Ciudadanos celebra su primer año en el Gobierno de la Región de Murcia con un cierto triunfalismo que raya en lo grotesco. Así, el secretario de Comunicación, David Sánchez, ha llegado a decir hace unas semanas que «C's está protagonizando el cambio más importante en la política de la Región de Murcia de los últimos treinta años»; y la consejera Portavoz, Ana Martínez Vidal, acaba de afirmar que «nuestro Mar Menor ha experimentado una importante mejoría desde que Ciudadanos está en el Gobierno de la Región de Murcia».

Sin embargo, la práctica política de Ciudadanos en la Región se caracteriza por una contradicción continua por la que es capaz, por ejemplo, de apoyar una ley de Vivienda con el PSOE y Podemos en la anterior legislatura para, a renglón seguido, hacerse cómplice del incumplimiento de la misma, asumiendo junto con el PP la no aprobación de un reglamento que permita su desarrollo, o votando con PP y Vox una reforma que acaba con el parque público de vivienda.

Es capaz también de lanzar mensajes esperanzadores de cambio en las políticas de igualdad o de servicios sociales para, enseguida, asumir las tesis del PP y Vox, y reducir los presupuestos de igualdad, renta básica y dependencia, así como de mantener sin aprobar todavía la nueva ley de Servicios Sociales, ley que sigue dejando fuera de la consideración de derecho subjetivo la atención a las víctimas de violencia de género; o eternizar en el limbo legislativo el decreto sobre Atención Temprana que viene dando tumbos desde 2016.

¿Y qué decir del Mar Menor? Aprobando (también junto con PSOE y Podemos), la Ley de Medidas Urgentes en febrero de 2018 (la más progresista y mejor orientada hacia las soluciones que el Mar Menor necesita), para aliarse después con el PP en el incumplimiento de dicha norma y su posterior derogación. La nueva ley de Protección Integral, cuyo consenso entre PP y PSOE se atribuye Ciudadanos, no deja de ser un retroceso, en múltiples aspectos, respecto de la derogada ley de medidas urgentes.

¿Y del apoyo a la modificación de la ley Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia que eleva hasta el 30% el límite de los vertidos contaminantes sin necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental?

Esta es la estrategia que decidió Ciudadanos en su momento, equivocada pero respetable, como cualquier otra. Así que, triunfalismos los justos.