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Ley de víctimas del franquismo Featured

Diego Jiménez

Sigue sin escucharse la voz de las asociaciones memorialistas que exigen Verdad, Justicia y Reparación

Hace unos días, el Hemiciclo de Letras acogió un acto de presentación del libro La emergencia de Vox, del que es autor el eurodiputado Miguel Urbán. Estuvo acompañado en la mesa por la periodista Elisa Reche y por un servidor. Tanto el conferenciante como el que les escribe coincidimos en que, para entender el espectacular auge electoral de este partido de extrema derecha en nuestro país, hay que considerar la pervivencia de un franquismo sociológico. Yo fui algo más allá y demostré con datos, entre ellos la existencia de fundaciones franquistas y la no condena explícita del franquismo por las instituciones del Estado, que el franquismo sigue bastante presente, algo más allá de ese franquismo sociológico.

Uno de los asuntos que demuestra que esto es así es el nulo tratamiento que la democracia española ha dado a las víctimas del franquismo. El pasado enero, el PSOE presentó una proposición de Ley de Memoria Histórica que, aunque supone un avance respecto a la Ley de 2007 (como un banco de datos de ADN, censo de víctimas, etc.), sigue sin abordar este problema.

Desde la Federación estatal de Foros por la Memoria se critica, pues, que siga sin escucharse la voz de las asociaciones memorialistas que exigen Verdad, Justicia y Reparación, algo que, en la visita a nuestro país en el año 2014 del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, ya se exigía al Estado español. La ONU sigue reclamando al Estado la obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la Humanidad cometidos por el franquismo.

En 2017, el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas también expresó su preocupación por la inacción de los tribunales españoles en la judicialización de los casos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura, instando a España a «elaborar planes para buscar a las personas desaparecidas durante ese periodo». Recordemos que en la Audiencia Nacional hay no menos de 120.000 denuncias relativas a esas desapariciones.

Otro de los aspectos en que se demuestra el poso franquista que aún anida en las instituciones es la inamovible posición respecto a la Ley de Amnistía que han venido manteniendo los sucesivos Gobiernos habidos desde la Transición hasta hoy. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a España a la derogación de esa ley o a su enmienda, para hacerla 'plenamente compatible' con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Otros asuntos que no recoge el Manifiesto de Foros por la Memoria que comento, y que tampoco ha abordado la democracia española, es la devolución a sus herederos del enorme patrimonio económico incautado por el bando vencedor a las familias republicanas, y la investigación sobre los más de 35.000 bebés que se cree fueron robados desde 1939 a 1975 también a familias republicanas.

No podemos olvidar tampoco (añado yo también) la persistencia en nuestro país de un buen número de Fundaciones franquistas, perceptoras, en algún momento, de dinero público. A título informativo, reseño las que siguen: Fundación Francisco Franco, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Suñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.

Lo que desde la Federación estatal de Foros por la Memoria se está exigiendo, en suma, es que el actual proceso de construcción y significación de la Memoria debe darse en un marco de «transparencia y participación de la sociedad civil». Por ello, esta entidad proponente reclama a las formaciones políticas que se comprometan a desarrollar una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo que haga posible:

1. La condena del franquismo como régimen criminal, recordando lo que supuso el golpe de Estado a la Segunda República, la guerra, la dictadura y la represión continuada contra los derechos humanos.

2. El reconocimiento y garantía a las víctimas del franquismo, del nazismo y de la Transición de sus derechos a la Verdad, la Justicia y Reparación, en los términos expresados por los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado español.

3. La nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, el carácter ilegal de todos los tribunales y organismos represivos, así como de toda la legislación que permite la impunidad de ese régimen.

4. Un plan estatal de exhumaciones judicializadas, dirigidas por un juzgado o fiscalía especializada.

5. Eliminación definitiva de todas las formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos y honores.

6. La ratificación por el Estado Español de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1968.

El comunicado de Foros por la Memoria acaba reconociendo que «sólo por decisiones políticas relacionadas con la forma en que se desarrolló la Transición a la democracia no se reconoce a las víctimas del franquismo los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia».

Por ello, se exige al Estado español y a las organizaciones democráticas la elaboración de esa Ley Integral de Víctimas del Franquismo, para acabar con ochenta años de impunidad.

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