Asegura el Banco de España que de los 65.725 millones de euros aportados por el Estado (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para el rescate del sector financiero, nunca se recuperarán 51.000 millones. Es decir, que la ciudadanía hemos perdonado a los banqueros un dinero que les hemos dado a crédito.

Ante esto, hay quien asegura que en el caso español, a diferencia del resto de Europa, los beneficiarios de esa inyección de liquidez no han sido los bancos, sino unas entidades semipúblicas como son las Cajas de Ahorro. Frente a quien así argumenta, vamos a tomar como paradigma un caso que en esta región conocemos bien: el de la CAM. Esta conocida caja de ahorros de ámbito levantino recibió del FGD más de 5.200 millones de euros y, una vez saneada, se entregó por un euro al Banco Sabadell. Es decir, esta poderosa entidad se hizo gratis con toda una red de sucursales y de activos de la caja absorbida, con la particularidad añadida de que el FGD otorgó al Sabadell un Esquema de Protección de Activos (garantía sobre las posibles pérdidas de la cartera de préstamos de la extinta CAM) por valor de 16.000 millones. Viva el mercado.

Ese dinero salió de un fondo, el FGD, que tenía como misión asegurar los depósitos bancarios inferiores a 100.000 euros, es decir, si no se trataba estrictamente de dinero público, sí era dinero del público, de los depositantes. En el resto de casos fue el FROB, el Estado, quien saneó otras cajas para entregárselas directamente a la banca. Pero lo más escandaloso es lo que sucede todavía con la Sareb, el llamado banco malo, en realidad una inmobiliaria conformada con dinero privado y público (55% y 45%, respectivamente), que con un préstamo de Europa adquirió las viviendas vacías de las cajas arruinadas y sus créditos fallidos a promotores inmobiliarios. El préstamo era de 50.000 millones y tenía como finalidad última que la banca española adquiriera liquidez para poder pagar sus deudas con entidades europeas. Ese patrimonio lo adquiere Sareb a valor de mercado y lo va vendiendo a precio de ganga a fondos buitre, que así van incrementando espectacularmente su parque de viviendas. Como compra caro y vende barato, no ingresa para devolver el préstamo, pero no hay problema porque los contribuyentes avalamos esa deuda. La pagaremos nosotros, para mayor gloria de bancos y fondos buitre.

Hemos sabido recientemente, a través de Hacienda, que el tipo pagado en impuesto de sociedades por los beneficios de 134 multinacionales españolas ha sido del 12,6%, cuando el tipo efectivo está fijado en el 21,3%. O sea, se han ahorrado estas grandes empresas, merced a sus trucos contables y las exenciones regaladas, más de 8.000 millones que no han ido a sanidad, educación o pensiones.

Finalmente, se ha calculado que el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas asciende a unos 40.000 millones anuales, a incluir dentro de esos 80.000 millones que recaudamos en España por debajo de lo que se ingresa en la eurozona.

Pues bien, toda esta gente que acapara los recursos, a quien habría que sumar esa cúpula empresarial que asegura que despedir a un trabajador en situación de baja médica justificada redunda en beneficio de la economía española, se ha conjurado para impedir que en este país haya un Gobierno decente que haga cumplir las leyes y obligue a pagar a Hacienda según lo realmente ganado. Invocando un extraño patriotismo (la patria en el corazón y el bolsillo en paraísos fiscales), advierten del advenimiento del apocalipsis si Unidas Podemos entra en el Gobierno. Y además amenazan, de manera velada algunos, abiertamente otros, con desencadenar la tormenta si finalmente se arma un ejecutivo 'sedicioso' y 'fuera de la ley y la Constitución'. Llaman, implícitamente, al golpe de Estado, quizá por vía judicial.

Es la historia de siempre: la de quienes, para expoliar a su país, reclaman su derecho a estar siempre en el poder que por cuna y fortuna les pertenece.