artur Mas en cuanto éste se convirtió al independentismo (desde una posición singular de primer partido de la oposición y a la vez aliado de CDC) y ahora como integrantes del gobierno de JxS. Desde esta posición de socios, los republicanos han soportado las múltiples causas de corrupción abiertas contra dirigentes de Convergència, transmutada en el Pdcat, justamente para huir de la sombra de la corrupción.

La diferencia de la actitud de ERC respecto a la corrupción investigada en CDC y a la del PP no parece responder tan solo a la magnitud de una y otra, ni al origen nacional de cada una, sino al ejercicio del pragmatismo nacido de la necesidad, aun a riesgo de perder cierta credibilidad. El PP, acosado como nadie por las causas abiertas desde el Gürtel a Bárcenas, queda descalificado a juicio de los republicanos como interlocutor o como impulsor de la más mínima esperanza para reconducir el conflicto con Cataluña, convirtiéndose además en razón para la ruptura. Por el contrario, el Pdcat, sucesor político y procesal de CDC, sigue siendo una fuerza política en la que confiar para fundar la nueva república.   

El volumen económico de la corrupción asciende en España a los 40.000 millones según los expertos. En Cataluña alcanzaría los 16.000 millones. Los casos más conocidos se remontan a los primeros gobiernos de Jordi Pujol, Turismo, Pallarols, Treball, Renta Catalana, Adigsa, Lloret, además de Banca Catalana, caso del que quedó liberado el presidente de la Generalitat en su momento. Luego vendría la autoinculpación del propio Pujol por el legado de su padre conservado en Andorra y a renglón seguido la explosión de los negocios bajo sospecha del conjunto familiar Pujol-Ferrusola.

En estos momentos, el panorama judicial del Pdcat es desolador. Están pendientes de la sentencia del caso Palau, del que el tesorero de CDC y el propio partido pueden salir muy malparados como beneficiarios de la ecuación obra pública-donación al partido, y de la materialización del pacto de Oriol Pujol con la fiscalía por el caso ITV, gracias al cual el ex dirigente de CDC aceptaría dos años y medio de cárcel para evitar el juicio por cobros indebidos de las empresas del sector. Se espera también la sentencia del caso Pretoria que afecta al ex conseller Macià Alavedra y al ex secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta (y a diversos dirigentes socialistas), por el cobro de comisiones en operaciones urbanísticas y están en curso el sumario de Petrum e Innova, en los que el 3% podría obtener certificación judicial.

La introducción de la corrupción del PP al argumentario independentista presenta alguna contradicción, dada la realidad catalana en este tema

El caso Petrum, nacido de la denuncia de una concejal de ERC en Torredembarra, a partir de las sospechas por la relación de las obras obtenidas por la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadores de CDC, con diversos pagos al partido, es el que presenta mayores complicaciones políticas por la supuesta implicación del ex consejero y ex diputado de JxS Germà Gordó, citado a declarar como investigado por el TSJC (por su condición de diputado no adscrito) el 13 de septiembre. Gordó, el hombre de confianza de Artur Mas, aparece aquí como el conseguidor del 3% y el caso está derivando en múltiples obras concedidas en el puerto de Barcelona o en las obras de la plaza de Glòries, ampliando la nómina de investigados desde el tesorero de CDC, al ex responsable de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, pasando por el ex teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives.

ERC hace gala a menudo de ser el único partido sin casos de corrupción y los datos le dan la razón. El caso de Jordi Ausàs, el ex consejero contrabandista de tabaco difícilmente puede acarrear responsabilidades políticas. Los republicanos soportan la intensa relación de sus socios con las denuncias de corrupción haciendo equilibrios para evitar romper el frente independentista sin dejar de condenar públicamente las sucesivas malas noticias en este frente.

Callaron prudentemente cuando la CUP forzó la retirada de Artur Mas como aspirante a la presidencia de la Generalitat y se opusieron a la decisión del gobierno catalán de no pedir responsabilidades a CDC por el caso Palau, votando con la oposición para condenar la actitud reticente del consejero Santi Vila a dar instrucciones al consorcio de la entidad para acusar al partido de Mas. 

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