Hace unos días, uno de los más prestigiosos periodistas de este país, hombre cabal, templado y progresista, aseguraba que sería un error para Unidas Podemos no apoyar la investidura de Sánchez, pero también lo sería dar el gobierno y pasar inmediatamente a la oposición, ya que ello generaría tal inestabilidad (no habría presupuestos, por ejemplo)que nos veríamos abocados, inevitablemente, a elecciones en breve espacio de tiempo.

Coincide esta valoración con las prevenciones que el PSOE está adoptando últimamente: no basta, aseguran, la gratuidad de la investidura; es necesario tener garantizado un soporte parlamentario continuado a lo largo de la legislatura. Y ese respaldo sólo se concibe a partir de los 370 puntos del programa ‘común’ que el gobierno habría elaborado a partir de ‘considerar’ las demandas de los colectivos sociales con los que se ha reunido en agosto.

Quizá no se esté reparando en lo que se le pide a Unidas Podemos: que renuncie a su identidad, a su programa, a su propia existencia política. En la medida que se aleja del gobierno a esta formación política y se le conmina a que otorgue gratis tanto la investidura como la legislatura, en aras del bien superior que constituye la existencia de un ‘gobierno de progreso’ que nos libre de la derecha, se le está exigiendo, sencillamente, que se disuelva, que desaparezca, subsumiéndose en el PSOE.

Algo, pues, está quedando muy claro: nuestro sistema democrático no quiere a la izquierda en el gobierno. Tampoco influyendo programáticamente sobre éste. Lo vimos ya en 1996. En ese tiempo, Felipe González pudo elegir, para completar su mayoría, entre IU o la derecha nacionalista catalana. Eligió a Pujol. Más recientemente, y tras la moción de censura a Rajoy, se articuló una suerte de gobierno ‘a la portuguesa’, con el PSOE ocupando todo el gobierno y el apoyo parlamentario de Unidas Podemos y otros. Resultado: la mayor parte de los grandes acuerdos firmados entre Iglesias y Sánchez se incumplieron por parte de éste. Se salvó el salario mínimo y poco más.

Todo arranca en 1978. El pacto de transición del franquismo a esta democracia restringida se hizo bajo la hegemonía absoluta de las fuerzas más conservadoras, como sostiene el profesor Vicenç Navarro. Uno de los elementos implícitos de ese acuerdo era que las izquierdas tuvieran vetado el acceso al gobierno del Estado(otra cosa son los gobiernos autonómicos) y tampoco pudieran condicionarlo. Fue una imposición de las oligarquías que venían de la dictadura, de los aparatos de Estado infestados de franquismo(cloacas incluidas) y de la monarquía. Tras el 28 de Abril, los poderes del Estado no han mostrado complejo alguno a la hora de exigir un gobierno entre PSOE y Ciudadanos. Y algunos (CEOE)han tenido hasta la desfachatez de marcar el camino para conseguirlo: nuevas elecciones, tras las cuales un PSOE fortalecido y un Cs debilitado(y escaldado de su aventura ultraderechista) sellaran una santa alianza que cuenta con la bendición preventiva de las élites.

Élites que han marcado el guión de las negociaciones(en puridad, no negociaciones) entre PSOE y Unidas Podemos, sustentado en tres ejes: la ‘pachorra’ sanchista(en expresión de Baldoví), la humillación hacia el ‘socio preferente’ y una intensa presión mediática sobre la izquierda real a fin de que acepte el rol de subalternidad respecto del partido socialista al que estaría condenada. Papel que se acepta con tal naturalidad por la opinión publicada, que pocos se ruborizan cuando le piden a UP no sólo que coloque a Sánchez  al frente de un ejecutivo monocolor a cambio de nada, sino que lo sostenga posteriormente sin rechistar desde los escaños parlamentarios. Ni en el gobierno, ni en la oposición: en el limbo político.

El problema real en el medio plazo lo tiene el PSOE: no por mucho tiempo se puede mantener un envoltorio progresista con un contenido conservador. Porque no todo el tiempo se va a estar en una campaña electoral que permita guardar las apariencias. Tarde o temprano tendrá que gobernar. Y entonces llegará la hora de la verdad.

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