"Luis María Díez-Picazo, el magistrado que ordenó revisar la sentencia, estuvo contratado durante seis cursos (hasta 2017) por UNEF. El nexo entre ese Instituto y la Asociación Española de la Banca (AEB) es de dependencia directa"

Ha levantado ampollas, como no podía ser de otra manera, la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) de modificar la sentencia anterior de este alto tribunal sobre el pago del impuesto que grava el registro de las hipotecas. Y en la medida en que el asunto afecta a millones de personas consumidoras que han visto burladas sus expectativas, cuando este artículo vea la luz se habrán producido manifestaciones de protesta en todo el país.

El resbalón del TS sumado a torpes y discutibles resoluciones judiciales que han convertido a las altas instancias de nuestra judicatura en el hazmerreír de Europa han hecho que el descrédito de la Justicia española vaya en aumento y que se internacionalice un debate que, en el ámbito doméstico, lleva tiempo produciéndose. En el fondo, algunos analistas consideran que la fractura del sistema judicial español no es sino uno de los síntomas del agotamiento del régimen político heredado de la Constitución de 1978 que hace aguas por todas partes.

El cuestionamiento por la Justicia europea de la legalidad de la orden de extradición y las graves acusaciones de rebelión dictadas por el juez Llarena sobre los políticos catalanes del procés no fue sino el principio. En días pasados, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmentido el relato que se acuñó hace unos años para acusar a Arnaldo Otegi del intento de recomposición de ETA. Este tribunal, desautorizando a la Audiencia Nacional (recuerden, la heredera del Tribunal de Orden Público franquista), acaba de afirmar que el actual dirigente de EH Bildu no tuvo un juicio justo y que el tribunal que lo juzgó no era imparcial.

Y próximamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habrá de pronunciarse sobre la condena al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc. Recordemos que fue condenado, también por la Audiencia Nacional, a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, en una sentencia que fue confirmada posteriormente por la Sala Segunda del TS. El Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE después de que un tribunal belga de primera instancia albergara serias dudas sobre la legalidad de la orden de detención y entrega cursada por España.

Y en esas estábamos cuando estalló el tema de las hipotecas. Una consideración previa, no por conocida menos reseñable: los quince magistrados de la Sala de lo Contencioso del TS que, con su voto, decidieron que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debería correr a cargo de quien se hipoteca eran ´la voz de su amo´. El presidente, Luis María Díez-Picazo, el magistrado que ordenó revisar la sentencia, estuvo contratado durante seis cursos (hasta 2017) por el Instituto Universitario de Estudios Financieros (UNEF), adscrito a la Universidad Complutense. El nexo entre este Instituto y la Asociación Española de la Banca (AEB) es de dependencia directa. Díez-Picazo, que simultaneó durante dos años su dedicación docente con las tareas de la presidencia de la Sala, fue aupado a este cargo gracias a los once votos de vocales del poder judicial afines al PP. Su elección cerró el paso, en fecha 22 de julio de 2015, al magistrado progresista José Manuel Sieiro, que optaba a un segundo mandato y que vio truncada su pretensión ante el candidato apoyado por Carlos Lesmes, actual presidente del TS y que, recordemos, fue profesor asiduo de los cursos organizados por la FAES, bajo la batuta de José María Aznar.

Primera consideración, pues: hay un vínculo muy estrecho de las altas instancias de la magistratura no sólo con la banca, como se ha evidenciado estos días, sino con los Gobiernos de turno. En el momento de redactar estas líneas, se anuncia que PP y PSOE ultiman un acuerdo para repartirse los puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un signo equívoco de que, en plena crisis, sigue brillando por su ausencia la independencia de esta instancia judicial superior. En el fondo, estamos asistiendo, desde los primeros tiempos de la Transición, a un ´secuestro de la Justicia´. La afirmación no es mía. En un libro de igual título, cuya autoría corresponde al magistrado Joaquim Bosch y al periodista Ignacio Escolar (y que fue presentado hace unos días en Murcia) se denuncia precisamente esa elección por los partidos políticos, mediante un sistema de cuotas, de los magistrados del Tribunal Constitucional y también del CGPJ, cuyos veinte miembros no tienen siquiera la facultad de elegir al presidente, que lo es, a su vez, del Tribunal Supremo. Y asociaciones judiciales nada sospechosas de izquierdismo como Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente afirman ante esta situación que el sistema de elección de los presidentes de Sala del TS ´está viciado de base´.

El Gobierno parece haber reaccionado. Empero, el Real Decreto Ley que aprobó el pasado jueves el Consejo de Ministros, una modificación del artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales, aunque establece la obligatoriedad del pago de ese impuesto a las entidades financieras, se queda ahí: no hay retroactividad (se calcula que la banca debería devolver entre 5.000 o 15.000 millones de euros); no se obliga a las entidades financieras a responder de los costes del rescate, y, lo que es más preocupante, no establece mecanismos para evitar que los bancos repercutan sobre el cliente los costes de esa figura impositiva.

El presidente de la AEB, José María Roldán, lo dejó muy claro hace unos días cuando dijo que si hay aumento de los costes habrá una reconsideración de la política comercial. Es decir, al final con jurisprudencia o con ley pagaremos los de siempre. Hay que movilizarse.