Tragsa, la empresa ejecutora, eliminó una mota del Segura, extrajo áridos sin permiso y procedió a una acumulación de vertidos en el Paraje de La Brujilla y en la antigua cantera ubicada en la Sierra de Ascoy. El director de obra de la sociedad estatal admite al Seprona que esos trabajos incluidos en el paseo ribereño «no tienen autorización» de la CHS.

Esta mañana, el diario murciano La Verdad publica un extenso artículo de Jorge García Badía sobre el expediente abierto por parte de la CHS a la empresa Acuamed, encargada de las obras de "urbanización" del río a su paso por Cieza.

Según García Badía, el director de obra de Acuamed no pudo negar la evidencia al personal del Servicio de la Comisaría de Aguas y del Seprona de la Guardia Civil que se habían desplazado a Cieza para inspeccionar algunas actuaciones del paseo ribereño. «Manifiesta que las obras descritas en las que se ha quitado la mota del río no tienen autorización de esta Confederación». La confirmación de esa irregularidad por parte de F. V. B., el director de obra al que alude el informe de la Comisaría de Aguas, dio pie al expediente sancionador que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto a Acuamed.

Añade que el organismo de cuenca considera que se han realizado «obras y extracción de áridos en el cauce y la zona de servidumbre, eliminando la mota existente en dos tramos del río Segura, sin la correspondiente autorización administrativa». El Seprona no solo corrobora esa apreciación, sino que es más contundente, al advertir de que «pueden haberse realizado diversas conductas infractoras» contra las leyes de Residuos y Suelos Contaminados; la de Protección Ambiental Integrada; la de Vías Pecuarias y la de Montes.

El Seprona añade que en el Paraje de La Brujilla y en la antigua cantera ubicada en la Sierra de Ascoy, «se han realizado dos acumulaciones o vertidos». Los agentes dan la razón a Ecologistas en Acción, que en febrero alertó de que los residuos que estaban generando los trabajos, como tierras, rizomas y cañas, no se estaban llevando a un gestor autorizado. La Benemérita detectó tales depósitos en una superficie de 120 metros en La Brujilla y de 4.900 metros en la antigua cantera. Ecologistas en Acción critica que, «según el proyecto, esos residuos debían trasladarse a un vertedero autorizado, y gestionarse adecuadamente para evitar la expansión de la caña, especie invasora». De hecho, Acuamed contaba con 80.383 euros de presupuesto para gestionar residuos.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas era la adjudicataria del proyecto, con un presupuesto de 3.795.666 euros, y Tragsa se ocupó de ejecutar los trabajos. Pero el informe del Seprona evidencia que la comunicación brilló por su ausencia en la realización de dos extracciones de tierras y gravas de la ribera y zona de policía del río Segura, en el paraje de La Brujilla. Tragsa acometió las labores «por decisión propia, sin conocimiento ni consentimiento de Acuamed». De hecho, el letrado de la sociedad estatal ha solicitado a la CHS que el procedimiento sancionador se «suspenda durante el tiempo necesario», para que Tragsa elabore un informe de lo sucedido.

Desde el organismo de cuenca confirmaron ayer que solo le han concedido «una ampliación del periodo de alegaciones, de siete días. Eso no supone un cambio en los plazos del expediente (un año)». Una de las extracciones realizadas afectó a 80 metros de la margen derecha del río Segura, y la otra se extendió a lo largo de 30 metros.

Área crítica para la nutria

«Estas extracciones no han sido autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura», expone el Seprona en su expediente remitido a la Comisaría de Aguas. Y añade que el destino de las tierras extraídas es también «para el relleno de las playas fluviales incluidas en el proyecto de regeneración del río».

Ecologistas en Acción lamenta que «toda esa zona del río donde se han producido las extracciones de áridos sin autorización, es área crítica para la nutria» y podría tener «un impacto negativo».

La CHS solo entra a valorar los «preceptos infringidos» en la ley de Aguas, por lo que califica la infracción de leve y propone una multa de hasta 10.000 euros para Acuamed.