El camino para alcanzar el nivel tributario europeo es claro: mejores salarios, más empleo y más impuestos a las rentas altas y a la banca

Me contaba un amigo, ya jubilado, que en la empresa de calderería en la que trabajó durante décadas cobran actualmente los mismos salarios que hace veintinco años. La desigualdad es el principal problema de este país. Lo dicen organismos tan escasamente comprometidos con el populismo bolivariano como la OCDE o la propia Comisión Europea. Esa inequidad no sólo genera injusticia social, sino ineficiencia económica. Efectivamente, a pesar de que nuestra economía lleva seis años creciendo muy por encima del resto de la UE, el paro dobla el comunitario. Las razones son simples: los anormalmente bajos salarios implican un consumo estrecho, una demanda insuficiente que no anima a las empresas a contratar. Por otro lado, el omnímodo poder empresarial que han establecido las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP), reduciendo al mínimo la capacidad de negociación de trabajadores y trabajadoras, impone a éstas la realización de un número arbitrario de horas extras, en gran parte no remuneradas, que en realidad sustituyen puestos de trabajo.

Urge, por tanto, derogar ambas reformas laborales, tal como exigen los sindicatos, y además incrementar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, lo cual supone unos 1200 euros brutos anuales. Ello provocará un incremento del poder negociador de la clase trabajadora, de sus salarios y del nivel de empleo, al menos hasta situarnos en la media de la eurozona. En relación a las pensiones, otro factor que abunda en la desigualdad debido a su muy escasa cuantía en gran parte de los casos, es de justicia que se incrementen por ley según el IPC y que la pensión mínima contributiva se acerque al salario mínimo a lo largo de una legislatura completa.

Aseguraba hace unos días el periodista y economista Joaquín Estefanía que en el caso español la madre de todas las reformas es la fiscal. No se insiste lo suficiente, desde la clase política y mediática, respecto de la tremenda anomalía que representa nuestro sistema fiscal en el contexto europeo: mientras que en la eurozona los ingresos tributarios suponen más del 46% del PIB, aquí sólo alcanza el 38,8%. En resumen: a nuestras arcas públicas les faltan, al menos, 85.000 millones de euros. Lamentablemente, hace unos días, el gobierno Sánchez presentó un informe a Bruselas según el cual pretende recaudar dentro de cuatro años el 40,7% del PIB y, en la misma medida y a efectos del equilibrio presupuestario, ese porcentaje otorga al gasto público y social. En la eurozona, este gasto alcanza actualmente el 47%. Es decir, Pedro Sánchez y el PSOE están condenando a España a tener un gasto público inferior al de Europa en unos 70.000 millones. Se niegan a recaudar lo que debieran para sostener y mejorar el Estado del Bienestar (salud, educación, pensiones, dependencia), así como abordar la transición energética y ecológica de nuestra economía.

El camino para alcanzar el nivel tributario europeo es claro: mejores salarios, más empleo y más impuestos a las rentas altas y a la banca. En mi opinión, algo tan simple y tan escasamente revolucionario como converger con la eurozona, es decir, con aquellos países con un nivel de desarrollo similar al español. Las medidas aquí propuestas para la consecución de esta convergencia debieran constituir el programa común de la izquierda triunfante el pasado 28 de abril, de modo que en 4 años se consiguiera el nivel salarial, de pensiones y de Estado del Bienestar que corresponde a la cuarta economía de la UE.

Sinceramente, no creo que el debate sea el de gobierno de izquierdas de coalición o en solitario del PSOE con geometría variable de alianzas. Esta última no es viable porque los hipotéticos acuerdos de Sánchez con la derecha serían incompatibles con los que precisa con la izquierda para sacar adelante las medidas de progreso citadas. La solución pasa por un acuerdo parlamentario de toda la izquierda (185 diputados) que establezca un programa con plazos y contenidos muy concretos, en lo social y territorial, que brinde un porvenir a los pueblos de España.