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Carlos Sánchez Mato: "En la Operación Chamartín hay una vergonzosa actuación de las administraciones para beneficiar a una empresa privada" Featured

"El ayuntamiento de Carmena hizo posible el pelotazo", afirma Sánchez Mato, uno de los firmantes de la denuncia presentada en Anticorrupción

"Es un insulto a la inteligencia que Ábalos diga que él se limitó a apoyar políticamente a la alcaldesa"

"Cuando se producen esas actuaciones negligentes en operaciones urbanísticas de enorme calado, hay que ser desconfiados, porque el pasado nos ha demostrado que no son errores, sino que son actuaciones a cambio de algo"

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) es uno de los firmantes de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Operación Chamartín contra 28 de sus responsables. Este economista, encargado de este área en Izquierda Unida,  formó parte del gobierno de Manuela Carmena como concejal de Economía y Hacienda hasta que fue cesado tras negarse a aplicar los recortes que exigía al Ayuntamiento el entonces ministro Cristóbal Montoro en cumplimiento de la regla de gasto.

Más tarde llegó a enfrentarse en las urnas a la alcaldesa, aunque su candidatura no consiguió el porcentaje de votos necesarios para entrar en el Ayuntamiento, del 5%. Se muestra muy crítico con la labor del equipo del que formó parte en todo el proceso de aprobación del ahora llamado "Madrid Nuevo Norte", pero todavía más con la gestión del Gobierno socialista. "Cuando existen terrenos públicos y estos son puestos a disposición de empresas privadas con el único interés de maximizar su beneficio, en vez de hacer vivienda pública barata para la gente de la ciudad y del conjunto del Estado, claramente es una actuación negligente", afirma.

 

Han presentado la denuncia tras la aprobación por unanimidad en el Ayuntamiento del proyecto de la Operación Chamartín contra 28 responsables, pero no incluís ni al actual alcalde, bajo cuyo mandato se ha aprobado, ni a Manuela Carmena, que le dio el impulso definitivo. ¿Por qué? 

Los documentos de los que disponemos hacen referencia al motivo de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que no es el planeamiento urbanístico, que hace el Ayuntamiento, sino la formulación de una operación de compraventa de derechos sobre suelo que realiza el Ministerio de Fomento desde hace 25 años a Distrito Castellana Norte. Eso no quiere decir que sean las únicas irregularidades que se producen en esta operación, ni muchísimo menos.

Hay suficientes argumentos para pensar que debería ser una investigación muy profunda por parte del Fiscalía Anticorrupción, y si esa investigación señala como posibles favorecedores del negocio para el sector privado a algunas de las personas que no figuran en la denuncia presentada, nosotros estamos encantados de ampliar la denuncia. Respetamos el trabajo de Fiscalía, que es quien tiene la capacidad de obtener documentos y convenios que nosotros no hemos tenido durante todo este tiempo. Lo único que hemos incluido han sido los convenios que han sido hechos públicos, entre otras cosas por la labor investigadora de eldiario.es. 

¿Esos documentos sí existen en el caso de otros alcaldes como Botella, a quien sí señala el escrito?

El último contrato entre Adif y DCN hace referencia a modificaciones urbanísticas de 2011 y 2015. Allí estaban tanto Ana Botella como Alberto Ruiz Gallardón, por el lado del Ayuntamiento, y Esperanza Aguirre e Ignacio González por el lado de la Comunidad. Firmaron convenios que se adjuntan a la denuncia en los que dan ventajas a esa empresa privada. Entendemos que si esa situación se ha producido con gobiernos municipales o autonómicos posteriores, deben ser también objeto de la correspondiente investigación por parte del fiscal anticorrupción, pero nosotros no disponemos de esos convenios.

¿Se pueden hacer compartimentos estancos en la responsabilidad de las distintas administraciones en las distintas fases de este proyecto?

Desde el punto de vista jurídico, las responsabilidades alcanzan a personas tanto físicas como jurídicas de manera compartimentada. Pero desde el punto de vista político, claramente existe una vergonzosa actuación por parte de las administraciones públicas, cada una en su ámbito, para beneficiar a una empresa privada. En esa actuación claramente lesiva para los intereses generales entran tanto los gobiernos del Partido Socialista como gobiernos del Partido Popular. Y desgraciadamente, en los últimos cuatro años de gobierno de la ciudad de Madrid, Manuela Carmena ha puesto los elementos para hacer posible un negocio privado que en otras circunstancias no hubiera sido posible.

Claramente eso es algo muy negativo y sobre todo en el momento en el que a muchas personas se les llena la boca, a mí también, por supuesto, diciendo que la vivienda es un problema. Cuando existen terrenos públicos y estos son puestos a disposición de empresas privadas con el único interés de maximizar su beneficio, en vez de hacer vivienda pública barata para la gente de la ciudad y del conjunto del Estado, claramente es una actuación negligente.

