Cuando se anuncian de nuevo posibles obras de remodelación, tras la incesante caída de cascotes de las distintas fachadas de la catedral, y para las que desde las instancias eclesiásticas se pide dinero público, es el momento de proceder al borrado de la inscripción fascista

Uno de los reclamos turísticos de más peso de nuestra Región, la iglesia-catedral de Murcia, monumento del siglo XV, está gravemente afectado por el paso del tiempo. Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de que, una vez más, una zona de la plaza de la catedral fue acordonada tras caer unos cascotes de su fachada. La situación no es nueva: los casi trescientos años de antigüedad de la piedra del bello imafronte barroco de Jaime Bort, los excrementos de las palomas sobre sus estatuas, las distintas amplitudes térmicas y la humedad que soporta la roca y, por qué no decirlo, el haber convertido la Plaza del Cardenal Belluga en lugar de celebraciones varias en las que, en ocasiones, no falta la música con altos decibelios atentan, además de la propia antigüedad de la roca, contra la salud de la misma.

Tirando de hemeroteca, comprobamos que la situación no es nueva. Tras el luctuoso suceso de abril de 1995, en el que un músico callejero murió, tras varios días hospitalizado, al caerle encima un fragmento de la fachada, varios hechos similares han venido sucediéndose. Por ejemplo, en fechas más recientes, en agosto de 2018, lo que movió en noviembre de ese año a la dirección general de Bienes Culturales, dependiente de la consejería de Cultura, a iniciar un expediente de emergencia para reparaciones urgentes en la fachada, pero sin solución definitiva, hasta el punto de que en marzo de 2019 la asociación Huermur exigía, en nota de prensa, una revisión exhaustiva y pormenorizada de todas y cada una de las fachadas de la catedral.

La inseguridad del templo catedralicio sigue ahí, pese a que la legislación regional exige de los responsables del mantenimiento del templo actuaciones claras para evitarla. La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia es contundente a ese respecto. El artículo 6 de ese texto legal obliga por igual a las entidades locales (en este caso al ayuntamiento de Murcia) y a la propietaria del templo, la Iglesia católica. En relación a la restauración, el artículo 9 nos recuerda que la dirección general de Bienes Culturales es competente en la materia, aclarando que «la Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural [€] la adopción de medidas de restauración, rehabilitación [€]» y, si el requerimiento no es atendido, la dirección general competente podrá ejercerlas subsidiariamente.

El artículo 35.4 aclara, además, de que «en el caso de inminente peligro para la seguridad de las personas [situación que hoy es evidente], el titular del bien inmueble [en este caso, la Iglesia católica], y en su defecto el Ayuntamiento correspondiente, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar daños».

Pero si hay algo, además del peligro inminente que presentan las distintas fachadas, que afea y denigra a este monumento nacional, declarado como tal en junio de 1931 por la II República y hoy catalogado como BIC, es la inscripción falangista existente en la fachada que da a la Plaza de la Cruz. Con la leyenda «José Antonio Primo de Rivera. Presente», dicha inscripción supone un atentado a los valores de paz y de concordia que teóricamente debe predicar la Iglesia católica, amén de que el mantenimiento de la misma es contrario a los principios básicos de un Estado democrático.

Esa leyenda sigue ahí, recordándonos aciagos tiempos de odio e intolerancia, alentados por un individuo, José Antonio Primo de Rivera, cuyo único mérito consistió en propugnar el enfrentamiento violento entre las españolas y españoles, ya que, en el Manifiesto fundacional de Falange, en el madrileño Teatro de la Comedia, llamaba claramente a ese enfrentamiento con su 'dialéctica de los puños y las pistolas', hecho corroborado en su clara adhesión al golpe de Estado militar contra la República.

El movimiento memorialista regional ha venido realizando vanos llamamientos a corregir esa clara anomalía democrática. Reivindicaciones que vienen de atrás. Ya en 2008, la asociación Amigos de los Caídos por la Libertad contactó con el Obispado para demandar la retirada de esa inscripción fascista, con la difusión de un comunicado en el que matizaba que el objetivo era recuperar el aspecto original de la fachada, tras la restauración del templo.

La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) cursó en 2017 una petición al Obispado en el mismo sentido, así como, meses después, la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU). Dichas exigencias se fundamentaban en lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica. En ese artículo se establece que las Administraciones públicas deben tomar las medidas oportunas para retirar los objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.

MHMU visitó, además, sin resultado alguno, al deán de la catedral, Juan Tudela, al que pidió que tanto el cabildo catedralicio como el Obispado, en cumplimiento de la citada ley, procedieran al borrado de dicha inscripción. Tampoco ha obtenido respuesta el escrito dirigido por esa asociación a la dirección general de Bienes Culturales, en solicitud de entrevista.

En esa línea de constante reivindicación del borrado de esa denigrante inscripción falangista, el pasado 23 de noviembre de 2019 tuvo lugar una concentración en la Plaza de la Cruz, convocada por la federación regional de asociaciones memorialistas, que fue secundada por centenares de personas. En la misma, se exhibía una pancarta con la leyenda «Obispo, quita la inscripción», exigiendo, una vez más, eliminar de la piedra el texto que exalta la figura de quien apoyara, sin fisuras, el golpe de Estado contra el Gobierno legal republicano.

Hoy, cuando se anuncian de nuevo posibles obras de remodelación, tras la incesante caída de cascotes de las distintas fachadas de la catedral, y para las que desde las instancias eclesiásticas se pide la colaboración de Fomento, según recogía hace unos días LA OPINIÓN, si a esas obras se va a destinar dinero público, es el momento de proceder al borrado de una inscripción fascista que, amén de atentar contra la memoria democrática, denigra, como decíamos arriba, el carácter monumental y turístico de un templo que es visitado anualmente por miles de personas de fuera de la Región.

Porque la Iglesia, de una vez por todas, debe ser más receptiva a los nuevos tiempos democráticos y desprenderse de la simbología fascista de sus templos y otros lugares de culto.