La vergonzosa Comisión Especial creada en la Asamblea Regional que investiga las supuestas consecuencias sociosanitarias y de seguridad que la llegada de inmigrantes irregulares ha traído a la región durante la pandemia, ha formulado una pregunta al Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitando la relación de «las ayudas y prestaciones concedidas a inmigrantes en situación irregular en la Región de Murcia en los últimos cinco años con especificación de la nacionalidad».

El INSS, actuando a la gallega, ha devuelto la pregunta preguntando a su vez qué entiende la comisión investigadora por ´inmigrante en situación irregular', lo que ha provocado la indignación sin remisión del portavoz popular, Joaquín Segado.

Pero veámoslo desde otra perspectiva. ¿Y si lo realmente ofensivo e indignante fuera la pregunta, mal formulada, y planteada, además, de tal manera que no dejara margen a otra respuesta posible? Lo verdaderamente inteligente sería la respuesta y no la pregunta.

Y es que, sencillamente, no existen prestaciones ni ayudas destinadas a inmigrantes irregulares por parte del INSS. Todas las ayudas y prestaciones del Instituto se dirigen a la población residente en España en su conjunto, en igualdad de condiciones, sin que la nacionalidad sea un requisito a tener en cuenta. Es la residencia, la inclusión o no en el régimen laboral y la disponibilidad de recursos lo que determina la posibilidad de recibir una ayuda o prestación de la Seguridad Social.

Otra cosa es el programa de Protección Internacional de Refugiados o el de Atención Humanitaria urgente e inmediata dirigida a personas que llegan a nuestras costas en una patera (que les proporciona un techo durante tres meses y un dinero de bolsillo de cincuenta euros mensuales). Y, salvo que se pretenda cuestionar esta atención humanitaria o las ayudas y prestaciones a extranjeros/as residentes que trabajan, pagan sus impuestos y cumplen con todas las obligaciones ciudadanas, no veo por ninguna parte la utilidad de la pregunta de marras. Sin embargo, es evidente la verdadera intención de la misma: justificar burdamente la falaz y xenófoba teoría de que el Gobierno central incentiva el efecto llamada de la ´inmigración ilegal' porque reciben la mayor parte de las ayudas sociales del Estado en detrimento de las ayudas a la ciudadanía nacional.

¿Qué se puede esperar de una comisión impulsada por un Gobierno cuya agenda política viene marcada, una y otra vez, por la extrema derecha de Vox?