Lo que hace mucho tiempo aclararon los historiadores parece que vuelve a confundirse en boca de algunos responsables políticos. Frente a la desvergüenza de los que argumentaron durante años la razón patriótica de los conspiradores de 1936 y frente a la mirada equidistante de los que se dedicaban a repartir culpas, los estudiosos universitarios detallaron la crueldad de un golpe de Estado criminal y desgarrador para una sociedad española que no era más conflictiva, por ejemplo, que la francesa. Quienes justifican hoy el levantamiento militar debieran saber que hubo menos víctimas y atentados en la primavera de 1936 que en algunos inviernos de la difícil Transición española.

Como la política está desacreditada y como una amplia galería de políticos juegan a mentir, descalificar y degradar al adversario, quizá la gente se haya acostumbrado a la peligrosísima inercia de pensar que todos son iguales y todos defienden de manera egoísta sus intereses impuros. Si esa dinámica se desplaza al pasado, resultará fácil que cale la opinión de los que reparten culpas. Se consolidará la confusión entre lo que significó la violencia de la guerra, bajo la que también se cometieron desmanes en el bando republicano, y la responsabilidad única de los que se levantaron contra la legalidad democrática y pactaron después con los nazis y los fascistas el uso de España como laboratorio en el que probar las nuevas formas de la matanza moderna.

El franquismo fue responsable de la violencia desatada en 1936 y de los 40 años siguientes de dictadura descarnada. Por eso extraña tanto que políticos demócratas quieran ser equidistantes a la hora de opinar sobre la exhumación de los restos Franco. Que saben poca historia está claro; pero tal vez el verdadero problema sea que también carezcan de sentimientos democráticos. Quien empieza siendo impune a la hora de defraudar al Estado, acaba por asumir la impunidad de todo tipo de crímenes.

Duele, por otra parte, la frivolidad de los que tachan de electoralismo el cumplimiento inmediato de la sentencia judicial. Si la España progresista pierde las elecciones el próximo 10 de noviembre, hubiésemos tenido que aguardar otros 40 años para hacer justicia. ¿De verdad era lógico retrasar las cosas? Me alegro mucho de haber sido yo, y no mis hijos o mis nietos que están por nacer, el testigo de la exhumación. Uno siente miedo al oír fascistadas, pero también es insufrible el tedio que provocan algunas frivolidades del pensamiento inconsistente.

Como digo, el descrédito de la política puede facilitar el triunfo de la equidistancia al pensar el pasado con los criterios de hoy. Por eso quizá sea conveniente recordar que el franquismo, además de fusilar y encarcelar a rojos, maltrató la vida cotidiana de la sociedad española hasta unos extremos oscurísimos. Quien lea el ensayo de Carmen Martín Gaite titulado Los usos amorosos de la posguerra española podrá calibrar lo que supuso la idea de la mujer que dictaron los vencedores. Además de arrebatarle el derecho al voto que había conseguido en la República, un castigo generalizado contra toda la ciudadanía, el durmiente del Valle de los Caídos impuso sobre la mujer unas condiciones que dan miedo a la hora de pensar su vida económica, laboral, sexual y familiar. ¿Puede alguien ser equidistante o considerar digna de olvido semejante barbarie?

¿Y la actitud del régimen frente a la homosexualidad? El ministerio de Justicia acaba de publicar un magnífico ensayo del profesor Guillermo Portilla Contreras sobre Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso. Un vocabulario dominado por palabras como aberración, vago, maleante, pecado, nefando, psicopatía, enfermedad y desviación cayó contra los homosexuales para que médicos y jueces los encerrasen en campos de concentración y en clínicas dedicadas al castigo, la psicocirugía, la leucotomía prefrontal y el electrochoque. Algunas de esas prácticas llegaron hasta los años 70 porque los homosexuales, ya se sabe, eran celosos, sádicos, brutales y con manía persecutoria, gente proclive a la violencia. Como no se reconocía el derecho de la mujer al deseo sexual, su drama también fue casi invisible en este aspecto. Alguna rara sentencia ataca al lesbianismo como asunto sólo característico de las prostitutas.

No sé si todavía la felicidad privada es un valor cultural, pero estoy convencido de que para la política es un valor imprescindible la felicidad pública. La política pierde su sentido cuando se aparta del derecho razonable de la gente al bienestar y la felicidad. No se trata de pugnas abstractas ni de bandos, sino de decisiones muy concretas sobre la dignidad de las personas y su vida cotidiana en la salud y en la enfermedad, en el trabajo y en el ocio. El franquismo supuso una gravísima catástrofe para la sociedad española. Nuestra democracia soporta defectos, como –por ejemplo- la inglesa, la italiana o la norteamericana, y provoca personajes tediosos, pero sus males no tienen ni punto de comparación con la rutina inmisericorde del franquismo. Deberíamos evitar cualquier tentación de regreso al Frenopático Nacional.