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La Guardia Civil registra la sede de Acuamed, la empresa que está realizando las obras de urbanización del río en Cieza Featured

Los agentes investigan si altos cargos de la entidad y de otras empresas pudieron cometer algún fraude en los contratos públicos. La investigación también se desarrolla en la Comunitat Valenciana y Murcia.

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran esta mañana la sede central en Madrid de la empresa Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, en una operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción por fraude en contratos amañados.

Los agentes mantienen retenidos por el momento a dos de los máximos responsables del ente. Se trata del director general, Arcadio Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, de quien dependían los contratos bajo sospecha.

Según fuentes de la investigación, los agentes investigan la concesión de numerosos contratos ‘amañados’, que además habrían sido hinchados con gastos inexistentes. Acuamed coordina y adjudica numerosas obras en las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, cuenca Mediterránea Andaluza y cuencas internas de Cataluña.

Los funcionarios también están registrando oficinas del ente público en la región de Murcia y la Comunitat Valenciana.

Agentes del instituto armado se encuentran en la puerta de la empresa en la calle de Albasanz, en Madrid, para controlar los accesos.

Se da la circunstancia de que está empresa está llevando a cabo las obras de urbanización del río a su paso por Cieza, merced a un convenio "blindado" que suscribió la anterior corporación municipal del PP por un importe de 3,8 millones de euros; una controvertida obra que viene defendiendo a "capa y espada" el diputado nacional Teodoro García y los dirigentes del PP ciezano.

Hay que recordar que IU-Verdes se mostró contraria desde el principio a este proyecto, hasta el punto de que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios se negó a firmar cualquier acuerdo con la empresa incluida la disposición de los 825.000 euros que ha aportado el consistorio, lo que finalmente hizo el alcalde socialista de la localidad, Pascual Lucas.

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