Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia critica la unilateralidad del decreto por parte del Gobierno Regional, que supondrá un gran perjuicio para los usuarios de la Atención Temprana y abre las puertas a la privatización del servicio.

A pesar de la oposición de la inmensa mayoría de profesionales, técnicos y usuarios del sistema regional de Atención Temprana de la Región de Murcia, el consejo de gobierno de la CARM finalmente aprobará el decreto para regular este servicio y la próxima semana entrará en vigor en el municipio de Mula como prueba piloto.

Bajo el pretexto de la regulación, presentan este servicio como universalización del mismo cuando lo que ocurrirá realmente es que abrirá las puertas a la privatización.

Es preciso recordar que la Atención Temprana tiene como objetivo ofrecer una respuesta lo más rápida posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, como en el caso de los niños nacidos antes de tiempo, de bajo peso o con ambientes negligentes o poco estimulantes. Pero además, debe atender también las necesidades de las familias y de los contextos de esos niños, ayudándoles a comprender, afrontar, promover el desarrollo y disfrutar con sus hijos.
Se trata sin duda de una cuestión de extrema importancia, que afecta al conjunto de la población, independientemente de su raza, religión, situación económica o clase social.

Todos los ciudadanos de la Región de Murcia tienen el derecho a recibir un servicio de Atención Temprana con un modelo de intervención interdisciplinar basado en los aspectos social, sanitario y educativo que promocione el desarrollo integral de los niños y de sus familias, enfocado con un sentido preventivo y habilitador que redunde en el bienestar, no solo del niño y de su familia, sino también de su entorno y de la comunidad.

En la Región de Murcia se están atendiendo un total de 3.700 niños con sus familias, en los diferentes Servicios y Centros de Atención Temprana, con más de 150 profesionales. Muchos de estos profesionales agrupados en ATEMP (Asociación de profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia) están unidos en una lucha común: garantizar una adecuada atención en esta área con la mayor eficacia desde el punto de vista técnico, afectivo, educativo, sanitario y social (biospicosocial).

Desde IU-Verdes Región de Murcia denuncian que el "Borrador de Decreto", elaborado por la Comunidad Autónoma, no tiene en cuenta la opinión de valiosos profesionales, formados y reconocidos, que llevan trabajando e investigando en el sector durante más de tres décadas, incluso ha despreciado 11 versiones anteriores propuestas por los técnicos.

Según el nuevo borrador y en caso de aprobarse, serán los técnicos de educación, con una formación "exprés" de dos semanas en este ámbito, los que realicen a partir de ahora la valoración de los niños en base a criterios educativos, con el riesgo de no tener en cuenta a las familias y las vertientes social y sanitaria del niño a pesar de su importancia.

Otra cuestión igualmente denunciable, es que las alegaciones al borrador presentadas por asociaciones de padres que están esperando respuesta desde marzo.

El nuevo borrador, lejos de mantener la atención inmediata y de calidad a las familias, entorpecerá su desarrollo, enlentecerá y dificultará los trámites burocráticos y administrativos para acceder al servicio de Atención Temprana. Éstos serán especialmente dificultosos para las familias inmigrantes, que abandonarán la tramitación, en más de una ocasión, ante la imposibilidad de hacer frente a un proceso tan farragoso. El procedimiento planteado para acceder al servicio de atención Temprana promueve el uso de recursos privados por parte de quien pueda permitirse el gasto y no quiera dejar sin atención tanto tiempo a su hijo, dejando en la estacada a aquellas familias que no dispongan de recursos económicos y no les quede más remedio que esperar. Es importante destacar que en algunos casos esta espera y el no recibir atención inmediata, como en el caso de padres de bebés prematuros o niños con patologías muy graves y severas, tendrá consecuencias irreversibles tanto para los niños como para las familias.

Esta cuestión choca frontalmente con el sentido preventivo y habilitador que ofrece el derecho a recibir una intervención social, sanitaria y educativa lo más pronto posible que promocione el desarrollo del niño y de la familia, así como con el derecho a recibir una atención pública y de calidad, al abrirse la puerta a la privatización.

Curiosamente esta población (familias con niños prematuros, con factores de riesgo biológico o social, con diagnósticos tardíos...) no están contemplada como familias usuarias de Atención Temprana en el Baremo propuesto en el actual borrador.

Desde la organización de izquierdas manifiestan que es prioritario que se tenga en cuenta el conocimiento de los profesionales, con más de 30 años de experiencia demostrada y que han colaborado activamente con la administración regional en cada uno de los 11 intentos de elaborar una normativa para regular la Atención Temprana en esta región, y la evidencia científica sobre las intervenciones en Atención Temprana, para evitar generar un gasto en la formación de profesionales de la Consejería de Educación o la privatización del servicio de Valoración de Atención Temprana.

Recientemente se ha constituido en Lorca una Plataforma en Defensa de la Atención Temprana, constituida por deportistas solidarios, técnicos, profesionales y familiares afectados. La lucha de la Plataforma fue respaldada por los grupos de la oposición locales, entre los que se encuentra IU, que consiguieron que se aprobara en el pleno por unanimidad una moción para frenar la puesta en marcha de este decreto, moción que había sido aprobada con anterioridad en otros municipios como Águilas.

El hecho de que se aprobara en Lorca era algo significativo y un logro para las familias, ya que el centro lorquino es un referente a nivel regional, nacional e incluso internacional.

El PP ha mentido deliberadamente a los ciudadanos y a los colectivos afectados, a quienes dio su apoyo el día del pleno a sabiendas que en apenas dos semanas el borrador entraría en vigor.

Por lo tanto, desde IU-Verdes Región de Murcia exigimos al Gobierno Regional que dé marcha atrás con este asunto y que deje sin efectos este decreto como mínimo hasta que no se escuche y valore la opinión de los técnicos del sector que está, en su inmensa mayoría en contra del decreto, excepto Plena Inclusión, una organización claramente vinculada al PP y en concreto, a la Consejera de Familia, Violante Tomás.