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Sólo sé que no sé (casi) nada Featured

Jesús Maraña/infolibre

He citado más de una vez la advertencia que el profesor Daniel Innerarity lanzó hace meses en relación con la gestión de la pandemia: "Ni los políticos pueden tanto como parece, ni los científicos saben tanto como creemos". Aún menos que unos y otros sabemos la inmensa mayoría de los periodistas. Confieso que esta semana esa misma convicción se me extiende a otros campos en los que uno (por error o simple vanidad) a veces piensa que algo sabe, aunque sólo sea por lo que procura contrastar entre fuentes fiables. Ojiplático estoy con la encuesta del CIS en Cataluña, con los últimos quejíos del Poder Judicial o con la picaresca en la ejecución de los planes de vacunación.

Por partes:

1) El CIS y el 14F

Que la presentación de Salvador Illa como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat tiene un efecto claro en el escenario electoral de Cataluña es indiscutible. No hay encuesta ni actor político ni analista que niegue el llamado efecto Illa como un puñetazo en el tablero catalán que aporta en principio un plus importante de apoyo a los socialistas catalanes y que complica los planes del independentismo. Dicho esto, aparece este jueves el sondeo del CIS con el mensaje "y tres huevos duros" para recoger no sólo ese efecto, sino para multiplicarlo hasta el punto de dar la victoria al PSC, romper la mayoría soberanista, pronosticar una caída abismal de JxCat en votos y escaños, el sorpasso de Vox al PP y no sé cuántas improbabilidades más. Y este viernes se lee en algún medio influyente que "los estrategas electorales de Pedro Sánchez" ya pronosticaban, ufanos, lo que calificaban como "auténtica bomba" del CIS.

Quiero pensar que lo de "bomba" era en sentido puramente irónico, porque una encuesta de más de 4.000 entrevistas a la que el 50,7% de los entrevistados "no sabe o no contesta" convendría no otorgarle excesivo crédito. En otros sondeos, el porcentaje de indecisos puede llegar al 25%, pero situarlo en el doble, en un escenario híperpolitizado como el catalán, sólo puede obedecer a factores metodológicos. O se han hecho demasiadas preguntas en castellano o no se ha tenido en cuenta la distribución y el peso del voto rural condicionado por la ley electoral española (no cambiada en cuarenta años porque no le ha interesado a los nacionalistas). Esto explicaría un vaticinio tan catastrófico para los de Puigdemont que nadie mínimamente informado puede creerse.

Sabemos que las encuestas tienen una carga de repercusión psicológica, que entre los principales asesores demoscópicos de la derecha y sus medios afines se maneja con extraordinaria habilidad. Más que pronosticar resultados lo que interesa es instalar atmósferas o emociones que empujen hacia el resultado deseado por el cliente de turno. En el caso que nos ocupa, incluso para quienes consideran que 'el CIS de Tezanos' trabaja para el partido en el que milita el presidente del instituto público, los efectos de esta "bomba" pueden ser claramente autodestructivos. Los independentistas la explotarán para alimentar el mensaje de que se trata de una operación españolista diseñada a mayor gloria del ministro de Sanidad para movilizar a una parte de su electorado más preocupado ahora mismo por la pandemia que por la reivindicación identitaria. Y también le servirá a Ciudadanos para minimizar daños en el bloque de transferencia de voto más importante para el PSC: dirán que según el CIS Illa podría gobernar con ERC y los Comunes, de modo que ese voto antinacionalista puede plantearse seguir con Arrimadas o quedarse en casa.

De modo que o yo no sé prácticamente nada o un extraño virus ha atolondrado a "los estrategas electorales de Pedro Sánchez", o bien la "auténtica bomba" del CIS es fuego amigo, como si los espíritus de la vieja guardia del PSOE se hubieran conjurado para dinamitar el efecto Illa. Ya sólo faltaría que el 8 de febrero, en mitad de la campaña y con Illa apeado de Sanidad, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se le ocurriera finalmente dar marcha atrás en la "suspensión de la suspensión" del 14F para mantener un aplazamiento cuya fecha definitiva sólo depende del Govern . Otra auténtica bomba.

2) El cuento del Poder Judicial

Este mismo jueves, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con 16 votos a favor (todos los nombrados a propuesta del PP más alguno supuestamente progresista) y 5 en contra (los del sector llamado progresista Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda), aprobó un texto que literalmente dice esto: "El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones". En román paladino: el Poder Judicial reclama al Legislativo (y concretamente a PSOE y Unidas Podemos, que tienen la mayoría en la Mesa del Congreso) que no siga adelante con la reforma que impediría que el CGPJ siga efectuando nombramientos mientras su mandato está caducado, como es el caso, desde hace más de dos años.

