De todos los delitos y faltas que pueden suceder en un Estado de derecho, los más infames y peligrosos son aquellos que se cometen con la participación de las instituciones democráticas. Hace mucho que sabemos que el Estado no es un reino de los cielos en el que puntualmente surge un Lucifer. Es un campo de batalla donde se disputa constantemente un pulso contra su propia corrupción, guerra que libran con perseverancia funcionarios honrados y la parte más valiente de una ciudadanía cuyas denuncias casi siempre conllevan un alto coste. Esta cara decente acaba de recibir una sonora bofetada por parte nada menos que de la Fiscal General del Estado.

CTXT pilló el miércoles 3 de marzo in fraganti a Dolores Delgado escapando de una reunión furtiva con Eduardo Inda, periodista conocido por su cercanía a José Villarejo, poco antes de que el excomisario saliera a la calle con la prisión condicional suspendida mediante una cuestionable maniobra judicial en torno a la causa Tándem. La agenda de reuniones más o menos clandestinas de la señora Delgado en las semanas previas al sobresalto de la excarcelación resulta de lo más llamativa. Implica al exjuez Baltasar Garzón, su pareja, cuyo despacho de abogados defiende a varios expolicías encausados; al empresario madrileño Florentino Pérez y a periodistas siempre de los mismos medios de comunicación, que forman parte del inquietante zumbido en torno a Villarejo. La evidencia, más que sospechosa, es tan grosera que resulta hasta hiriente de soportar. Dolores Delgado tiene que dimitir —porque no tiene legitimidad para ejercer su cargo ni un minuto más— tomándose el tiempo justo sólo para dar explicaciones en un espacio democrático legítimo. No en el diario de Inda como ha hecho esta madrugada, otra grosería más. Si reunirse en secreto durante cerca de dos horas con emisarios de Villarejo es intolerable, tratar de convertir esa cita en una entrevista periodística con el tabloide más repulsivo del país es un intento aún peor de justificar el error.

Pero no es solo esto. Más nos vale en estos momentos levantar la mirada. Generar ruido es una vieja estrategia de la corrupción para anular los sentidos de la ciudadanía. Por eso resulta crucial en estas horas, que parecen vitales para nuestra democracia, no perder de vista lo fundamental. En la causa Tándem y sus derivadas nos jugamos la posibilidad de arrojar luz sobre una parte esencial de una trama de poderes que tiene secuestrada la democracia desde hace demasiado tiempo. Esa trama, que hunde sus raíces en la dictadura, fue metamorfoseada durante la Transición y revalidada durante las eras felipista y aznarista. El legado que arrastramos desde entonces consiste en el control político de la justicia por parte de partidos y empresarios del Ibex, la impunidad del emérito vía tolerancia fiscal y el servilismo mediático con subvenciones y acceso al poder.

Villarejo representa la continuidad de ese lado oscuro de la democracia que compromete a poderes económicos, partidarios, policiales, judiciales y mediáticos. No se trata del pasado sino de cómo nos jugamos ahora mismo el futuro: no por casualidad, el excomisario ha protagonizado numerosas operaciones oscuras que intentan de nuevo influir en este ciclo de segunda transición/restauración. Porque no se trata de un asunto de criminalidad aislado, el presidente del Gobierno ya no puede seguir haciéndose el despistado: tiene que explicar sin tibiezas en sede parlamentaria si el Gobierno en el que hemos depositado nuestras expectativas de cambio está haciendo algo para limpiar las cloacas del Estado y extirpar los parásitos enraizados en nuestras instituciones públicas desde hace demasiadas décadas. Porque esta segunda transición va, una vez más, de esto: de luchar por el interés general contra la patrimonialización privada de las instituciones del Estado. Es el futuro de nuestra vida democrática lo que está en juego.

Fuente: https://ctxt.es/es/20210301/Firmas/35269/Editorial-fiscal-general-Dolores-Delgado-dimision-cloacas-Estado-gobierno-Villarejo.htm