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El puto número 5 Featured

Ángel Montiel/La Opinión de Murcia

En el pacto de Gobierno PP-Cs no se habla de limitación de mandatos, sino de un tope de años de ejercicio cifrado en ocho como causa de exclusión. Por tanto, si este punto del acuerdo acabara convertido en Ley, López Miras podría presentarse a un tercer mandato, pues en tal caso sumaría seis años, cuatro de la corriente y dos de la anterior

Lo dice la Ley aprobada por el efímero Gobierno Garre. Así, literalmente: «No podrá ser elegido presidente de la Comunidad Autónoma quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos». A ver, señores juristas, vamos a darle vueltas a la frasecita. ¿Hay hueco interpretativo para que el actual presidente pueda concurrir como candidato a las próximas elecciones? No lo hay, hueco, ni para un alfiler. Dos mandatos serán los que cumplirá Fernando López Miras cuando concluya el actual, sea hasta el final o en cualquier tramo. Ahí nada hay que rascar. De modo que hay que cambiar esa ley, claro, por mucho que fuera aprobada a iniciativa del PP. Y hay que cambiarla ya, en el próximo periodo parlamentario, mejor hacia el principio que hacia el final del curso, para que la posibilidad de repetir quede clara en el contexto del congreso regional del PP. Que se sepa que en éste no se elegirá solo al presidente del partido sino con él también al próximo candidato electoral.

Cambiaron mandatos por años. Pero el pacto de Gobierno con Ciudadanos, en concreto el capítulo referido a 'regeneración democrática' (naturalmente no se titula así, sino «Transparencia, despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción», casi nada), por su espíritu, no parecería que pudiera facilitar retrocesos. En ese documento (Acuerdo Programático 2019) se resumen los condicionantes que puso Cs al PP para transmitir la apariencia de que facilitar a éste cuatro años más de Gobierno después de veinticinco consecutivos, contradiciendo la solemne promesa de la propia Inés Arrimadas ante la fachada de la Catedral de Murcia, no le iba a salir gratis a los populares, que tendrían que asumir un cambio profundo en la manera de ejercer el poder político. Pero ¿es Cs el problema para cambiar la Ley a satisfacción del futuro de López Miras?

Uno de mis corresponsales llama para preguntarme: ¿Has leído el Acuerdo Programático? Y tanto. Es la guía que consulto para constatar que la consejera de Transparencia, de Cs, no ha acometido, al año de ejercicio, ni uno solo de los proyectos que en él se sugieren. Pero mi corresponsal insiste: ¿Has leído el punto cinco? Y me aconseja: «Lee bien y despacio el puto punto número cinco».

Lo transcribo en su literalidad: «Aprobaremos la limitación de ocho años la duración del mandato de un mismo o misma presidente del Gobierno de la Comunidad y de los consejeros o consejeras. Quienes hayan ejercido estos cargos durante ocho años consecutivos no podrán ser elegidos o nombrados para desempeñar un nuevo mandato». Aunque la redacción no es excelente, se entiende muy bien. Aquí no se habla de limitación de mandatos, sino de un tope de años de ejercicio cifrado en ocho como causa de exclusión. Por tanto, si este punto del pacto de Gobierno PP-Cs acabara convertido en Ley, aun si López Miras alcanzara a concluir la actual legislatura podría presentarse a un tercer mandato, pues en tal caso sumaría seis años, cuatro de la corriente y dos de la anterior.

Tendríamos que haberle prestado más atención a ese punto cinco, más que nada porque se refiere a una cuestión, la limitación temporal de los altos cargos del Gobierno, que ya parecía resuelta. Pues no. En realidad se trata de una enmienda regresiva a la Ley Garre. Con ella, Cs aparenta mantener sus exigencias regeneracionistas, pero en el contexto en que firma ese pacto lo hace a sabiendas de que modifica el espíritu de la norma en favor de la continuidad política de su socio. Cs, como partido en Murcia, no tiene problema en este aspecto, pues consume líderes con más rapidez que ninguno, no hace falta que haya ley o pacto que establezca limitaciones: llegar a los ocho años con un mismo cartel sería milagroso; llevan cinco en la política institucional y, después de Miguel Sánchez e Isabel Franco, vendrá ahora, no se sabe por cuánto tiempo, Martínez Vidal.

