A+ A A-

Intervenir la autonomía para garantizar derechos Featured

pepe Haro

Imagino la reacción que se habría producido en cualquier país de nuestro entorno si una investigación solvente acreditara que parte de los cultivos de una comarca estuvieran contaminados a consecuencia de las escorrentías provenientes de unos suelos tóxicos próximos. Inmediatamente, se produciría una movilización de los responsables políticos, a resultas de la cual, en poco tiempo, existiría un plan concreto y cuantificado económicamente para cortar de raíz tamaño atentado a la salud. Pues bien, en esta nuestra Región, el propio gobierno admite que existen lixiviados de residuos mineros procedentes de balsas de estériles irregulares, que no sólo vierten a las ramblas que desembocan en el Mar Menor, sino que, como ha denunciado el investigador José Matias Peñas, afectan a cultivos del campo de Cartagena. La respuesta de las autoridades ha sido la indiferencia indolente.

La misma que exhiben respecto del grave problema de la contaminación por metales pesados que afecta a las áreas urbanas ubicadas en el entorno del espacio sometido a la actividad extractiva durante muchas décadas. Alguna actuación en un par de centros educativos es todo lo que a este respecto se ha hecho, cuando el problema es de tal magnitud(está amenazada la salud, de manera muy directa, de miles de personas)que requiere una respuesta contundente, de envergadura, resultado de la coordinación de todas los sectores implicados y con mucho dinero encima de la mesa. Resulta sorprendente que ninguna de las Administraciones, en todos estos años, haya gestionado la recepción de los fondos de que dispone Europa para la rehabilitación de antiguas zonas mineras degradadas.

Este problema entronca con el de la albufera salada, pues ésta no sólo acoge las citadas ingentes dosis de Arsénico o Plomo, sino que es envenenada, mayoritariamente, por nitratos procedentes de la agricultura intensiva, ante la pasividad del grueso de fuerzas políticas. Efectivamente, la derecha y el PSOE han legalizado el vertido a las aguas marmenorenses de 170 kilos de nitratos anuales por cada una de las hectáreas de cultivo situadas a partir de 500 metros de la línea litoral. Toda una rendición al lobby agroexportador, cuando el sentido común más elemental nos dice que esa franja de protección ha de ser mucho más extensa e inscribirse en una rehabilitación ambiental del entorno, por supuesto poniendo fin al regadío ilegal.

Nuestras autoridades autonómicas no garantizan, pues, el derecho a un medio ambiente sano que la Constitución y las leyes establecen para el conjunto de la ciudadanía. Pero no sólo en estos ámbitos se produce dejación de funciones. La sanidad y la educación también se están resintiendo enormemente en esta tierra porque San Esteban no cumple con su obligación de proteger a sus habitantes ante una crisis sin parangón en el último siglo.

En pleno confinamiento, el ejecutivo de López Miras aprobó unos presupuestos que contenían un fuerte recorte en el capítulo sanitario. Y este verano ha cerrado consultorios, a pesar de que el fortalecimiento de la atención primaria resultaba perentorio para hacer frente a rebrotes como el que ahora padecemos. No hay vínculo explícito entre el dinero que el gobierno central está comenzando a librar para que los territorios lo orienten, en lo fundamental, a la prestación de los servicios básicos, y los escasos recursos que Murcia está destinando a estos fines. En el ámbito de la enseñanza, a pesar de la necesidad de reducir drásticamente las ratios para garantizar en las aulas una distancia de seguridad, nuestros centros públicos van a disponer de un solo docente más(los concertados salen mejor parados).

Tengo el convencimiento de que nuestra derecha murciana ha sucumbido a la tentación de acelerar el proceso de devaluación de los servicios públicos, aprovechando el daño que han sufrido por la pandemia, con la finalidad de dar un impulso a su privatización. Ocurre que cuando aquéllos se deterioran, a sabiendas, en momentos en los que la percepción social de su necesidad es mayor que nunca, con el agravante de disponer de fondos para su reforzamiento, entonces el rey aparece en toda su desnudez.

Soy un firme defensor del autogobierno murciano. Es más: creo que hay que seguir avanzando hacia un Estado federal pleno en el que sus partes dispongan incluso de la capacidad de decidir sus relaciones con el conjunto. Pero al igual que considero que Europa no  conculca la soberanía española cuando corrige decisiones injustas de nuestros tribunales o condiciona el envío de dinero Covid a la idoneidad de los proyectos susceptibles de acoger esos fondos, el Estado español tampoco quebranta nuestras prerrogativas autonómicas si supedita el envío de recursos a la región, en materias de medio ambiente, sanidad y educación, a que las transferencias tengan obligado carácter finalista. Porque hay derechos que no son negociables.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESTAMOS EN FACEBOOK

Convocatorias

Compás de espera para el inicio de los cursos de la Universidad Popular por la pandemia

Compás de espera para el inicio de los cursos de la Universidad Popular por la pandemia

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cieza informa de que, de momento,...

Alfaqueque presenta “Maryam de Siyâsa” de Antonio Balsalobre. Una mujer y una ciudad en tierras de frontera

Alfaqueque presenta “Maryam de Siyâsa” de Antonio Balsalobre. Una mujer y una ciudad en tierras de frontera

La editorial ciezana, Alfaqueque Ediciones, presenta el próximo lunes, 14 de d...

Tercera convocatoria de mejora de caminos rurales

Tercera convocatoria de mejora de caminos rurales

El concejal Antonio Moya denuncia "el agravio que sufre nuestro sector agrícola ...

Latalaya.org