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Jesús Maraña/Infolibre

En menos de dos días hemos presenciado acontecimientos inéditos en la política española. Este mismo jueves, sin ir más lejos, hemos visto cosas “que vosotros no creeríais” si hubiérais desconectado los móviles (disculpas por el ya tópico abuso del replicante de Blade runner). Y todo indica que vendrán muchos más días similares, acordes con estos tiempos complejos y fugaces, en los que parece importar más la capacidad de dominar el marco de debate público que el contenido del mismo y las consecuencias de las decisiones tomadas.

Si pudiéramos elevar la vista sobre el rodillo interminable de la información simultánea, más allá del siguiente tuit o la próxima alerta en WhatsApp, quizás pusiéramos en valor el hecho de que un gobierno de coalición progresista no sólo sea posible, sino que además sitúe entre sus prioridades, bajo el rango de vicepresidencias, los Derechos Sociales, la Agenda 2030, la Memoria Democrática, la transformación digital, la transición ecológica o la despoblación. Simplemente con que se cumplieran algunos objetivos mínimos en esos ámbitos, además de lograr revertir los recortes de derechos laborales y avanzar en la progresividad fiscal, ya supondría un éxito en lo que más debe importar de la política: la aportación de soluciones a los problemas y la mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía, muy especialmente de las capas más desfavorecidas.

No es nada fácil. Podemos conformarnos con la obvia e indignante actitud de la oposición y de sus altavoces mediáticos. Embarraron a base de griterío, hipérboles, acusaciones falsas e insultos el debate de investidura, con un peligroso hilo que tejía los mensajes de fondo: la deslegitimación del Gobierno de coalición y de sus posibles apoyos. Todos sabían perfectamente que no tenía el menor sentido pensar en una especie de tamayazo, pero lo que interesaba era sembrar la semilla de esa imagen de “traidor a la patria” adjudicada a todo aquel que en España no sea de derechas. Una vez que fracasa el improbable intento de boicotear directamente la formación de gobierno, la siguiente especie que se hace circular es que fue la izquierda la que provocó esa crispación desde el minuto uno, por acusar a las derechas de falsear la realidad y por acabar con la consideración de “apestados” adjudicada durante demasiado tiempo a los escaños de partidos independentistas que (guste o no) representan a millones de ciudadanos.

Pero no todo el infierno está en “los otros”. También hemos asistido a las primeras tensiones evidentes en el seno de la coalición progresista. No gustó en absoluto en Moncloa ni en el PSOE que desde hace días Unidas Podemos filtrara los ministerios bajo su ámbito y los nombres de sus titulares y hasta de algunos altos cargos. Reavivaba uno de los principales motivos que frustraron la investidura de julio: “No puede haber dos gobiernos en uno”. Y no ha gustado nada en Podemos el frenazo de Sánchez a la constitución inmediata del Ejecutivo tras la investidura y mucho menos el anuncio este jueves de una cuarta vicepresidencia (la pilotada por Teresa Ribera) de la que Iglesias no había sido informado. Primer asunto a analizar en esa Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo prevista en el Protocolo firmado entre PSOE y Unidas Podemos para vigilar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de sus pactos.

Los gobiernos de coalición no son un invento extraño ni suponen por su formato un plus de inestabilidad política. Funcionan en decenas de países y también en comunidades autónomas y ayuntamientos. Lo que sí está testado en los estudios de sociólogos y politólogos es que esos gobiernos son más estables y eficaces cuanto más detallados y prolijos son los acuerdos que los sustentan y los mecanismos establecidos para el control y vigilancia de su cumplimiento. Y aunque no pueda medirse con parámetros exactos, es evidente que el grado de confianza mutua entre los miembros de una coalición será decisivo para su éxito o fracaso. De ahí la importancia de que socialistas y morados sean capaces de superar la tensión masticada este jueves y conecten las luces largas de lo que el electorado espera de ellos.

Del mismo modo que un PP que pretenda volver a ser alternativa de gobierno no podrá sostener durante tres o cuatro años el discurso crispado y nacionalpopulista que ha venido empleando en su alocada carrera por competir con Vox, los miembros del primer gobierno de coalición de izquierdas no serán finalmente calificados por su habilidad en el reparto de poder y mucho menos por su mayor o menor astucia al comunicar sus respectivas acciones. En esta nueva época marcada por el multipartidismo y los retos de una sociedad tan hiperconectada como desinformada, el balance de un Ejecutivo de progreso será medido por su eficacia, rigor, moderación y valentía en la lucha contra la desigualdad y la injusticia. Y por su capacidad para encauzar en el ámbito de la política la crisis constitucional abierta desde Cataluña y derivada hasta ahora a la vía casi exclusivamente penal, como este intenso jueves se ha vuelto a demostrar con el auto del Supremo que decide mantener en prisión a Oriol Junqueras y negarle la condición de eurodiputado que le otorgaba el Tribunal de Justicia de la UE.

Iremos conociendo en las próximas horas y días la estructura y composición definitivas del Gobierno de coalición. Y se iniciará una andadura cuyo primer objetivo es lograr antes del verano la aprobación de unos Presupuestos que hagan compatible ese programa progresista con el corsé de los compromisos de estabilidad fiscal dictados por Bruselas. Para ello es necesaria la colaboración de ERC, inmersa en su propio laberinto no menos complejo: con dirigentes encarcelados y en precampaña electoral permanente para clarificar la disputa por la hegemonía en el espacio independentista.

Paso a paso. Luces largas. Lo único que no precisa una situación tan compleja es que los encargados de afrontarla la compliquen aún más.

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