Ambas organizaciones ecologistas han mostrado su desacuerdo con las modificaciones del recién aprobado Decreto-Ley que rebaja las garantías de protección del medio ambiente, lo que se traducirá en un aumento de los riesgos para la salud pública, la calidad ambiental y la conservación de la naturaleza.
Aseguran que con estas modificaciones no sólo no saldremos de la crisis económica, sino que aumentarán los problemas ambientales en una región con graves casos de deterioro ambiental, económico y social como el Mar Menor, Portmán o Proambiente.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que el recién aprobado Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, supone dar un enorme paso atrás en materia de prevención y protección del medio ambiente, que ya venía acumulando regresiones y carencias incompatibles con la garantía de un medio ambiente saludable y seguro para todos los ciudadanos.
La Comunidad Autónoma pone la guinda, con este Decreto, al desmantelamiento de la administración ambiental, colapsada por falta de personal y acumulación de expedientes, derivada de muchos años de pésima gestión, que ahora pretende derivar, en parte, a los Ayuntamientos, que tampoco están preparados para estas transferencias, o de los empresarios, como ha intentado con el ARCA (Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente).
Las organizaciones recuerdan que la Ley de Protección Ambiental integrada sufriría con esta su sexta reforma, cuando no ha existido el más mínimo interés por el Gobierno Regional en poner en marcha las medidas que contemplaba para mejorar la administración ambiental, como la plataforma informática para consultar el estado de tramitación de los expedientes por los interesados, que ahora vuelve a anunciarse.
Además, el Gobierno Regional evita los informes de entidades como el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, al igual que hiciera con la tramitación del Decreto Ley del Mar Menor, despreciando procesos de participación y consulta fundamentales.
Para ambas organizaciones, se utiliza de excusa la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, pero las reformas propuestas no supondrán mejora social alguna, más bien al contrario, al permitir aumentar la contaminación por residuos, emisiones y otras vías, lo que sin duda afectará a la salud de los ciudadanos, degradará la calidad de vida y tendrá impactos negativos en la conservación de la naturaleza.
Las medidas estrella del Decreto suponen reducir los controles y garantías previos a las ampliaciones industriales, reduciendo supuestos y tiempos de evaluación ambiental, y permitiendo que se aumente hasta un 30% sin control alguno el consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones. También dejan en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización, lo que favorecerá un crecimiento urbano-turístico aún más caótico, descontrolado y a la carta de intereses privados, y sin los necesarios controles ambientales y administrativos.
Estos cambios, lejos de suponer una medida de fomento de la economía, suponen facilitar que el beneficio empresarial se base, de nuevo, en ampliaciones sin control y en el aumento de la contaminación y los vertidos. En cuestión urbanística se facilitará la aprobación de nuevos desarrollos, o se desatasquen otros antiguos, con alto impacto ambiental y social, al convertir a los ayuntamientos en juez y parte.
Ecologistas en Acción y ANSE consideran que el Gobierno Regional se equivoca al seguir ahondando en un modelo económico caduco, que ya se ha demostrado desastroso en el pasado, y que pretende un crecimiento económico basado en la destrucción del territorio y la relajación de la legislación ambiental.
Error mayúsculo en el contexto actual de crisis sanitaria, que muchos investigadores apuntan relacionada con la excesiva depredación ambiental del ser humano en el planeta, y cuando la mayoría de países desarrollados están adoptando medidas de reducción de la contaminación y de las emisiones de CO2 para reducir la amenaza del Cambio Climático, y la Unión Europea apuesta por un modelo económico “verde”.
Advierten, además, que los desastres ambientales provocados por la mano del hombre, como ha ocurrido en Portmán, Proambiente o el Mar Menor, demuestran dos cosas:
1-Que la destrucción y contaminación del territorio trae consecuencias negativas, no sólo ambientales, sino también sociales, económicas y de salud pública.
2-Que la permisividad institucional frente a empresas contaminantes, lejos de traer riqueza a la sociedad, genera algunos beneficios privados y acaban convirtiéndose en grandes agujeros de costes económicos públicos, inasumibles o que lastran las arcas públicas durante décadas, por no hablar de su impacto en el tejido económico y social, como el que se evidencia en la comarca del Mar Menor.
ANSE y Ecologistas en Acción instan al Gobierno Regional a que rectifique de inmediato y retire este Decreto-Ley, apostando por un cambio de modelo de desarrollo para la Región de Murcia, apoyado en la innovación, la calidad del empleo, la recuperación ambiental, la reducción del consumo de recursos y de la contaminación, y la mejora de las condiciones de vida de los murcianos y murcianas.