La acción de oro de López Miras. El punto cinco del acuerdo PP-Cs, visto ahora, permite desvelar mejor las incidencias que se produjeron durante la negociación del pacto de Gobierno. El PP estaba dispuesto a ceder cualquier cosa que Cs le pidiera a cambio de que aceptara el matiz de cambiar, en el tope del ejercicio presidencial, mandatos por años cumplidos. El pacto, en realidad, se cerró antes del inicio de las negociaciones, entre el mandamás de la Stasi ciudadanea Fran Hervías, por Cs, y el propio López Miras. Quedó claro desde el primer momento que el presidente del PP quería obtener un respiradero para el futuro, y estaba dispuesto a entregar a Cs, con tan solo seis diputados, casi la mitad del Gobierno, salvando, claro, las consejerías esenciales y reservándose para sí el gabinete de Agitación y Propaganda mientras desgajaba de él para Cs el rango formal de la Portavocía, que de paso comprometía al partido coaligado a asumir públicamente las estrategias centrales del PP sin dejarle margen para exhibir cualquier diferencia en el espacio oficial.

Hervías aprovechó el flanco de la debilidad de López Miras, condenado a ser un presidente de paso, para pavonearse por el éxito cuantitativo de la negociación previa, y todo lo que vino después, incluidos los contactos con el PSOE, fue mero paripé para la galería. López Miras se mostró generoso con Cs, y más porque éstos venían de un resultado electoral muy alejado de sus expectativas, a cambio de que el punto número cinco le abriera una puerta y no se convirtiera de antemano en un 'pato cojo', un presidente circunstancial que, por haber sido designado a dedo enmedio de una crisis interna derivada de la corrupción (casualmente fue elegido presidente por el protagonista de aquella crisis) tenía que construirse su propia pista de aterrizaje.

La acción de oro es, pues, el punto número cinco.

Al modo venezolano. Y tendría gracia que Cs, partido que en teoría llevó la mano al PP en el pulso por la formalización de los acuerdos de Gobierno, resultara ser ahora el que no cumple lo firmado. López Miras se propone activar la reforma de la Ley que le impide repetir como candidato electoral en el próximo curso parlamentario. Dejarlo para el último año sería ponerse definitivamente en manos de Cs, que podría exigirle, según el tono de las encuestas electorales, un excesivo número de diputados en el probable modelo ensayado en el País Vasco: Murcia Suma, es decir, mejor algún diputado que ninguno. Un proyecto en el aire que, en su día, parecía beneficiar al PP, que lo promovió, y que después, si Cs se va disolviendo, le sería contraproducente a López Miras para neutralizar la emergencia regional de Vox, que vería el cielo abierto al ver al PP concursando electoralmente con los llamados centristas.

La pregunta por ahora es si Cs estará dispuesto a facilitar una prórroga al actual presidente popular con el desgaste que supone saber que esa iniciativa no obedece al interés general, sino que se produce ad hoc, en favor del interés político particular de López Miras. Sería algo similar a lo que hizo Chávez en Venezuela al cambiar la Constitución para sortear su límite de mandatos como presidente. Los extremeños se juntan.

