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¿Tiene futuro la Región? Featured

Pepe Haro

La terraza del edificio donde vivo en La Unión constituye un observatorio privilegiado de la realidad de la comarca del Campo de Cartagena-Mar Menor y, por extensión, del conjunto de la región. Me explico. Si subo a esa azotea y miro hacia el sur, observo una Sierra Minera jalonada de estériles que son la expresión de unos recursos esquilmados en beneficio exclusivo de unos capitales foráneos, que privatizaron las plusvalías obtenidas y socializaron los costes ambientales derivados de una muy rentable actividad extractiva. Hoy, los herederos legales de quienes perpetraron tal desaguisado contra el medio y la salud de la personas, en lugar de asumir sus responsabilidades y buscar el modo de compensar a la comunidad, andan enredados en operaciones especulativas encaminadas a que el negocio inmobiliario reemplace al plomo como maná que brota del entorno de la cuenca visual de la Bahía de Portmán.

Si desvío la mirada y la dirijo hacia el norte, aprecio vastas extensiones agrícolas en las que predomina una actividad intensiva agotadora de recursos como el agua, en manos de negocios agroexportadores cuya titularidad reside, en no pocos casos, en fondos buitre que han encontrado en una agricultura depredadora una fuente de ganancias especulativas, a costa no sólo de medio natural, sino de la esclavización de miles de seres humanos, inmigrantes en su mayoría, que trabajan de sol a sol en condiciones infrahumanas al margen, en buena parte de los casos, de la legislación laboral.

Si me giro hacia el Este, observo el Mar Menor, profundamente deteriorado tanto por los residuos en forma de nitratos que le vienen de los cultivos mencionados, como por los metales pesados que las escorrentías arrastran desde los suelos mineros contaminados. La complicidad de quienes han gobernado esta región durante décadas con unas prácticas económicas y laborales devastadoras, han situado a la región en la cola de los estándares de calidad de vida en los ámbitos español y europeo.

Bordeando la laguna marmenorense, encontramos el largo brazo de La Manga, paradigma tanto de un modelo urbanístico insostenible y desmesurado que ha destruido buena parte de nuestro litoral, como de un modelo laboral, el de la hostelería, instalado en el abuso y la precariedad.

Todavía me da tiempo, antes de abandonar la terraza, de echar un vistazo a la cubierta, que parcialmente veo, del colegio del Estrecho de San Ginés, donde ejercí durante décadas como maestro. Y me viene a la mente el abandono progresivo de la enseñanza pública, la precariedad de sus plantillas, la merma de los recursos humanos y materiales que ha sufrido, en definitiva, a lo largo de los años.

Contrasto los elementos arriba descritos con la noticia del acuerdo de 72 puntos alcanzado entre PP y Cs para la gestión de nuestra Comunidad Autónoma en los próximos cuatro años, en estos momentos pendiente de una investidura exitosa que está por llegar. Y no dejo de apreciar un factor de continuidad entre el estado de las cosas y las medidas contenidas en el documento suscrito entre aquellos partidos: al fin y al cabo, son (sobre todo el Partido Popular) quienes han hecho posible esta región tal y como la conocemos (y sufrimos) ahora.

Efectivamente, el programa de gobierno adolece de dos limitaciones básicas. Primera, se trata de un ejercicio retórico, de un auténtico monumento a la inconcreción, de una suerte de carta a los Reyes Magos en la que se anuncia un futuro de felicidad para los habitantes de esta nuestra región. Cuando un programa reviste estas características, es porque no hay ideas, no hay propuestas: se trata de continuar con los aspectos descritos que definen el cuerpo económico, social y ambiental de esta tierra.

La segunda limitación es que se abunda en la descapitalización de los servicios públicos, tanto a través de un anuncio de bajada generalizada de impuestos (sobre todo a las rentas más altas), como del énfasis que pone en reivindicar los servicios concertados (ninguna mención a la enseñanza pública).

En fin, el cambio en esta región no va a venir desde las instituciones. Tendrá que hacerlo, con la ciudadanía movilizada, desde la calle.

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