Hoy se debate en el Pleno de la Asamblea Regional la toma en consideración del Proyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que sustituirá a la actual ley de 2003, una vez concluido el procedimiento legislativo que ahora se inicia.

Se trata de adecuar nuestro sistema de Servicios Sociales al Catálogo de Referencia aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales en 2013, e impulsado por el Ministerio de Sanidad con la finalidad de «alcanzar un Acuerdo Comunidades Autónomas-Estado en materia de servicios sociales que incluya unos criterios comunes de calidad y de buen uso de los servicios».

Entre los aspectos más destacados de esta adecuación está el reconocimiento como derecho subjetivo de algunas de las prestaciones que se incluyen en dicho catálogo: serán prestaciones garantizadas por la Administración Pública independientemente de la disponibilidad presupuestaria que deberá estar siempre asegurada para atender toda la demanda existente.

Estamos ante lo que se ha dado en llamar leyes de tercera generación que colocan a los Servicios Sociales al nivel de derechos como la Educación y la Sanidad afianzándolos, junto con la Ley Dependencia, como unos pilares básicos del Estado del Bienestar, a los que se suma un cuarto pilar centrado en la Seguridad Social, los cuidados y la conciliación laboral y familiar.

No obstante, es necesario seguir con atención el proceso parlamentario de esta nueva ley que, de entrada, acumula ya un retraso de siete años desde la aprobación del Catálogo Estatal de Referencia, lo que nos sitúa en desventaja con la ciudadanía de otras CC AA que ya tienen aprobada una nueva ley de Servicios Sociales con prestaciones garantizadas. No es precisamente la agilidad en la iniciativa legislativa una característica de este Gobierno regional. Otra de las claves de esta nueva ley estará en el catálogo final de prestaciones garantizadas, que, de momento, ya deja fuera de esta categoría prestaciones relacionadas con la atención a mujeres víctimas de violencia de género como la protección jurídica y social, la atención residencial y actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género, garantizadas en otras CC AA como la valenciana.

Finalmente, quedará el desarrollo reglamentario de la ley, asignatura siempre suspensa por los gobiernos del PP que termina desactivando muchas las leyes aprobadas –después de dieciséis años sigue pendiente el Plan Regional de Servicios Sociales de la ley actual-. Gobierno regional en estado puro.