Y cuando se producen esas actuaciones negligentes en operaciones urbanísticas de enorme calado, hay que ser desconfiados, porque el pasado nos ha demostrado que no son errores, sino que son actuaciones a cambio de algo, de financiación de partidos políticos, de comisiones que han enriquecido a personas.

Ese tipo de situaciones no es que sean locuras que se le pasan por la cabeza a alguien desconfiado, sino que hemos tenido experiencias suficientes. Por eso esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción no se basa solamente en que ha habido malversación de caudales públicos o prevaricación administrativa, sino presunto cohecho, porque hemos tenido en España ejemplos más que de sobra de que esas actuaciones lesivas para el interés general han ido acompañadas de enriquecimiento personal.

¿Tiene alguna evidencia o sospecha de que en este caso puede haber habido enriquecimiento de personas vinculadas a la Administración?

Sospechas, todas. Cuando haya certezas, no tendré ningún problema en decirlo de manera pública.

¿Cuál es el papel del Ayuntamiento de Madrid en esta operación?

El propio contrato al que hace referencia el firmado por Adif en 2018 indica que hay una serie de condiciones que se sitúan como suspensivas en relación a lo que el planeamiento urbanístico diga. Por decirlo de otra manera, el Ayuntamiento de Madrid hace posible el pelotazo.

Por lo tanto, si ha habido actuaciones delictivas hay que mirar también al Ayuntamiento de Madrid como corresponsable en sus diferentes etapas. Si en ese suelo se hubiera actuado de manera adecuada, mirando los intereses generales, si el 100% de la vivienda en suelo público fuera protegida, está claro que el negocio para los operadores no dueños del terreno se hubiera limitado muchísimo. Por lo tanto, ya habría sido mucho menos interesante ese pelotazo. Cuando eso no se hace así está siendo cooperador necesario que se pueda realizar el expolio urbanístico que se va a realizar.

 ¿Estamos hablando del último Ayuntamiento, del que usted formó parte?

Y de los anteriores. Hay dos convenios en el 2011 y el 2015 que rebajan las exigencias urbanísticas a quien luego se le va a vender el terreno. Y esas exigencias urbanísticas pasan de casi unos 2.000 millones de euros a menos de 1.500. Si a quien le vas a vender el terreno público le quitas obligaciones a la hora de las cargas urbanísticas que tiene que ejecutar estás abaratando el terreno e incrementando el posible negocio para ese operador privado. Tanto BBVA como como Constructora San José han presumido en la junta de accionistas en informaciones que han sido publicadas en vuestro diario de que su rentabilidad se ha multiplicado por decisiones administrativas. En este caso que se han tomado por parte de gobiernos también municipales.

¿Entonces, por ejemplo, que el desarrollo urbanístico pactado por el último Ayuntamiento haya elevado al 20% las viviendas protegidas o haya reducido la edificabilidad no le parece suficiente?

Lo que se ha hecho ha sido cambiar la edificabilidad de sitio. Se ha cambiado más edificabilidad en lugares más baratos por menos edificabilidad en lugares más caros (de Fuencarral a Chamartín).  El resultado de esta operación es que Distrito Castellana Norte prevé la misma rentabilidad del Plan Botella, las mismas plusvalías por beneficios que lo que el Partido Popular les había proporcionado.

Es una verdadera evidencia que se ha actuado desde el punto de vista urbanístico para beneficiar a un empresario privado, algo que me parecería absolutamente vergonzoso y seguramente incluso podría ser ilegal si estuviera actuándose sobre terreno privado. Pero hay un problema adicional y es que se está actuando sobre terreno que hoy es público, pero que mañana va a ser privado, lo que supone una doble puñalada a los intereses generales.

¿Qué le parece que Ábalos diga que no tiene nada que ver con este tema, salvo haber apoyado políticamente a Manuela Carmena?

Es un insulto a la inteligencia, porque estamos hablando de un contrato sobre el que yo entiendo que el ministro de Fomento tiene que tener algún tipo de control. Claro que tiene que ver la actuación del actual Ejecutivo, como la del anterior. Lo que han hecho en cada una de las renovaciones ha sido mejorar las condiciones para que la empresa privada, en este caso la filial del BBVA, esté en mejor situación que en la renovación anterior. 

Al señor Ábalos se le advirtió de esta contingencia a finales del 2018 (a través del Parlamento) y sabe perfectamente que el Ministerio de Fomento podría haber extinguido esa relación contractual con Distrito Castellana Norte y haber liderado un consorcio público para actuar sobre ese terreno. La mitad del suelo es de Fomento. Hay otro 25% que es también público pero de otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II o la Empresa Municipal de Transportes. Se podría haber realizado en ese 75% de los terrenos una actuación que hubiera ido en aras de resolver problemas que claramente tiene el norte de Madrid. En primer lugar algo que hace 25 años se estableció como urgente, que era la reforma de la estación de Chamartín. Pero no sólo eso. Siguen existiendo verdaderas islas de habitabilidad en la zona norte de Madrid, barrios que están prácticamente aislados.