Vox cobra su precio. De momento, el voto que falta, pues PP y Cs no suman mayoría absoluta, el de Vox, está en el bote. José Ángel Antelo, que en su partido, como Martínez Vidal en el suyo, está a la espera de que suenen los clarines desde Madrid y caiga la breva macoca para presentarse en su caso como líder de la extrema derecha en Murcia, ya ha comentado en círculos políticos que el PP cuenta con todo su apoyo para cambiar la ley. La deferencia tiene precio: el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, que es amigo suyo, hará todo lo posible para que la crisis interna de Vox en la Asamblea Regional se resuelva con la concesión de Grupo Parlamentario para el único diputado leal al aparato central, Pascual Salvador. El Vox oficial recibirá del PP, pues, apoyo político y apoyo jurídico, se supone, pero este tipo de promesas son imprecisas porque hay unas leyes que no están sometidas, hemos de creer, a la voluntad política. De momento, Antelo cree a su amigo Celdrán, y pondrá su voto para la posible reelección de López Miras.

Ley de Puertos y Transparencia. Pero está por ver si Cs, que va cuesta abajo y sin frenos, está dispuesto a cumplir el punto número cinco y dar así más alas electorales al PP, a fin de cuentas su principal competidor y con un líder, López Miras, que se ve a sí mismo crecido. El presidente, para no dejar cabos sueltos, se muestra siempre decidido a cumplir su parte del pacto con Cs a fin de que éstos cumplan con la suya, es decir: el puto punto número cinco, la clave de bóveda del actual poder popular. Pero a estos efectos es Cs, sin dirección ni rumbo, el que no empuja. Véase el caso de la reforma de la Ley de Puertos, cuya aprobación ha contado con el voto a favor del mismo partido que se responsabiliza de la consejería de Transparencia, de la que es titular la magistrada Beatriz Ballesteros. La causa de la reforma es precisamente eliminar el control público y la transparencia en las actividades de la administración portuaria. Ballesteros no ha dimitido, a pesar de que esa Ley afecta profundamente al ámbito que rige y está promovida por el consejero de Fomento, Díez de Revenga, del PP, quien vino al Gobierno desde ese sector. Y ha sido reformada con el falso pretexto de la activación económica tras el covid, cuando es público y notorio que ya estaba pergeñada, como el resto de las reformas que atañen a la política urbanística y medioambiental, antes de la irrupción de la pandemia. Y la consejera traga con esto cinco minutos después de anunciar que se propone revisar la Ley de Contratos, aunque justamente también después de que los concursos públicos más relevantes por su cuantía económica en esta fase (SMS y televisión autonómica, además de las adjudicaciones directas de urgencia por el covid) están ya resueltos o en fase de resolución.

Pérez Templado, al Consejo de la Transparencia.Por si quedara claro que la consejera de Transparencia es un cero a la izquierda, su compañera de Gobierno, Ana Martínez Vidal, se ocupa personalmente de decidir, fuera de su actual ámbito competencial, quién será el nuevo presidente del Consejo de la Transparencia, una vez concluido el mandato del inmenso y lógicamente intrusivo y molesto José Molina: el magistrado Julián Pérez Templado, una personalidad que bien habría podido sugerir el PP. Es verdad que Martínez Vidal se mueve mejor en el ambiente judicial de Murcia (magistrados y fiscales) que entre el propio sector bajo su competencia, pero en esta cuestión parece haber suplantado a la consejera responsable del asunto, quien es cierto que le debe el nombramiento, según aquélla se encargó públicamente de sugerir.

El punto número cinco del pacto PP-Cs expresa con claridad que López Miras cree tener atado y bien atado desde el principio el cambio de la ley que le permitirá postularse a un nuevo mandato, vetado por la Ley vigente, tras la actual legislatura. Sólo queda por saber si Cs acatará lo pactado sin más o le pondrá a sus votos un nuevo precio, que sin duda tendrá que ver con la continuidad, mediante una u otra fórmula, de los políticos al mando del partido que aspiren a sobrevivir. Quizá López Miras deba comprometerse para la próxima a garantizar, no ya consejerías a posteriori, sino puestos en las listas a priori.

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/07/26/puto-punto-numero-5/1132199.html?fbclid=IwAR2QXvk1jRPBh5dG_ufSFNHk_v8uXGnDVGLm2hkeGHqio1WJKUDkexr7n_Y

 

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