Hay una coincidencia general en la explicación del espectacular aumento del precio de la electricidad durante el fin de semana pasado, coincidiendo con un temporal histórico de frío y nieve: las bajas temperaturas disparan la demanda de energía, a la vez que la producción renovable baja por la ausencia de sol y viento; para compensar el déficit, las centrales térmicas de gas (cuyo precio también está disparado por la demanda internacional) incrementan su producción, pero también los costes adicionales, entre ellos el pago por mayores cuotas de emisión de CO2.

La pregunta es si todo esto justifica el incremento desorbitado del precio de la energía tal como ha ocurrido en estos días. La respuesta es que no necesariamente. De hecho, hay sobradas pruebas de intervenciones en el pasado reciente para elevar fraudulentamente el precio de la electricidad por parte de algunas empresas operadoras en la subasta mayorista que lo determina aprovechando circunstancias parecidas. Iberdrola, Endesa, Gas Natural y EON fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 56,3 millones de euros por estas prácticas entre 2015 y 2017. Por eso es oportuna la petición del ministerio de Consumo a la CNMC para que investigue si se han vuelto a producir.

El sistema pide a gritos una reforma, aunque el marco normativo de la UE, que ha convertido un producto esencial y estratégico como la energía en una mercancía sometida al libre mercado, dificulta la actuación de los Gobiernos para poder intervenir.

Aun así, hay margen de actuación mediante las medidas contempladas en el acuerdo de Gobierno PSOE-UP: reformar el mercado eléctrico, impulsar la producción renovable (frenada en su día por el Gobierno Rajoy), nacionalizar una parte del sector y reformar la fiscalidad energética con un IVA más reducido, entre otras. En las actuales circunstancias de crisis económica el acceso a una energía barata y asequible se perfila como una condición necesaria para la recuperación económica en un periodo pos-Covid-19, de manera que estas medidas se hacen todavía más necesarias, si cabe.

Para quienes puedan pensar que este tipo de propuestas ahondan en la vía social-comunista propia del Gobierno actual, hay que recordar que el artículo 128 de la CE ampara la intervención pública en la economía en aras del interés general, y que Rajoy ya intervino el precio de la electricidad en el primer trimestre de 2014.