El primer problema para los madrileños es la falta de vivienda a precios asequibles, no a 600, 700, 800 o 900.000 euros, como se van a comercializar la zona. Está claro que todo eso era perfectamente posible que lo hubiera realizado el señor Ábalos. Y si no ha querido, tiene que explicar por qué.

¿Y qué le parece que el BBVA parezca pretender deshacerse ahora de su participación, cree que la posible entrada de otros operadores e incluso algún tipo de fondo especulador extranjero puede empeorar el panorama?

Yo no creo que vaya a empeorar el panorama. Lo que ocurre es que ninguna entidad bancaria tiene como objeto principal realizar la totalidad del ciclo que esta operación precisa y seguramente darán entrada a otros fondos que puedan acompañar esta operación durante los próximos años. En cualquier caso, no forma parte más que de ese ciclo especulativo que lo que hace es encarecer el producto final, que en este caso es el suelo ya urbanizado, que servirá para que haya centros comerciales, oficinas o viviendas. Lo que sí que es especialmente vergonzoso es que el suelo público haya sido el combustible de este ciclo especulativo que ahora se inicia en las zonas de Chamartín.

En las condiciones iniciales del contrato suscrito entre Renfe y Duch, la antecesora de DCN, esa posibilidad no existía. En esas modificaciones no puede decir el señor Ábalos que no tiene nada que ver, porque es en último contrato en el que la libertad de trasmisión se lleva al máximo.

¿Qué garantía de control puede suponer que sean las mismas empresas adjudicatarias las que se mantengan hasta el final?

Eso lo tendría que explicar el señor Borrell, que es el que firmó el primer documento. Pero entiendo que se buscaba evitar que sucesivos pases de la pelota de unos operadores a otros estimularan un crecimiento del precio del producto final. También hay otro elemento que tiene que ver con que ese contrato en su origen adjudicaba una enorme cantidad de suelo, en el momento inicial 625.000 metros cuadrados de suelo público. Si tú adjudicas en un proceso de licitación pública esa cantidad de suelo, si luego puede ser transmitido a otro operador, se podrían alterar las obligaciones que el adjudicatario inicial tenía con la administración pública. Entonces que no se pueda vender entra dentro de las seguridades que la administración pública busca atar cuando licita.

¿Y por qué se incluye a Borrel en la denuncia? Supuestamente lo que él firmo inicialmente era un contrato menos lesivo

En este caso incluimos a todos los responsables, tanto políticos como jurídicos que firmaron los diferentes instrumentos y no tenemos la capacidad de entrar a valorar si el que sea menos lesivo quiere decir que no sea lesivo. Otra cosa es que comparado el primer contrato con el último, el primer contrato sea menos lesivo, pero todos ellos son negativos para la administración pública. De hecho, se trata de la primera experiencia, de desarrollo público-privado de ámbitos urbanísticos. Y la experiencia ha sido absolutamente perversa. Ya hemos visto el resultado de la colaboración público-privada. 

¿Cree que en todo caso este proyecto va a llegar a llevarse a cabo por completo? porque lo normal, por comparativas históricas, es que se produzcan un par de cambios de ciclo de la vivienda mientras se supone que dura el proceso, que son 20 años.

Está claro que hay muchos elementos que dificultan que este proyecto se ejecute tal y como se ha pensado en esta última etapa. Nadie tiene la bola de cristal acerca de lo que va a ocurrir con los ciclos inmobiliarios, no solamente en cuestión de vivienda, sino también en el sector terciario. Pero sí tenemos una certeza, que es que el suelo público va a dejar de ser público. Va a dejar de ser manejado con criterios de eficiencia y desde el punto de vista del gasto público y se va a usar para maximizar el lucro privado. Lo que no sabemos exactamente son los plazos en los cuales esto finalmente se va a llevar a cabo y el resultado que va a tener en cuanto al daño patrimonial para la propia administración pública. El tiempo dirá.

 ¿Confía en que Anticorrupción acabe por plantear una denuncia ante un juez?

Es algo tan evidente que se ha producido un grave daño patrimonial para las administraciones públicas, que no entra en mi cabeza que no se investigue y no se esclarezcan los hechos. No es normal que una licitación que se realiza hace 25 años y que Renfe en 2001 decía que había que cancelar porque era negativa para los intereses generales no se haya anulado y que al contrario se hayan incrementado los beneficios para la parte privada. Que eso no merezca investigación me parecería absolutamente insólito, pero es verdad que en este país que podemos esperar cualquier cosa.

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