Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podría hablarse de un cambio progresista en la Región, tras 24 años de hegemonía asfixiante del PP en el Gobierno regional

Asistí, hace unos días, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UMU a la presentación del libro De la República al franquismo: legalidad, legitimidad y memoria histórica, editado por Editum, y cuyo autor, Antonio López Martínez, ya fallecido, estuvo representado en el acto por su hija Juana, que al igual que el catedrático José López Hernández, catedrático de Filosofía del Derecho y editor de la obra, desgranaron detalles de lo que hubiera sido la tesis doctoral del autor de no haberle sorprendido la muerte. Al acto asistió también el prologuista del libro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien expuso el proceso que condujo a la redacción y promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura (en adelante, Ley de Memoria Histórica) y reconoció que fue una ley tardía.

Al finalizar su alocución, no pude intervenir en el acto, porque no estaba previsto un coloquio con los miembros de la mesa. De haber podido hacerlo le habría recordado que, además de tardía, es una ley manifiestamente insuficiente, por varios motivos: no declara la ilegalidad del régimen franquista; no reconoce tampoco la ilegalidad de los tribunales y procesos judiciales sin garantías que dieron lugar a miles de ejecuciones (el texto habla de ilegitimidad, término que fue utilizado reiteradamente por Zapatero), y mantiene la impunidad sobre los crímenes y sus autores, al no derogar la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Podemos decir que, a casi doce años de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, persiste la anomalía democrática de que el franquismo y sus efectos no han desaparecido del todo de nuestra sociedad. Pero, aterricemos en nuestra Región de Murcia.

Los trabajos de profesores y profesoras universitarios como Carmen González y Pedro María Egea Bruno, de investigadores como Fuensanta Escudero, Floren Dimas, Víctor Peñalver y Antonio Martínez Ovejero, y la actividad también investigadora que desarrollan miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia han acotado la presencia de ese franquismo residual en un tema tan sangrante como la represión ejercida contra quienes, en la Región, defendieron la legalidad republicana.

Sin ánimo de abrumar con muchos datos, está documentada la cifra de 554 personas fusiladas en Murcia sólo en el periodo 1939-1942 tras Consejo de Guerra y sentencia del Tribunal Militar, ejecuciones que tuvieron como marco la propia prisión provincial, el polígono de El Tiro de Espinardo y las tapias del cementerio de esa pedanía. En el total regional, las 879 personas fusiladas 'con juicio' incluyen las que, en Cartagena, fueron ejecutadas en las tapias del cementerio de Santa Lucía o en el campo de fútbol del Arsenal militar.

A esas víctimas hay que sumar las 67 muertes producidas en ese periodo por enfermedad, malos tratos o suicidios. La cifra de republicanos fallecidos en la Prisión Provincial de Murcia y en otros establecimientos habilitados (el convento murciano de Las Agustinas albergaba en marzo de 1940 a cerca de 980 presos republicanos), tanto dentro como fuera de la Región, asciende a 850 personas.

Súmense a estas cifras de víctimas las humillaciones y tratos vejatorios sobre las esposas de republicanos (rapado de cabello para escarnio público, obligación de ingerir aceite de ricino, etc.) y actuaciones como la depuración de funcionarios, las expropiaciones de bienes de familias republicanas y los casos de bebés robados para tener una idea aproximada del alcance de aquella represión.

Es sabido que el Gobierno saliente de Mariano Rajoy hizo alarde público de no haber consignado ni un euro para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Situación que ha sido contrarrestada, en parte, con leyes de memoria histórica y/o democrática por parte de las autonomías. Así, han desarrollado leyes específicas Andalucía, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña, estando en estudio, que sepamos, los textos de País Vasco y Cantabria.

La Región de Murcia debe sumarse a esa lista. Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podría hablarse de un cambio progresista en la Región, tras veinticuatro años de hegemonía asfixiante del PP en el Gobierno regional. El nuevo Ejecutivo no debería dejar en el olvido la redacción y aprobación de una Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Región de Murcia, a la que, a la vista de la situación arriba expuesta en lo tocante a la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, no sería difícil dotarla de contenido. Como actuaciones inmediatas, esa futura ley debería de:

1. Eliminar en los espacios públicos de toda la Región la totalidad de los símbolos de exaltación al régimen franquista (con especial mención al callejero franquista presente en muchos municipios) y sus protagonistas, con un plazo obligatorio de ejecución.

2. Instar al Gobierno de la nación al reconocimiento jurídico de los derechos de las víctimas de la dictadura, con un tratamiento igual al de las víctimas del terrorismo.

3. Crear una comisión parlamentaria, con la presencia de una representación de las asociaciones memorialistas murcianas, para el estudio y seguimiento de todos los temas relacionados con la memoria democrática, en los que pueda tener competencias la Asamblea Regional de Murcia.

4. Identificar los lugares de la Memoria regional más significativos, de los que destacamos: el Antiguo Hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, la prisión provincial, el edificio de los Nueve Pisos (Murcia); Arsenal, Dique de Curra, Batería de la Parajola (Cartagena); Cárcel, plaza de toros (Lorca); Prisión central (Totana); Base y Escuela de Tanques (Archena); La Encomienda y Embalse del Cenajo (Calasparra); Prisión del Partido (Caravaca); Jardín de la Memoria (Santomera), etc.

No hay en los programas educativos regionales referencias concretas a estos temas memorialistas, por lo que creo que la Asamblea Regional, en el ámbito de sus competencias, debería tener en cuenta la necesidad de legislar en ese sentido.