Yo no sé muchos cuentos, es verdad (como diría León Felipe), pero este cuento que se traen los miembros del CGPJ nombrados por el PP y alguno más que contó con el apoyo del PSOE y se aferra al sillón como si se acabara el mundo me resulta verdaderamente indignante. Parece que hubiera que agradecer que finalmente no hayan decidido acudir a instituciones europeas denunciando que en España no existe la división de poderes, como por cierto ya ha hecho el PP reiteradamente, colocando la democracia española al nivel de sus casiamigos húngaros y polacos. Me pregunto qué estaríamos diciendo o cómo titularía la prensa presuntamente liberal si la Mesa del Congreso, es decir el Poder Legislativo, reclamara oficialmente al CGPJ "la reconsideración del acuerdo..." que sea. Cualquier acuerdo tomado. ¡Horror! ¡Representantes de la mayoría política interfiriendo en la autonomía del Poder Judicial!.

Y aquí sigue sin pasar nada, mientras el PP continúa negándose a cumplir la obligación constitucional de acordar la renovación del CGPJ si el PSOE no rompe antes con Unidas Podemos. Porque así le sale de sus santos principios liberales a Casado. Y yo, que no sé ya prácticamente nada, me pregunto a qué esperan el Gobierno y todos los grupos parlamentarios que crean sinceramente en la división de poderes para exigir la dimisión inmediata de todos los magistrados y magistradas de un CGPJ caducado. ¿Que se abriría una crisis institucional gravísima, como argumenta algún magistrado supuestamente progresista para negarse a ello en sintonía con la mayoría conservadora? ¡Como si esa crisis institucional no estuviera ya abierta y haciendo un daño constante al funcionamiento democrático!. Un texto aprobado por la Mesa del Congreso podría servir, y así de paso responde al que este jueves ha recibido.

Y 3) Vacunación, picaresca y tercera ola

Tercero pero sin duda el punto prioritario y el que ahora más preocupa a la ciudadanía: cómo frenar la tercera ola y cómo acelerar al máximo la vacunación. Esta semana hemos vivido episodios berlanguianos como el del consejero murciano de Sanidad, finalmente dimitido. Durante las horas en las que se mantuvo en el cargo después de haber decidido saltarse los protocolos para vacunarse a sí mismo y a centenares de personas vinculadas a su consejería, demostró por un lado un desprecio sideral a lo que significa el servicio público, y, por otro, un concepto de sus obligaciones como médico más que alarmantes. Eso sí, habrá que conceder un elemento positivo al desenlace del suceso: la asunción de responsabilidades y el castigo político a una irregularidad manifiesta se aceleran y ganan eficacia en una coalición respecto a un gobierno con mayoría absoluta.

Pero lo de este señor de Murcia, desgraciadamente, no es un caso aislado, y el goteo de denuncias en muy diferentes lugares sobre incumplimientos del protocolo de vacunación es constante. La vacunación puede convertirse en un medidor de la resiliencia de malas costumbres patrias cuyo lastre arrastramos desde al menos el siglo XIX: nepotismo, amiguismo, clientelismo... reino de sinvergüenzas.

Conocemos ya demasiados casos, civiles y militares, y los conocemos sobre todo referidos a la sanidad pública. Yo no sé prácticamente nada, pero me pregunto: ¿Qué garantías existen de que directivos de grupos sanitarios privados no estén aplicando las vacunas que el Estado les entrega gratuitamente con criterios absolutamente particulares y sin cumplir las prioridades establecidas para atender en su orden a los grupos vulnerables? Y algo sobre lo que ya van existiendo más datos que lo apuntan: ¿Hay una carrera competitiva entre comunidades autónomas para ser las más rápidas vacunando, aunque sea inoculando las dosis a quienes aún no toca?

Me preocupan reacciones políticas más propias de barra de bar: "¡Quienes se han puesto la primera dosis sin tener derecho, que se queden sin la segunda!". Mejor sería sancionarles tan duramente como debería multarse al propietario de la discoteca Barceló. Porque si hacemos algún caso a los virólogos, no poner la segunda dosis a quien ya tiene la primera puede provocar (más) mutaciones del virus que sufriremos todos.

Los hospitales siguen saturándose, las UCI al borde del colapso, los datos de fallecimientos son insoportables y sin embargo seguimos atrapados en una especie de pinza entre la responsabilidad de las comunidades autónomas que tienen las competencias y los recursos sanitarios y un Gobierno central que parece guiado por la prioridad de no volver a sufrir el desgaste político al que se vio sometido en el Congreso y en los medios durante el primer estado de alarma.

Insisto: yo no sé (casi) nada, pero intuyo que el día que se haga esa auditoría pendiente sobre la gestión de esta pandemia no habrá una sola administración que salga bien librada, aunque el nivel de incompetencia de algunas y su insistencia en falsear la realidad son difícilmente superables. Los muertos, los enfermos y quienes sufren las consecuencias del azote del covid en sus hogares y haciendas merecen en cualquier caso aparcar los tacticismos y los cálculos electoralistas. Si no, lo pagaremos todos y todas. (Ellos también).

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2021/01/23/solo_que_no_casi_nada_115774_1023.html

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